Gazeta de Antropología, 2004, 20, artículo 36 · http://hdl.handle.net/10481/7287 Versión HTML  ·  Versión PDF
Recibido 18 noviembre 2004    |    Aceptado 5 diciembre 2004    |    Publicado 2004-12
La metodología de investigación antropológica en ambientes criminógenos. Un estudio de caso
Anthropological research methodology in criminal environments: a case study



RESUMEN
Se plantean algunas cuestiones metodológicas relativas a la investigación antropológica en ambientes donde la violencia o la comisión de un delito están dentro del espectro de posibilidades de la vida de determinados grupos sociales. Se toma como estudio de caso a las cárceles. Se enfatiza el factor coercitivo que impera en este lugar como elemento a tener en cuenta desde el punto de vista epistemológico. Antes que la salvaguarda del purismo metodológico -neutralidad valorativa, dispositivos que permitan fijar claramente el lugar de unos y otros-, se enfatiza la necesidad de adecuar las técnicas a los encuadres que limitan el ámbito de investigación así como la aceptabilidad moral de los métodos y la vulnerabilidad que de ellos puede desprenderse.

ABSTRACT
The paper assesses some methodological questions concerning to the anthropological research in environments where the violence or the commission of a crime is within the possibilities of the life for certain social groups. The case study was the jails. The coercive factor of this place is emphasized as an element to be considered from the epistemological standpoint. Instead of safeguarding the methodological purity, as neutrality or devices that allow everybody’s place to be clearly fixed, it is emphasizes the necessity to adapt technical devices within the frameworks that limit the scope of investigation as well as the moral acceptability of the methods and the vulnerability may result from them.

PALABRAS CLAVE
antropología del crimen | violencia | ambientes criminógenos | cárcel | reinserción social
KEYWORDS
anthropology of crime | violence | criminogenic environments | prison | social rehabilitation


Introducción

Este trabajo intenta exponer algunas cuestiones metodológicas en ambientes que se consideran criminógenos. Estos últimos son áreas de la sociedad en donde sus integrantes tienen mayor posibilidad que otros de cometer un delito en el transcurso de sus vidas. Muchas son las razones por las que un área social puede convertirse en criminógena, o sea, que sus características arman una configuración que da a sus integrantes una mayor chance de desafiar al orden establecido y, eventualmente, quebrantarlo; sin embargo, por ahora son solo razones connotativas siendo escaso el conocimiento que se tiene sobre su real incidencia y formas de interacción en la producción del fenómeno del delito (1).

En este trabajo se sostiene que los problemas de orden estructural e ideológico que delinean a este tipo de arreglos sociales no pueden suprimirse por algún dispositivo metodológico, de forma tal que se deben incluir activamente al momento de evaluar métodos y técnicas de campo, sus posibilidades para generar conocimiento y para considerar sus límites.

Estas restricciones son parecidas a cuando se intenta un estudio etnográfico de cualquier ámbito criminógeno. No pueden, en la realidad cotidiana de la investigación, superarse por medio de artilugios metodológicos ya que son parte de las condiciones estructurales de una sociedad que por la confluencia de distintos factores produce delitos. Dicho en otra forma, estas limitaciones deben ser puestas en palabras para así iniciar un camino que permita echar luz sobre estas circunstancias específicas que hacen que ciertas áreas sociales sean opacas a la investigación. No por ello debe abandonarse como propuestas de investigación; más bien deben generarse conceptos y dispositivos metodológicos que las tengan en cuenta en relación con la sociedad en su totalidad. En este sentido, no son áreas “especiales”, desgajadas del resto de la sociedad; más bien, en ellas se concentran y a veces potencian, de algún modo, el conjunto de factores violentos que están desigualmente distribuidos en toda y la misma sociedad. (van Swwaningen 2000) Puede variar la intensidad o la correlación entre distintos factores pero el resultado es similar: zonas sociales vaciadas de significados compartidos, sin acuerdos de convivencia, carentes de autoridades consentidas por la mayoría que desembocan en altos niveles de conflicto que suelen resolverse mediante el uso de la fuerza -física, económica, institucional, simbólica o psicológica-.

La metodología de la investigación social debe inmiscuirse, entonces, en estos lugares que no están preparados para recibir pacíficamente a alguien de afuera que viene a “mirar” lo que les está pasando, calibrar de alguna forma el sufrimiento por el cual están transcurriendo y sopesar la falta de resolución de conflictos; a valorar, en última instancia, sus supuestas incapacidades. Esta es la percepción que se tiene del investigador toda vez que se acerca con pretensión de investigar a estas áreas sociales. Debe estar preparado, entonces, para afrontar situaciones que no le son propicias y transformarlas en puntos de partida que le permita ir adentrándose en esta conflictividad social, sin profundizarla pero tampoco sin dejarla de lado.

Por otra parte, se hace necesario insistir en que aunque se haga una suerte de delimitación del campo de estudio, ésta es necesariamente convencional. Deberá tomar en cuenta los factores que se incorporan a sus hipótesis así como los que se han dejado de lado para evaluar la pertinencia en la posible explicación que tienen a la hora de dar cuenta de los fenómenos sociales conflictivos que están bajo su estudio. Es hora de dejar de hacer “especiales” a determinadas formas de expresión de la violencia -violencia doméstica, violencia institucional, violencia contra niños y adolescente-para abarcar la constitución social de la violencia como un fenómeno único aunque con diversas formas de expresión.

Otra cuestión importante es la de distinguir aquello que puede ser circunstancias que conduzcan a alguna forma de producción del delito, más bien aleatorias y coyunturales, de aquellas ya establecidas como estructurantes de amplias zonas sociales que no pueden quitarse ni anularse por voluntad de sus integrantes. Estos ámbitos ya no pueden ser calificados de provisorios o azarosos sino que forman parte de la constitución de una identidad social, comunitaria, familiar e individual que forma parte de la vida cotidiana de estas personas, que crían a sus hijos y a los hijos de sus hijos en formas violentas de resolver los conflictos como si fuera un elemento “natural” y útil. En este preciso sentido, nada puede achacárseles a quienes fueron socializados de esta forma y no han tenido opciones disponibles para cambiar sus formas de percibir la violencia ni han tenido oportunidad para crear un horizonte social crítico desde donde poder evaluar sus acciones y los resultados. Es por esta razón que el investigador social debe tener siempre presente que ellos no son “culpables” en un nivel existencial de la violencia que ejercen y también de la que siempre han y siguen siendo objetos, aunque llegado el caso puedan ser encontrados penalmente responsables por las acciones individuales o, que se pongan en marcha formas de judicialización, o criminalización, de los conflictos sociales en el caso de reclamos colectivos.

Tampoco es cuestión de circunscribirse a la hipótesis que sostienen que estos grupos sociales se limitan a reproducir formas de actuar que serían funcionales al sistema social; este argumento no es confiable en la medida que consideremos que existe hasta cierto punto un margen de decisión individual, o de incertidumbre en relación con la correspondencia entre modelos culturales y la acción individual. (Hollan 2000) Ni en uno ni en otro sentido se avanza algo en la dilucidación del fenómeno y en la exposición de motivos.

Deberemos hallar formas de expresar nuevas hipótesis que tengan como finalidad disminuir los niveles de conflictividad general rellenando con teoría social los vacíos actualmente existentes que permitan aclarar las formas que cada caso toma en la configuración social de la violencia y en los factores que llevan a la producción de delitos.

Se necesitan aproximaciones etnográficas y de historia oral de aquellas personas directamente involucrados-presos, familiares, trabajadores penitenciarios, usurpadores de tierras, tomadores de casas o edificios, piqueteros-.

A la vez, un recurso metodológico de no poco valor será el de interpelar las narrativas de quienes sufren con aquellas de quienes tienen la capacidad de actuar y decidir. Quedarse apegado a un solo discurso sesga la valoración que pueda hacerse en cuanto a la magnitud del peligro que corren estos grupos sociales de quedar definitivamente fuera de la corriente social general; poner a prueba los distintos discursos con los del “Otro” puede conducir a una reposición de la perspectiva crítica y de las miradas sociales, ya sea de quienes sufren y de quienes opinan, actúan y deciden.

Esta metodología activa y cruzada por los discursos y sus expresiones prácticas puede ponerse en práctica sin demasiados problemas, salvo el de la ceguera y sordera propias de quienes no asumen las responsabilidades por las situaciones de sufrimiento social y de quienes, sufrientes de estas, han desarrollado formas estereotipadas de reclamar por sus derechos y la observancia de sus garantías. Por ejemplo, los legisladores, políticos y magistrados del poder judicial tratan casi siempre de deslindar responsabilidades usando el trillado truco de la falta de competencia sobre el reclamo que se pretende hacer oír. Un legislador dirá que es cuestión del Poder Ejecutivo y un juez dirá que no está en el ámbito de su potestad, a resultas de lo cual nadie parece tener ninguna responsabilidad sobre nada. Al mismo tiempo, en un reciente encuentro que se hiciera para plantear colectivamente los reclamos de mujeres detenidas en la única cárcel femenina de la Provincia del Neuquén, más allá de que las Cámaras de Apelaciones no dieron su consentimiento para que las detenidas pudieran trasladarse hasta el salón del encuentro, salvo en un caso; la única mujer que logró estar no pudo resistir la tentación de reclamar sobre su situación personal a expensas del grupo que había depositado en ella su esperanza de que por fin pudiera interpelarse a los funcionarios que estarían todos reunidos para tal ocasión (2).

Ambos obstáculos, de quienes deciden y de quienes sufren, deben ser atendidos con la importancia que merecen. Parece que el enfrentamiento entre lo que dicen y lo que hacen los primeros parece poco efectivo, ya que no hay un reconocimiento explícito de la carencia de ideas, planificación, puesta en marcha y seguimiento para disminuir los niveles de conflictividad social e institucional. Dicen lo que no hacen y hacen lo que no dicen, de tal forma que resultan funcionarios inadecuados para mejorar la calidad de vida de las personas en estas condiciones. Pero son los que están, y al menos que sean removidos, será con quienes el investigador deberá trabar relaciones y trabajar.

Por el otro lado, quienes sufren no están en condiciones de demasiadas sutilezas argumentativas como la falta de fondos para vivienda, alimentación, educación, etc. Ellos crean redes solidarias que funcionan hasta cierto punto y hasta otro cierto punto dejan de tener efectividad por la falta de recursos, la frustración y un sentido de derrota que se va apoderando con el correr de un tiempo infructuoso. Sus problemas personales y familiares arrasan con cualquier tipo de consideración como colectivo social en lo que respecta al reclamo y defensa de sus derechos otorgados por la ley. La recurrente falta de apoyo institucional hace que confíen ante todo en las redes informales que en forma muy esforzada pueden hilvanar, cuidando de ellas y concentrando toda su energía física y capacidad emocional y material antes que “perder el tiempo” tratando de que el Estado pueda entender sus reclamos y planificar acciones a su favor.

En el caso de las personas víctimas directas de violencia se generan formas de adaptación, si se quiere paradójica, hacia las fuentes generadoras de violencia de modo que es difícil conseguir una descentración de su mirada respecto de ellas. Más bien, estas personas se orientan en el mismo sentido de sus fuentes de violencia: el marido golpeador, la institución que rechaza, el funcionario que no escucha o reprende, el Estado impávido ante el sufrimiento individual y comunitario, el distribuidor de droga, el comerciante que vende alcohol a menores o a personas reconocidamente insertas en un uso abusivo, el detenido respecto de su guardián, el detenido con menos poder respecto del que tiene más poder, etc. No habrá metodología de investigación alguna que pueda o pretenda minimizar la des-responsabilización de funcionarios que tienen una clara obligación en estas cuestiones ni, del otro lado, que pueda descentrar la perspectiva de quien es objeto de violencia, cualquiera sea su forma de expresión, ya que deviene en una mirada totalizadora y avasallante (3).

Sin embargo, hay formas de interferir en estos discursos, enfrentarlos, cotejarlos y mostrar los sesgos ideológicos así como las fuentes de legitimación de cada uno de ellos. Una metodología participativa, horizontal, flexible, no estructurada-en otras palabras, performativa- podrá, entonces, acercar aunque sea conflictivamente estos puntos de vista opuestos para trabajar en un campo de antagonismos y relevar sus resultados (4).

No creemos que, dadas así las cosas, un acuerdo de mayorías -consenso en el sentido de capacidad argumentativa para ponerse de acuerdo sobre determinados aspectos de la “cosa pública”-pueda soportar el peso de las desigualdades en la distribución de bienes materiales y simbólicos que aquejan a nuestras sociedades ni suprimir la inescrupulosidad actual del Estado.

Si esta performatividad pudiera lograrse se empezaría, al menos, a deslegitimar el discurso público, abriéndose un camino posible en la desconstrucción de las actuales formas de “un poder vacío”: ausencia activa de las agencias estatales y ensimismamiento de las poblaciones vulneradas; orientándose hacia reclamos colectivos, planteados en la totalidad de sus términos.

 

¿Qué se estudia en las cárceles?

Las cárceles son los lugares sociales donde se produce con mayor intensidad la dinámica criminógena, ya que se trata de zonas marginadas pero funcionales al sistema de control social, donde se ejerce violencia, superponiéndose al menos tres juegos de reglas de convivencia: el discursivo, dado por quienes deben “cuidar” a los detenidos de acuerdo a cómo lo manda nuestra Constitución Nacional, los pactos internacionales firmados por la Argentina y la Ley 24660/96 de ejecución de la pena privativa de la libertad que es de orden nacional, el práctico que tiene que ver con las condiciones reales que viven los detenidos en las cárceles, que se asienta en los reglamentos que se crean dentro de la administración carcelaria, que no suelen respetar las garantías y derechos constitucionales y que tienden a desactivar reclamos y crear penas suplementarias y anticonstitucionales (sobre todo en los temas de educación y recreación) y, finalmente, los códigos intracarcelarios que se genera en la convivencia entre los detenidos (estilos, lenguajes, códigos, funciones) que suele estar en conflicto con el segundo (Carrabine 2000).

Las cárceles son instituciones escasamente estudiadas por la antropología. (Rhodes 2001) Las limitaciones en el ejercicio profesional de la antropología en ellas tienen diversos orígenes: por un lado, la dificultad para obtener las autorizaciones correspondientes ya que se supone que los resultados de la investigación pueden hacer público las continuas transgresiones a los derechos y garantías de los detenidos. En segundo lugar, la consideración por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de las perturbaciones que puede originar la presencia de un investigador social en la constitución de una conciencia crítica entre sus “habitantes”, no sólo los que están detenidos sino también en quienes cumplen funciones de celadores. Un tercer grupo de obstáculos proviene del trato directo con las personas detenidas. Pueden llegar a crearse malestares y desavenencias debido a que ubican al investigador como un sujeto independiente del sistema carcelario y que, por eso mismo, puede mejorar sus situaciones individuales, haciéndose difícil la comprensión del colectivo que significa “ser preso”.

En general se estudia la performance de estas instituciones como la forma más violenta de control social. Las diferentes formas que asume la exclusión de grupos poblaciones vulnerables, y las contradicciones en que se sume un discurso rehabilitador dentro de un ambiente estrictamente cerrado. (Lynch 2000, Pratt 2001, Rivera Beiras 2000) Se las ha definido como instituciones de secuestro (Daroqui 2002) cuya única función sería la de poner fuera del orden social establecido y por un tiempo cada vez más considerable a quienes han quebrado la ley. Una forma actual de proscripción y alejamiento de la sociedad que tendría como único objetivo el de salvaguardar el “bien común”, si es que nos pudiéramos poner de acuerdo qué significa el “bien” y a quiénes incluye lo “común” que debe protegerse.

Otra línea de trabajo puede plantearse a partir de estudio de casos en donde la dinámica carcelaria se transforma en el telón de fondo de una vida que debe pasar por esta institución. En este último caso se trataría de una situación transitoria que no subsume la totalidad de la vida de las personas. Esta hipótesis puede ser contrariada por quienes sostienen que el paso por las cárceles deja una impronta indeleble, sobre todo si se pasan muchos años en ella o se producen intermitencias de entradas y salidas. Sin embargo, en ambos casos si bien puede identificarse una “identidad” que se va construyendo en la medida en que las personas se consideran a sí mismas “presas” (la así llamada “identidad tumbera”) no puede reemplazar en su totalidad lo que fue la socialización primaria y los estilos de convivencia y comunicativos que tiene la gente antes, durante y después de su paso por las cárceles. En este sentido, el quebrantamiento de la ley, si bien absoluto desde el punto de vista jurídico-penal, puede ser considerado “condicional” desde una perspectiva existencial. Las personas pueden instalarse de manera firme en una nueva identidad, “ser preso” o “ser presa” en un intento por adecuarse a una vida en donde la restricción es el denominador común y avasallante. También puede no hacerlo en absoluto, ubicándose en un lugar de “rebeldía” que contrasta con lo que suele llamarse el “preso manso”. Puede también tomar una actitud pendular que suele ser vista sobre todo en cárceles de mujeres: momentos de rebeldía se suceden a otros de mansedumbre, dependiendo del estado general de salud psíquica y física de la persona y del diagnóstico positivo que vaya haciendo de la situación de su entorno familiar o más allegado.

Los detenidos son personas posicionadas frente a la ley, la moral y por supuesto el delito cometido, que están obligados a iniciar una formación de su self en múltiples niveles dentro de la estructura jerárquica de la prisión. Ellos no suelen detenerse a evaluar las formas en que estas posiciones implican investiduras acumulativas de las funciones que deben repetirse y desarrollarse en las prácticas penitenciarias. Si antes de “ser preso” o “ser presa” el concepto de “bien común” tenía poca pertinencia en el desarrollo de sus vidas, queda semántica y prácticamente anulado cuando inician su transcurso por las cárceles.

Dado que el sistema penal es altamente selectivo (Pratt 2001), las personas que lo pueblan suelen tener un perfil más o menos compartido, donde resalta la reducción drástica de posibilidades que han sufrido en la sociedad libre; si bien no puede generarse una causalidad lineal entre una ciudadanía condicional o incompleta (Vaughan 2000) y el delito, al menos hay argumentos para sostener que el rotundo cercenamiento de las opciones socialmente disponibles para desarrollar las potencialidades de todo ser humano cumple un papel desventajoso en la elaboración de sus proyectos de vida.

El estudio académico de las cárceles está inmerso desde el principio en una contradicción: por un lado la insistencia en la “objetividad” contribuiría a una abstracción que protegería a los sitios de una mayor visibilidad -necesidad de anonimato y no revelación de la unidad carcelaria donde se hace el estudio-, en el intento de preservar la seguridad de quienes están alojados; por el otro lado, un vínculo demasiado intenso dentro de ella corre el peligro de una intimidad en los términos provistos por la propia cárcel, corriendo el riesgo metodológico y existencial de sentirse “detenido” en las mismas condiciones que los interlocutores, de asimilarse a sus modos de diálogo y formas de concebir el delito, la integridad física y psicológica o las formas de evitar el quebrantamiento de sus núcleos morales; además, puede agregarse un sentimiento de culpa cada vez que se “los abandona” al salir de un día de trabajo y “disfrutar” de la libertad (Rhodes 2001, Kalinsky 2002).

Debería aceptarse el factor coercitivo que impera en la adquisición del conocimiento en este tipo de ambientes. A pesar de la inaccesibilidad y opacidad de las prisiones que dificultan el trabajo etnográfico, no necesariamente lo impiden. Reconociendo los límites metodológicos, por ejemplo, que los presos que tienen poco espacio para la intimidad deben tolerar la presencia perturbadora del investigador, armando espacios de cierta privacidad en lugares donde se molesta al paso de las otras personas, donde se puede ser escuchado o “espiado”, la negativa para hablar con el investigador por miedo o cualquier otra razón cuya importancia no es posible calibrar (5), las creencias sostenidas como absolutos epistemológicos que devienen en datos “falsos” para relevar la realidad carcelaria, el uso del investigador para reivindicaciones especialmente personales, se puede avanzar en lo que se está estudiando.

Lo mismo pasa con el personal penitenciario inmerso en una dinámica de excesivas restricciones de política institucional. Ellos no están autorizados para sindicalizarse ni ejercer el derecho laboral de la huelga. No están debidamente capacitados y perciben que se comprometen con una actividad de riesgo cada vez que se sienten oprimidos entre quienes deben cuidar y proteger y sus autoridades. Un orden jerárquico de escasa o nula flexibilidad les hace suprimir cualquier perspectiva crítica de sus trabajos y por ende la capacidad para expresar sus opiniones y mejorar, en último término, la calidad de vida laboral que consideran muy deteriorada.

En este sentido, si uno de los aspectos de la política penitenciaria fuera el de disminuir los niveles de conflictividad social que se registran en ellas, y que tienen su expresión más dramática en fugas y motines, debería empezarse no solo por escuchar y satisfacer los reclamos de las personas detenidas, que a veces alcanzan el nivel del absurdo por la facilidad con que pudieran ser cumplimentados (6), sino que, además, deberían ponerse en marcha formas de reclamo del personal penitenciario para mejorar sus condiciones laborales, registrando la percepción que tienen con relación a las dificultades y peligros que deben afrontar en la vida cotidiana.

 

La posición de los investigadores

El tema acerca de la posición del investigador social en contextos criminógenos en general y en las cárceles, en particular, no ha sido muchas veces tratado porque se lo da por sentado o bien debido a que se supone un ideal de investigador neutral en lo valorativo, objetivo en los registros y racional. Las emociones toman un lugar secundario de modo que el “dato bruto” pasaría directamente al análisis conceptual.

Nada más lejos de la realidad del investigador: sus emociones quedan expuestas, tanto como los juicios previos que puede tener antes de conocer a quien va a ser entrevistado, y los que vienen después de haber hablado durante horas, semanas, meses y hasta años con la misma persona, siguiéndola en su derrotero carcelario y en las transformaciones de significado, actitud, autovaloración y autopercepción que se van generando y expresando.

Algunas veces, el investigador comparte los primeros momentos de encarcelamiento, el vacío existencial y la inadecuación de sus estilos con los códigos carcelarios, el pánico que se apodera de ellos durante los primeros días, los golpes que puede recibir de compañeros de encierro cuando consideran que “su causa” es inaceptable. Luego, el acompañamiento activo en los primeros intentos de relatar lo que ha sucedido, los pormenores con sus defensores, la experiencia destructiva que significa pasar por un juicio oral y público, sometido al agravio social y a una reconstrucción de las cosas como la justicia dice que son, sin otorgar crédito a sus propios relatos cuando se animan a hacerlos, para finalmente iniciar el casi siempre largo recorrido de tiempo con que suelen ser sancionados.

Así las cosas, el investigador no puede ajustarse a lo que metodológicamente se pretendería. Ríe, llora, sufre, va y viene trabajando sobre las eventuales pruebas, conoce a la familia, y de a poco va entrelazando un conjunto de afirmaciones tamizadas por sus valores y su perspectiva personal. No es posible “ponerse en el lugar del otro”, tan solo puede llegarse un poco más cerca de sus formas de concebir la realidad y los hechos y la vida. Este esfuerzo metodológico por acercarse al “Otro” no lo tendría que doblegar en el mantenimiento de sus convicciones, por ejemplo, hay otras opciones para remediar situaciones altamente conflictivas y que suelen terminar en violencia letal- y si se quiere su respeto a la ley que en cuestiones sobre la vida pueden coincidir con creencias morales y religiosas; con admitir que la situación en que se encuentra el investigador no es comparable con la que se encontraba ese “Otro” cuando se produjeron los hechos. “Yo hubiera hecho tal cosa”… es lo primero que se piensa cuando se escuchan estos relatos. O “por qué no hizo esta otra cosa”… son preguntas retóricas porque ya se sabe, fundamentado en la experiencia de investigación y en la literatura científica, que en ese momento ya no cabían demasiadas posibilidades (Frigon 2000, Torres Falcón 2001).

En el caso de las mujeres que casi siempre han pasado por experiencias de violencia conyugal o familiar, el sentimiento de terror es difícilmente descriptible: hacia el compañero golpeador, a la propia historia, o a admitir que no se pudo “ser madre” (7). En cuanto el investigador se percibe a la otra persona como “homicida”, “infanticida”, o, en términos más generales, como “mala persona” entonces deberá dejar la tarea o al menos suspenderla hasta revisar qué se está haciendo mal. Si bien es posible que no se esté de acuerdo en la resolución violenta de los conflictos, ya no hay forma de volver atrás y quien está enfrente es merecedor si no de la comprensión de lo acaecido al menos de una escucha tolerante y flexible de modo que pueda dar calce a una metodología que pueda registrar los discursos, para luego interpelar: las razones, las condiciones, las emociones, la situación y la búsqueda de sentido no solo de lo que ha ocurrido sino de la vida personal, familiar y comunitaria en donde ha ocurrido.

Lo mismo cuando se crea una situación contraria: en cuanto suponemos que “ya somos amigos”, “ya la comprendí”, “al final yo hubiera hecho lo mismo” y cosas por el estilo. Para mantener una distancia metodológica saludable, que nos permita el cambio de perspectivas poniendo todo lo que surge a consideración de unos y otros, deberemos construirnos y reconstruirnos todo el tiempo como investigadores (8), personas que compartimos mucho tiempo e innumerables narraciones, pero que estamos en distintos lugares, con diferentes posibilidades y teniendo responsabilidades que cumplir.

Si bien esta última afirmación puede parecer dura en relación con el vínculo cercano que se establece en forma inevitable, “tomar el lugar del otro”, siquiera parecerse al Otro sin criterio puede no solo inhibir la producción de conocimiento sino confundirlo desesperadamente, malinterpretar nuestra actividad y provocar daño. Y eso es lo último que cualquier persona encarcelada necesita. Recordarles y recordarnos los límites de nuestra práctica y conocimientos es un hábito beneficioso que hace más transparente e inmediata la relación con ese “Otro” que construimos metodológicamente pero que, por detrás, se le escapa todo el tiempo la persona que tratamos de esquematizar en su transformación metodológica. A estas “escapadas” hay que contenerlas para preservar los límites de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer y de lo que estamos dispuestos a conceder.

 

Conclusiones: La metodología de la investigación social en ambientes criminógenos

Antes que la salvaguarda del purismo metodológico-neutralidad valorativa, dispositivos que permitan fijar claramente el lugar de unos y otros, la adecuación de las técnicas a los encuadres que limitan el ámbito de investigación-deberemos fijarnos en la aceptabilidad moral de los métodos y la vulnerabilidad que de ellos puede desprenderse al someter, a veces sin necesidad, a quienes preguntamos e indagamos. El fijar límites claros aunque con la posibilidad de que se adapten a las distintas situaciones, entre lo que se quiere conocer y la seguridad de quienes pueden aportar ese conocimiento debería ser una cuestión de rutina. Más aún, en lo que hemos llamado “ambientes criminógenos” puede suceder que sea la única metodología al alcance que cubra los requisitos que estamos proponiendo.

Asimismo, reconocer que la molestia generada por la presencia de un investigador puede empeorar situaciones que ya son de riesgo debería hacernos reflexionar acerca de la conveniencia de llevar adelante esa investigación con los objetivos propuestos en ese momento determinado y bajo las circunstancias imperantes. Quizá sea más fecundo para los resultados de la investigación y más seguro para todos dejar pasar un tiempo, esperar el cambio de condiciones o aún intervenir en calidad de ciudadanos para que esas condiciones cambien, dejando un tiempo prudencial para iniciar el trabajo de investigación propiamente dicho.

Para esto es importante tener en cuenta a las investigaciones exploratorias, no muy apreciadas más que como etapa “preliminar” y que se han usado la más de las veces para palpar “el campo”, conocer a los futuros y posibles interlocutores, identificar vías de acceso o medir las posibles técnicas que puedan llegar a utilizarse. Pocas veces se utiliza la fase exploratoria para evaluar las posibilidades reales que tiene la investigación que se desea hacer, cualquiera sea las razones que impulsan a tratar un determinado tema, con determinada población y en determinadas condiciones sociales e institucionales. Aún más, no se considera que la investigación exploratoria sea la única posibilidad que se presente en cuanto a posibilidad de indagación científica. De ella pueden derivarse opiniones bien fundadas sobre políticas a seguir, en vez de repasar lo que ya se sabe o tratar de “descubrir” nuevos elementos cuando urge una situación que pone en peligro la vida o el futuro de las personas con quienes trabajamos.

Cuando se puede avanzar en la estructura metodológica, la etapa de evaluación de los riesgos de nuestra presencia, de los métodos que usamos o de “inocentes” técnicas de campo debe estar siempre presente. En este preciso sentido, el afán de conocimiento no debería suprimir nuestros umbrales de alerta respecto de la necesidad de otorgar prioridades y evaluarlas en forma continua. Si tenemos claro que la producción de conocimiento no necesariamente mejora las condiciones de vida de las personas (Smart 2000) sino que quizá pueda llegar a hacerlo; si se produce el engarce debido con quienes planifican políticas, o con quienes pueden ejercer acciones directas entonces, y solo entonces, el conocimiento tendrá un valor agregado si es que interesa tomarlo en cuenta. Pero no sería digno de algún investigador ignorar, o dejar pasar, los riesgos de conocer.

 



Notas

1. Por ejemplo, se sabe que en vecindarios donde hay altos niveles de encarcelamiento, los vecinos tienen mayores chances de producir un delito. El barrio, así, se convierte en un ambiente criminógeno (Clear, Rose y Ryder 2001).

2. Se trató de una Jornada sobre ejecución de pena privativa de la libertad organizada por “Zainuco” en la ciudad de Neuquén el día 17 de octubre del 2003. Zainuco es una asociación sin fines de lucro que se dedica a monitorear el cumplimiento de los derechos humanos de los detenidos en dos cárceles provinciales, la Unidad 16 de mujeres y la Unidad 11 de hombres. Hicieron un trabajo previo en cada una de las unidades en donde los detenidos y detenidas plantearon las necesidades que ellos consideran más imperiosas. Sin embargo, a la reunión no solo faltaron quienes habían armado y sistematizado los reclamos sino funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo que, suponemos, escabulleron su responsabilidad haciendo gala de las más vulgares de las excusas (como “compromisos asumidos con anterioridad”).

3. Por ejemplo, en un reciente estudio sobre mujeres sometidas a violencia por su pareja afectiva se notó un importante apego emocional hacia el golpeador, asumiendo como propios los argumentos de aquél. Si este es el caso, es difícil que la mujer pueda tomar una distancia crítica y observar desde “afuera” una situación que le provoca caos e inhabilitación. (Montero 2001)

4. Nótese que no estamos hablando de una metodología “liberadora”, o “emancipadora” a la usanza de la década de los sesenta (Fals Borda 1985), ni cercana a la teoría de la acción comunicativa habermasiana. (Habermas 1989) No parece que el actual momento histórico pudiera encajar en este tipo de actuaciones metodológicas.

5. Nos hemos topado con una situación poco clara, en donde una detenida no quiso hablar con nosotros. Finalmente se hizo un juicio abreviado en donde ella asumió la culpa del delito por el que estaba imputada. Mantiene una relación de mucha cercanía con su compañero sentimental que quedó relevado del delito que en principio fuera imputado a los dos. Podría llegar a ser un caso de “adaptación paradójica” (Montero 2001) a un golpeador pero resulta inaccesible a nuestras posibilidades como investigadores. Aún planteando nuestra inquietud al menos que sepamos nadie a encarado profesionalmente esta situación.

6. Habilitar un teléfono público, arreglar los baños, permitir la salida al patio durante más tiempo. Hay otras cuestiones que no son tan simples porque se engarzan con estilos institucionales arraigados: no conocer al defensor, o hacerlo el día del juicio, no recibir la visita de jueces o magistrado, desconocer la actualidad de los procesos o condiciones de detención y ejecución de penal, entre otros factores. Sin embargo, unos y otros son ponderables aunque se desista de esto último.

7. En los casos en que se haya ejercido violencia, a veces letal, contra un hijo.

8. En otras palabras, no somos familiares, amigos, mensajeros, ni tenemos posibilidades de “mejorar” sus condiciones respecto de sus causas aunque claro está somos ciudadanos responsables y estamos obligados a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida mediante el diálogo y, si se quiere, la interpelación con todas las partes involucradas.

 



Bibliografía citada

Carrabine, E.
2000 “Discourse, governmentality and translation: Towards a social theory of imprisonment”, Theoretical Criminology,vol. 4, nº 3.

Clear, T. (D. Rose y J. Ryder)
2001 “Incarceration and the Community: The Problem of removing and Returning Offenders”, Crime & Delincuency,vol. 47, nº 3.

Daroqui, Alcira
2001 “La cárcel del presente, su ‘sentido’ como práctica de secuestro institucional”, en Sandra Gayol y Gabriel Kessler (compiladores), Violencias, delitos y justicias en la Argentina. Buenos Aires, Manantial, Universidad Nacional de General Sarmiento

Fals Borda, Orlando
1985 Conocimiento y saber popular. Bogotá, Siglo XXI.

Frigon, S.
2000 “Mujeres que matan: Tratamiento judicial del homicidio conyugal en Canadá en los 90″, en Mujer, cuerpo y encierro. Travesías. Temas del debate feminista contemporáneo. Documentos del CECYM. Año 7, nº 9.

Habermas, Jürgen
1989 Teoría de la acción comunicativa. I: Racionalidad de la acción y racionalización social. Buenos Aires, Taurus.

Hollan, D.
2000 “Constructivist Models of Mind, Contemporary Psychoanalysis and the Development of Culture Theory”, Current Anthropologist, vol. 102, nº 3.

Kalinsky, Beatriz
2001 “La pericia antropológica como herramienta de investigación social”. AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, nº 25.

Lynch, M.
2000 “Rehabilitation as rhetoric. The ideal of reformation in contemporary parole discourse and practices”, Punishment and Society, vol. 2, nº 1.

Montero Gómez, Andrés
2002 “Síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica: una propuesta teórica”, Clínica y Salud, vol. 12, nº 1.

Pratt, J.
2001 “Beyond ‘gulags western style’? Crime control as Industry”, Theoretical Criminology, vol. 5, nº3.

Rivera Beiras, Iñaki
2000 “Lineamientos garantistas para una transformación radical y reduccionista de la cárcel (Una visión desde España)”, Delito y Sociedad. Revista de CienciasSociales,vol.9, nº 14.

Rhodes, L.
2001 “Toward Anthropology of Prisons”, Annual Review of Anthropology, 30.

Smart, C.
2000 “La teoría feminista y el discurso jurídico”, en Haydee Birgin (comp.), El derecho de género y género del derecho. Buenos Aires, Editorial Biblos.

Torres Falcón, M.
2002 La violencia en casa. México, Paidós.

Van Swwaningen, R.
2000 “Reivindicando a la criminología crítica: justicia social y tradición europea”, Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, vol. 9, nº 14.

Vaughan, B.
2000 “Punishment and conditional citizenship”, Punishment and Society, vol. 2, nº 1.


Gazeta de Antropología