Gazeta de Antropología, 2011, 27 (1), artículo 20 · http://hdl.handle.net/10481/17732 Versión HTML  ·  Versión PDF
Recibido 28 enero 2011    |    Aceptado 15 junio 2011    |    Publicado 2011-07
Imágenes de la prensa, el empresariado y los parlamentarios sobre el conflicto mapuche
Images of the press, business and parliamentarians on the Mapuche conflict



RESUMEN
Desde la conquista han existido estereotipos y prejuicios sobre los mapuche. El retorno a la democracia en Chile propició un contexto favorable a la emergencia del movimiento social mapuche sobre las reivindicaciones históricas, generando múltiples respuestas por parte de sectores políticos, sociales y económicos en las regiones del Bio Bio y La Araucania, que han concentrado las movilizaciones indígenas. Estas movilizaciones han sido contrarrestadas por el Estado chileno con militarización de territorios indígenas y judicialización como mecanismo de resolución. Lo que hasta los años setenta fue la cuestión mapuche pasó a ser llamado conflicto mapuche, dando lugar a la emergencia de nuevos estereotipos: los mapuche son violentos y terroristas, al tiempo que reaparecieron otros característicos de los siglos XIX y XX.

ABSTRACT
Ever since the conquest, stereotypes and prejudices have existed with regard to the Mapuche. The return to democracy in Chile led to an environment conducive to the emergence of the Mapuche social movement on historical claims, generating multiple responses from the political, social and economic in regions of Bio Bio and La Araucania, demonstrations have concentrated Indians. These demonstrations have been met by the Chilean State militarization of indigenous territories and prosecution as a mechanism for resolution. What until the seventies was the Mapuche question came to be called the Mapuche conflict, leading to the emergence of new stereotypes: the Mapuche as violent people and terrorists, while another characteristic of the 19th and 20th centuries reappeared.

PALABRAS CLAVE
conflicto mapuche | discriminación racial | prejuicios étnicos
KEYWORDS
Mapuche conflict | racial discrimination | ethnic prejudices


Cuando la democracia transforma la movilización social en conflicto

La cuestión mapuche como tema de análisis y discusión en las ciencias sociales, particularmente en antropología, tiene larga data. Más recientemente sus antecedentes se remontan al período de la expansión territorial del naciente Estado nacional chileno a mediados del siglo XIX, la que se materializó mediante la ocupación militar, la instalación de colonos nacionales y europeos al interior de La Frontera y la promulgación de un conjunto de leyes que buscaron, por la vía legislativa y judicial, legalizar la usurpación.

Si en los años sesenta la cuestión mapuche giró en torno a procesos de reforma (agraria) y revolución (política), en los setenta fue parte de los procesos de represión política y resistencia a la dictadura militar, situándose desde poco antes de los noventa “en el contexto de un proceso de transición negociada a la democracia que incluye la aceptación del neoliberalismo” (Saavedra 2002: 112) y la continuidad de las estructuras básicas del gobierno de facto saliente bajo otros ropajes políticos, las vestimentas democráticas (Moulián 1997).

La transformación del problema mapuche en conflicto, desde el discurso oficial, estatal y empresarial, se remonta a los primeros años de la década de 1990 con las movilizaciones que giraron en torno al Quinto Centenario. Según la derecha política chilena, “sistemáticamente se ha impuesto la tesis que plantea una deuda social e histórica con los pueblos originarios debido a las sistemáticas violaciones de los derechos que el Estado habría cometido en contra de los pueblos indígenas y en particular con el Mapuche” (Guzmán 2000: 2). Von Baer (2003), por su parte, en un análisis simplista y que devela el prejuicio racista presente en un sector de la sociedad chilena sostiene que la problemática indígena emerge en los noventa en forma virulenta y que sus causas estarían en la pobreza de las comunidades, las repetidas experiencias de discriminación, el conflicto con las forestales y la influencia del movimiento indigenista internacional. Benavente y Jaraquemada van más allá sosteniendo que la movilización social mapuche busca “instrumentalizar las carencias, problemas y demandas (…) en función de crear escenarios de confrontación y de violencia que (…) atentan contra el sistema político y económico” (Benavente y Jaraquemada 2003: 149).

Con la transición política iniciada en 1990, “la democracia, en teoría, abría la posibilidad de hacer patente las necesidades y demandas indígenas ante las autoridades chilenas ahora electas y que éstas no les reprimirían o utilizarían la violencia en su contra” (Tokichen 2007: 121), facilitando el nuevo escenario político nacional la emergencia de las demandas históricas del pueblo mapuche. Es la década de la aparición de Aukiñ Wallmapu Ngulam (1), organización que junto con iniciar el proceso de recuperación de tierras ancestrales declara que “la ley propagandizada como Ley Indígena no es tal no sólo por haber sido elaborada por funcionarios estatales sino y también porque no responde a las verdaderas necesidades y reclamos de justicia del Pueblo Mapuche, ni de los demás pueblos originarios del país” (Consejo de Todas las Tierras 1997: 56). Esta organización, con la movilización social y política encabezada por su líder Aucan Huilcaman, inició acciones simbólicas de recuperaciones de tierras, planteando además el derecho a la autodeterminación, a la tierra y al territorio, el reconocimiento constitucional y la creación de un parlamento mapuche (Toledo 2007; Tricot 2009), logrando en la primera mitad de los noventa instalar en la opinión y agenda públicas lo que el gobierno y los medios han denominado conflicto mapuche.

Un informe de Human Rights Watch consigna que “desde 1992, las comunidades y los grupos políticos mapuche han intentado atraer la atención nacional e internacional a su causa y presionar para que les devuelvan las tierras que (…) les han arrebatado ilegalmente las empresas forestales y los dueños de fundos de la zona” (Brett 2004: 17), para lo cual recurrieron a diversas formas de protesta vertebradas desde la territorialidad mapuche.

A mediados de la década, en la provincia de Arauco se dio inicio a una serie de declaraciones de conflicto por parte de comunidades mapuche en contra de empresas forestales y propietarios particulares; decidiendo los dirigentes de estas comunidades conformar en 1996 la Coordinadora Territorial Lafkenche “como una forma de apoyar lo que estaba sucediendo” (Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco 2001).

Al año siguiente la Asociación Ñankucheu de la comuna de Lumaco, invitó a diversas autoridades de los gobiernos municipal y regional a reuniones de trabajo sobre los problemas que histórica y actualmente han afectado a las comunidades mapuche; ante la ausencia de los representantes gubernamentales, interpretada por los comuneros como expresión de la falta de voluntad de diálogo, el 13 de octubre de 1997 las comunidades de Pichilonkoyan y Pililmapu iniciaron un proceso de recuperación de tierras ancestrales, procediendo el 1 de diciembre a la quema de tres camiones de la empresa forestal Bosques Arauco. Este acto fue la expresión de “una definición política (…)donde en una fecha determinada se acordó pasar a la ofensiva y no hacer más reclamaciones de tipo asistencialista” (Reiman en Tricot 2009: 86).

En 1998 la Coordinadora Territorial Lafkenche convocó a una serie de reuniones a diversas organizaciones mapuche, fruto de las cuales se conformó la “Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (asumiendo) el compromiso de que se iban a apoyar a todas las comunidades en conflicto, además de ser incorporada a la CAM, si la comunidad y su lonko lo querían” (Klein 2008: 4).

El gobierno chileno, en respuesta a la movilización mapuche, promovió la creación de organizaciones indígenas paralelas, instalándose así en 1998 la Unión de Comunidades Autónomas de Lumako y en 1999 desarrolló los llamados Diálogos Comunales, de los cuales estuvieron al margen las comunidades en conflicto. Con estos diálogos “desde la perspectiva del poder, el Estado, respondió a la situación originada en Lumako, asumiendo la visibilización de la problemática mapuche, aunque no así todo su repertorio de demandas” (Tricot 2009: 90).

Por su parte, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) ha sostenido que para el gobierno chileno “la protesta indígena es un asunto de seguridad y un obstáculo a las inversiones, ante lo cual despliega una política de disciplina social, con despliegue policial en zonas de conflicto, neutralización de movilizaciones y criminalización” (Wessendorf 2008: 234).

Los sucesos de Lumaco sólo fueron el inicio de una seguidilla de acciones de recuperación de tierras ancestrales en las regiones del Bio Bio, La Araucanía y Los Ríos en respuesta a la nula voluntad de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei en avanzar hacia una política de estado que ponga término a la histórica usurpación de las tierras ancestrales.

La movilización social estuvo acompañada por nuevas formas de acción sociopolítica de las organizaciones mapuche: control territorial, autodefensa, enfrentamiento con empresas forestales, entrada en escena de una nueva generación de dirigentes indígenas; trasladando así las anteriores demandas económicas y culturales hacia la demanda política que comenzó a ser articulada, además, con las de identidad y cultura.

A poco andar, tras el silenciamiento de las voces mapuche en la prensa local y nacional y la estigmatización de que son objeto dirigentes, organizaciones y comunidades a causa del tratamiento mediático que se les da, comienza a gestarse una nueva forma de acción sociopolítica: la prensa digital mapuche. Como consecuencia del tratamiento que la prensa chilena da al pueblo mapuche, asociándolo a violencia, terrorismo y peligrosidad, como expresiones de dominación económica transformada en desprotección e indefensión ante los derechos de libertad de expresión, de información y de réplica, un grupo de técnicos y profesionales mapuche, con el apoyo de la Fundación Mapuche Folil (2), en abril de 2000 fundan en colectivo editorial denominado Mapuexpress, un diario electrónico autónomo y autogestionado destinado a la promoción de los derechos colectivos y situación actual del pueblo mapuche. Paralelamente, un grupo de comunicadores mapuche crea el denominado Colectivo Liuntur de Contrainformación, cuya finalidad era denunciar ante la opinión pública los atropellos y abusos de que estaban siendo víctimas las comunidades, organizaciones y representantes del pueblo mapuche; en octubre de 2003 el Colectivo da paso al nacimiento del Periódico Azkintuwe, periódico impreso bimensual que, con una red de corresponsales en Chile, Argentina y México, manteniendo su denominación de origen se transforma en Azkintuwe – Agencia Mapuche de Noticias con la finalidad de promover los derechos de la Nación Mapuche.

Producto del conjunto de movilizaciones, finaliza la década de 1990 con organizaciones mapuche que han instalado un discurso vertebrado por las demandas de autonomía y autodeterminación.

La respuesta estatal no tardó en llegar, la militarización de la zona declarada en conflicto y la judicialización de la protesta social mapuche han caracterizado la movilización indígena a partir del gobierno de Ricardo Lagos (año 2000 en adelante). La intensidad de la represión, lejos de solucionar los conflictos de la zona, los agudizaron y tuvieron como resultado el fortalecimiento de la unidad entre las distintas comunidades, cohesionándose frente a lo que definen una agresión de parte de las fuerzas policiales del Estado chileno, generando una tensión permanente con el Estado y desconfianza de las comunidades indígenas para con los agentes del sistema y con la administración de justicia.

Este contexto ha creado condiciones objetivas y subjetivas, para que representaciones mapuches llamen a mantener las movilizaciones y continuar con la lucha y resistencia que protagonizan, a la vez que el movimiento indígena con sus planteamientos reivindicativos concita solidaridad en algunos sectores políticos y sociales, tanto a nivel nacional como internacional. El conflicto en la zona de La Araucanía puede entenderse como una disputa territorial con significación que trasciende ese ámbito. La tierra, entonces, remite al aspecto tangible del conflicto, pero el problema de fondo es de tipo político, social y cultural.

Con todo, la forma de abordar la situación mapuche es compleja y se ve dificultada por el desconocimiento, los prejuicios y la discriminación que han caracterizado la relación del Estado nacional chileno y la sociedad chilena con el pueblo mapuche desde los albores de la nación (3).

Los prejuicios alcanzan a amplios sectores de la sociedad y en su transmisión no se puede soslayar el papel que ha desempeñado la prensa que, al comunicar, ha sobredimensionado las acciones reivindicativas y de protesta social mapuche, creando opinión pública que a priori condena a los indígenas implicados en las movilizaciones.

 

Sobre la prensa escrita nacional y local

El denominado conflicto mapuche, desde los sucesos de Lumaco ha sido noticia en la prensa nacional y local, dando pie a una seguidilla de notas, comentarios y reportajes en radio, televisión y prensa escrita. En este artículo la atención se ha centrado en la última, específicamente en dos periódicos que circularon durante los inicios de la instalación mediática del conflicto: los diarios La Época y El Metropolitano; los principales representantes de los mayores consorcios periodísticos chilenos: los diarios La Tercera y El Mercurio; y los periódicos de circulación regional en la denominada zona de conflicto indígena (provincia de Arauco en la Región del Bio Bio y provincia de Malleco en la Región de La Araucanía): los diarios El Sur (de Concepción) y El Diario Austral (de Temuco). A continuación, una breve reseña de cada uno.

Diario La Época. Diario chileno editado en Santiago, de distribución nacional que circuló entre los años 1987 y 1998; fundado por profesionales vinculados a la democracia cristiana, desde sus inicios mantuvo una línea editorial opositora al gobierno militar de Augusto Pinochet y tras el retorno a la democracia (marzo de 1990) se mostró cercano a la coalición de gobierno encabezada por el demócrata cristiano Patricio Aylwin, la Concertación de Partidos por la Democracia. En 1996 se transformó en el primer diario chileno online. Su última edición circuló en julio de 1998. En 2002 los archivos del diario fueron donados a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.

Diario El Metropolitano. Diario que circuló desde mayo de 1999 hasta junio de 2002; definido como un proyecto periodístico de opinión independiente y pluralista, con un formato que permitía una lectura rápida, llena de píldoras informativas y noticias comprimidas y una línea editorial alternativa a la de los dos consorcios periodísticos que dominan el mercado (Copesa y El Mercurio Sociedad Anónima Periodística) contó con un importante staff de intelectuales chilenos como Rafael Gumucio y Alfredo Jocelyn-Holt. La última edición salió a circulación el 12 de junio de 2002.

Diario La Tercera. Fundado en julio de 1950, con una línea editorial inicial ligada al Partido Radical, en 1965 de desvinculó del partido declarándose independiente; fue ferviente opositor al gobierno de la Unidad Popular, apoyó el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 y junto a El Mercurio pasó a ser uno de los diarios partidarios del gobierno militar de Augusto Pinochet. Actualmente pertenece al Consorcio Periodístico de Chile S. A. (Copesa) y desde 1999 se ha especializado en política, economía y negocios. Desde 2008 mantiene una alianza estratégica con CNN Chile y desde noviembre de 2010 con el diario El País (España). Su distribución es nacional y la circulación diaria y su versión impresa es actualmente la de mayor tiraje nacional.

Diario El Mercurio. Fundado en junio de 1900 por Agustín Edwards, asociado a GDA (Grupo de Diarios de América), pertenece a la empresa El Mercurio Sociedad Anónima Periodística; desde sus orígenes se ha caracterizado por una línea editorial conservadora, manteniendo una férrea oposición al gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) y un fuerte apoyo al gobierno militar de Augusto Pinochet; sólo tras la publicación del Informe Rettig (4)pasó de hablar de “presuntos detenidos desaparecidos” a “víctimas de violaciones de derechos humanos”. Tiene distribución nacional y circulación diaria.

Diario El Sur. Fundado en 1882 en la ciudad de Concepción, actualmente pertenece a El Mercurio S.A.P. Mantiene la línea conservadora del consorcio. Circula diariamente en la Región del Bio Bio con un tiraje de 10.300 ejemplares de lunes a viernes, subiendo a 29.000 el día domingo.

El Diario Austral. Fundado en 1916 en la ciudad de Temuco, actualmente pertenece a la Sociedad Periodística Araucanía SA, asociada a la red de diarios regionales de El Mercurio S. A. P. Mantiene la línea conservadora del consorcio. Circula diariamente en la Región de La Araucania con un tiraje de 10.300 ejemplares de lunes a viernes, subiendo a 19.200 el día domingo. Actualmente circula bajo el nombre de El Austral. El Diario de La Araucania.

 

El conflicto mapuche en la prensa

A partir de los hechos de Lumaco, la prensa chilena comenzó a informar profusamente sobre el conflicto. Sin embargo, “la imagen que ofrece (…) de los mapuche, los muestra como los protagonistas exclusivos del conflicto (…) se les ve como organización(es), no como pueblo o cultura; y se les discrimina como fuente de información” (Centro de Derechos Humanos 2003: 298).

Un análisis realizado de las apariciones en prensa sobre el conflicto mapuche, correspondiente al período noviembre-diciembre de 2002 revela que en los discursos judicial, político y policial en La Araucanía los mapuche son representados negativamente, catalogándoseles de terroristas y activistas políticos y aparecen en los medios cuando se trata de conflictos, siendo las fuentes policiales y autoridades políticas desde donde se construye esta imagen. Se trataría de la paradoja de la intolerancia, por lo que no resulta ajeno que se legitime toda acción de control y represión orientada a impedir la actuación indígena; “por ejemplo, se critica la violencia de las comunidades indígenas y no se escatiman esfuerzos por apoyar respuestas de violencia tanto física como simbólica desde las autoridades y el Estado” (Del Valle 2005: 95).

En la prensa escrita se estigmatiza a los indígenas como sujetos sociales marginales e inadaptados:

“No solo es posible, sino probable, que en algún momento, como producto de circunstancias coyunturales, revivan las brasas que duermen bajo la ceniza y otra vez resuenen los cuernos de guerra” (Diario La Época, 15 de diciembre de 1997).

“En algunas comunidades mapuches de la Novena Región se cuece un odio silencioso alimentado por años y años de marginalidad, desprecio y pobreza. Lo de los camiones quemados fue sólo una demostración de fuerza” (Diario La Tercera, 21 de diciembre de 1997).

“La violencia nuevamente se apoderó del diálogo entre el gobierno y los mapuches (…) los incidentes de ayer parecen potenciar la actitud rupturista de la Coordinadora Arauco Malleco, que promueve la movilización como forma de solucionar las demandas” (Diario El Metropolitano, 6 de julio de 1999).

“La etnia mapuche está viviendo unas condiciones que hacen que algunos hayan optado por un camino totalmente equivocado, que es el camino de la violencia y del terrorismo” (Diario El Sur, 18 de marzo de 2000).

Un estudio sobre la forma en que son representados los mapuche en el diario El Mercurioconstató que algunos de los conceptos con los cuales se les asocia son: violentistas, agresores, asonada mapuche, exaltados indígenas, espiral de furia indígena, turba indígena a rostro cubierto, maldición indígena, eterna e incurable, fiereza india, pueblo enigmático con fama de fiero y testarudo, indígenas alzados, el grito de la tierra, asaltantes, mapuches prófugos, terroristas, un incendio social; concluyendo que:

“La prensa (…) continúa siendo un instrumento de influencia en el tema indígena; desde comienzos de la República para presionar la invasión al territorio mapuche y la asimilación de su población, y actualmente, para insistir que éstos no merecen un trato preferente sino por el contrario. Un discurso que se mantiene inalterable desde 1861, cuando El Mercurio de Valparaíso y El Ferrocarril de Santiago estaban en plena campaña destinada a desprestigiar a los mapuche y crear una sensación de inestabilidad en el país” (Amolef 2004: 22).

A su vez, en el marco de la discusión del proyecto de ley que, en 2005, buscaba conceder la libertad condicional a condenados por conductas terroristas y otros delitos, en causas relacionadas con reivindicaciones de derechos consagrados en la ley indígena, el diputado demócrata cristiano Mario Venegas sostuvo que en gran medida que se haya recalificado de delito de incendio común a delito terrorista, fue debido a “la sensación ambiente, que era acrecentada y exacerbada por los medios de prensa. Al respecto, recordó algunos titulares de El Diario Austral sobre el asunto: “La Región en Llamas”; “Ingobernabilidad Absoluta”" (Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado 2006: 13).

En síntesis, “en la prensa chilena el manejo de la información concerniente a los Mapuches es muy particular: se habla de los indígenas únicamente en caso de conflictos y de manifestaciones violentas. La lucha Mapuche aparece en la prensa como una lucha por la autonomía, comparándola a la de los vascos de ETA o a la del sub-comandante Marcos en Chiapas” (Federación Internacional de los Derechos Humanos 2003: 14). Una misión realizada por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) a La Araucanía consigna que la perspectiva que se estaba integrando en la opinión pública sobre las causas de las acciones emprendidas por grupos mapuche se encontraba directamente asociada a la pobreza, la exclusión y la expropiación territorial, que son los fundamentos que la derecha política chilena a través de uno de sus centros de estudios (Libertad y Desarrollo) ha esgrimido desde finales de los años noventa.

 

La mirada del empresariado y parlamentarios

Poco después de los sucesos de Lumako, el Gerente Regional de Forestal Mininco, en la prensa regional sostuvo que “el ambiente de militarización no lo han creado ni la forestal ni Carabineros, sino quienes han atacado con piedras, palos y boleadoras a nuestro personal” (El Diario Austral, 9 de marzo de 1999), al tiempo que desde el sector político, el entonces senador del Partido Renovación Nacional y ex personero del gobierno militar del Gral. Pinochet, Sergio Diez, ante la demanda de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sostiene que le parecía “inconveniente y discriminatorio, porque se vulnera la unidad nacional. La verdadera justicia es la equidad, o sea, que todos seamos considerados el pueblo chileno” (El Diario Austral, 19 de agosto de 1999).

En la misma línea planteada por el senador Diez, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) declaró que:

“los agricultores siempre han tenido una buena relación con los mapuches, Además, no entiendo esa distinción que se hace respecto del pueblo mapuche. Ellos son chilenos de origen mapuche, tal como existen chilenos de origen alemán, español o italiano. ¡Son todos chilenos, mi amigo, y por eso se tienen que atener a las leyes chilenas! Ahora, si no les gusta, entonces váyanse. Ese es mi consejo. ¡Váyanse!” (El Mercurio,11 de marzo de 2001).

Meses más tarde, en la sesión parlamentaria destinada a discutir sobre la adopción de medidas relacionadas con el denominado conflicto mapuche, un legislador de Renovación Nacional reitera:

“El Gobierno, atendiendo los aspectos sociales de la demanda pública de los pueblos originarios, se esmera en entregar beneficios de todo tipo a la comunidad indígena. ¡Exitosa transformación de una violencia terrorista en un conflicto racial! Repito: ¡Exitosa transformación de una violencia terrorista en un conflicto racial! Deben resguardarse y promoverse los derechos fundamentales de las personas, cualquiera sea su color y su etnia. Debe asegurarse el respeto al Estado de derecho. Chile es uno solo. Construyámoslo juntos, sin divisiones y en paz.” “Si queremos integración social y no violencia, si deseamos unidad nacional y no revueltas separatistas, hay que trabajar fuerte y de una vez por todas en tal sentido. La integración de Chile al mundo no puede hacerse pagando el precio de la desintegración nacional” (Federación Internacional de los Derechos Humanos 2003:15).

En abril de 2002 la misión de investigación realizada por la FIDH concluyó que:

“las acciones de los Mapuches son consideradas como perjudiciales al desarrollo económico del país, e incluso son calificadas en tanto que “acciones terroristas” (y) coinciden con el nivel de percepción internacional que existe en relación con los pueblos indígenas, así como con la misma opinión de las autoridades estatales, regionales y provinciales consultadas. Según la percepción mayoritaria, el conflicto tendría dos actores que serían de un lado los comuneros “violentistas” y de otra las empresas madereras, por lo que el Estado no tendría un papel protagónico” (Federación Internacional de los Derechos Humanos 2003: 14).

Respecto del segundo actor, ha existido una amplia difusión de la visión que las forestales tienen del conflicto:

“El conflicto mapuche ha despertado un alto grado de incertidumbre en el sector forestal de la IX Región. Las empresas forestales, desde hace algún tiempo a esta parte, han sido sujetas a múltiples actos de carácter vandálico que han afectado tanto a sus recursos físicos, bosques y maquinaria, como a personas relacionadas con ellas. El conflicto mapuche está creando un clima de desconfianza que está incidiendo en una baja notable de la inversión en las regiones VIII y IX. Empresas asociadas a nuestra Corporación han reorientado sus inversiones hacia sectores menos conflictivos, inclusive en algunos casos, han congelado toda compra de predios o plantaciones. Es uno de los factores que explican en parte la baja que tendrá la tasa de plantaciones a nivel país que este año sólo será de unas 50 mil hectáreas, cuando su promedio histórico anual en la década pasada superaba las 80 mil hectáreas” (Corporación Chilena de la Madera 2003: 14).

La Corporación Chilena de la Madera en su Memoria Anual 2002 evidencia su interés económico en la situación al manifestarse preocupada por la solicitud del gobierno chileno ante la UNESCO para que el nguillatún sea declarado patrimonio oral de la humanidad: “lo que podría derivar en situaciones de conflicto debido a que cada comunidad tiene un lugar diferente para realizar sus ceremonias y la gran mayoría se encuentra al interior de los predios de propiedad de las empresas forestales” (Corporación Chilena de la Madera 2003: 46).

Años más tarde y según consigna el Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2006, ante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado para otorgar beneficios carcelarios a mapuche condenados por incendios terroristas, el senador del Partido Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín sostuvo que “somos enfáticos en señalar, que de todas las soluciones posibles al problema de los actuales comuneros condenados, la propuesta de modificación de la ley antiterrorista, es la peor de todas, pues es precisamente “el incendio” la forma en que se concretan más del 90% de los atentados en la Araucanía” (Centro de Derechos Humanos 2007: 398).

 

Conclusiones

Las imágenes que han construido el empresariado del sector forestal y los parlamentarios de la derecha chilena y que la prensa escrita recogiera luego del estallido social mapuche a partir de los sucesos de Lumaco, desde lo teórico estarían representando la ruptura del paradigma de la imagen colonial y folklórica del sujeto indígena, sumiso y respetuoso de la autoridad oficial del Estado chileno. “La sociedad regional heredera de los colonos llegados el siglo veinte, se asusta, y el Estado se enfrenta policialmente a los nuevos hechos. Los indígenas, algunos, se radicalizan y del hablar fuerte se pasa a acciones fuertes” (Bengoa 2007). Las representaciones del indio violento, conflictivo, confrontacional y terrorista serían la expresión de una emergencia indígena radicalizada.

Los discursos empresarial y parlamentario son dibujados por la prensa que expone muy claramente la concepción monista y unitaria del estado nacional chileno, negando la existencia de identidades étnicas territoriales y cerrándose a la posibilidad del reconocimiento constitucional de pueblos indígenas dentro del territorio nacional; “el discurso informativo ha expandido una representación en la que se excluye la dimensión étnica del mismo bajo la consideración de que en Chile la “fusión racial” habría logrado una asimilación de la población indígena a la chilenidad”(Muñoz 2010:44); “todos somos chilenos: chilenos de origen español, alemán o mapuche”.

Qué duda cabe que las imágenes sobre el conflicto mapuche provienen de los medios de masas toda vez que la comunicación, de mera circulación de informaciones ha dado pie a procesos productores de significaciones (Martín-Barbero 1987:228). La brevísima revisión de las construcciones discursivas que empresarios forestales y políticos de la derecha chilena vienen realizando por más de una década, confirma los planteamientos “de que los medios de masas son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad” (Mc Combs en Bryant y Zyllmann 1994:17), transformándose en los constructores de una realidad social gobernada por el caos y la violencia; así como construyen también la inexistencia/invisibilización de ciertos sucesos ante la sociedad. En el primer caso, qué más ilustrativo que aquellas llamadas telefónicas que hacia fines de los noventa este autor recibía en Temuco de parte de residentes en la ciudad de Santiago, preocupados estos últimos por la extrema violencia y terror que los medios informaban diariamente sobre el conflicto mapuche y hacia de esta zona un territorio “sin dios ni ley”. En el segundo caso, el de la invisibilización, antes del estallido de una nueva rebelión mapuche lo único existente para la sociedad chilena, a comienzos de los noventa, era la disputa entre las hermanas Quintreman y la construcción de la represa de Ralco en el Alto Bio Bio que los medios de masas informaban periódicamente; nada se sabía de la gestación de una joven dirigencia mapuche que articulando teoría y práctica, a partir de 1997 daría cuerpo a un movimiento social mapuche que persiste hasta la actualidad.

 


 

Notas

1. Una versión preliminar de este artículo fue preparada como parte del Estudio de actualización del modelo de defensa mapuche de la Defensoría Penal Pública, realizado entre abril y agosto de 2010, por la Universidad Central de Chile. Consejo de Todas las Tierras.

2. La Fundación Mapuche Folil fue creada en marzo de 2000 por un grupo de mapuche refugiados políticos residentes en Holanda, cuya finalidad es informar a la sociedad holandesa y europea sobre la situación social y política actual del pueblo mapuche y otorgar apoyo moral, material y financiero a organizaciones mapuche.

3. Desde las primeras décadas del siglo XVI a los mapuche se les comenzó a definir como flojos, degenerados, bárbaros y borrachos, fortaleciendo “la representación del indígena no confiable, doble, traicionero, que ataca por la espalda” (Bengoa 1992:105), instalando así la imagen del indio bárbaro. Durante las primeras décadas republicanas se estigmatizó a los mapuche como salvajes y bárbaros, imagen que prevaleció hasta entrado el siglo XX. La intelectualidad de la época entregaba una imagen deplorable acerca de los mapuche: salvajes de principio a fin, carentes de sentimientos, fuente de incultura y brutalidades. En el período de reforma agraria (década de 1960) el estereotipo del “araucano revolucionario” que construyó el movimiento obrero en décadas anteriores se representó con nuevas imágenes de los indígenas del sur. Antes de los setenta la izquierda chilena consideraba a las comunidades mapuche como organizaciones campesinas y durante la Unidad Popular (1970-1973) se les calificó como minorías étnicas y una subcultura campesina chilena que debía integrarse a la sociedad nacional. Tras el golpe de estado de 1973, “los militares confunden a los mapuches, que luchaban por recuperar sus pequeños retazos de tierra, con feroces bolcheviques rusos que pretenden atacar el poder y revertir la sociedad civilizada. La civilización occidental contra la barbarie moderna…” (Bengoa 1999: 131). Un estudio realizado en los años noventa sobre el racismo local en el sur de Chile devela que la imagen que se tiene de los mapuche es “que son flojos, borrachos y alzados. Que viven de mala manera (…) Que no les interesa el progreso. Que son hediondos…” (Bengoa 1999: 208).

4. El Informe Rettig es el nombre con el que se conoce el informe final de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Debe su nombre el jurista chileno, Raúl Rettig, quien fue designado por el presidente Patricio Aylwin (1990-1994) para presidir el trabajo de la comisión. El Informe concluye que durante el régimen militar 2.279 personas perdieron la vida, de las cuales 164 fueron clasificadas como víctimas de violencia política y 2.115 como víctimas de violaciones a los derechos humanos.

 



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Gazeta de Antropología