Gazeta de Antropología, 2017, 33 (1), artículo 08 · http://hdl.handle.net/10481/44463 Versión HTML  ·  Versión PDF
Recibido 6 septiembre 2016    |    Aceptado 4 diciembre 2016    |    Publicado 2017-01
Isleños y turistas. Propiedad comunitaria y territorialidad en sociedades indígenas
Islanders and tourists. Community property and territoriality in indigenous societies





RESUMEN
El turismo impulsa cambios sobre la propiedad de los recursos y del territorio. Aunque la propiedad comunitaria y los mecanismos consuetudinarios que la regulan suelen verse afectados, pocos estudios en turismo han prestado atención a estos procesos. El presente artículo quiere analizar los cambios generados por el turismo en el uso y la gestión de los comunes en el mundo rural e indígena. Y concretamente, de los espacios acuáticos comunitarios. Para ello, se comparan dos casos de poblaciones insulares en los que se ha implementado un turismo de gestión local: la comarca de Gunayala (Panamá) y las islas Amantaní y Taquile (Lago Titicaca). Un discurso modernizador sostiene que la propiedad comunitaria es anacrónica e ineficaz. Sin embargo, los casos analizados muestran que, ante el turismo, la población indígena adapta rápidamente su derecho sobre el territorio y reelabora las normas consuetudinarias.

ABSTRACT
Tourism drives changes on the ownership of resources and territory. Community ownership and customary mechanisms that regulate it are often affected by these changes, but few studies on tourism have given attention to these processes. The current article aims to analyze the changes generated by tourism in the use and management of the commons in rural and indigenous areas. Specifically, aquatic community spaces. To do this, two cases of island populations with succesful experiences in the implementation of tourism local management are compared: the comarca of Guna Yala (Panama) and Amantani and Taquile islands (Titicaca Lake). A modernizing discourse argues that community ownership is anachronistic and ineffective. However, these cases show that, with tourism, indigenous people quickly adapt their right over the territory and adjusts the customary rules.

PALABRAS CLAVE
turismo | indígenas | insularidad | propiedad comunitaria
KEYWORDS
tourism | indigenous | insularity | community property


1. Introducción

Uno de los pilares del modelo de desarrollo dominante, inspirado por las políticas neoliberales en boga desde los años 1990, es la consolidación de la propiedad privada sobre el espacio, los organismos vivos y el conocimiento. De forma un tanto paradójica, este proceso también ha venido acompañado por las demandas de acceso abierto sobre el saber (el movimiento Creative Commons o la Wikipedia, entre otros), los recursos (por ejemplo, el debate en torno a los Bienes Públicos Globales) y la vida (el caso de las múltiples bases de datos sobre recursos genéticos y biológicos en acceso abierto promovidas por diversas entidades públicas, por ejemplo). Todo parece conducir hacia dos opciones: privatización o acceso abierto. Otras alternativas, como la propiedad colectiva o comunitaria, no parecen viables y son consideradas anacrónicas. Estas presiones, tal y como apunta James M. Acheson (2015), están provocando que las propiedades colectivas terrestres tiendan a convertirse en regímenes de propiedad privada, mientras que los sistemas de propiedad colectiva de espacios acuáticos se transforman en regímenes de acceso abierto (open acces regimes). Solo en algunas ocasiones, cuando los recursos marinos son muy valiosos, como en las explotaciones de langosta, tienden a transformarse en propiedades privadas.

El turismo es un vector, entre otros, que impulsa estos procesos de cambio sobre la propiedad de los recursos y del territorio. Sin embargo, raramente los investigadores interesados en los impactos del turismo lo han estudiado. Y menos aún, cuando se habla de propiedad colectiva en espacios marinos y lacustres. Se trata de sistemas de tenencia que en muchos casos son frágiles y todavía incompletamente comprendidos. Además, los derechos territoriales indígenas sobre las aguas suelen ser refutados por los Estados: muchos rehúsan aprobar normativas que regulen el acceso a áreas acuáticas habitadas por indígenas y no hacen esfuerzos por reglamentar el uso de sus recursos en base al estilo de vida local. Como veremos, estamos ante unos sistemas cuestionados por las nuevas movilidades humanas del siglo XXI.

El presente artículo quiere analizar los cambios generados por el turismo en el uso y la gestión de los comunes en el mundo rural e indígena. Concretamente, de los espacios acuáticos comunitarios. Para ello, estudiaremos comparativamente dos casos etnográficos de poblaciones isleñas en los que se ha implementado un turismo étnico de gestión local: la comarca de Gunayala (costa atlántica de Panamá) y las islas de Amantaní y Taquile (Lago Titicaca, Perú). Las experiencias de estas dos zonas nos permitirán entender el proceso de conflicto, negociación y readecuación que surgen alrededor de un determinado “común” (la territorialidad marítima/lacustre) ante el desarrollo de nuevas actividades turísticas.

La comparación cross-cultural nos permitirá poner a prueba la capacidad de adaptación de las sociedades indígenas a las fuerzas globales, encarnadas por la expansión del turismo y la consecuente mercantilización de la hospitalidad, el espacio y prácticas culturales. El tipo de ejercicio que nos proponemos realizar no se corresponde con una versión cuantitativa, universalista y objetiva de la clásica comparación cross-cultural, sino que entendemos la comparación como una manera de estudiar el mundo interconectado en el que vivimos (Gingrich y Fox 2001). Un mundo que, a pesar de todo, sigue siendo social y culturalmente diverso, y que reacciona ante la globalización neoliberal.

 

2. Caso 1: Turismo en la comarca de Gunayala, Caribe panameño

2.1. La territorialidad guna sobre las aguas comarcales

La comarca indígena de Gunayala (también conocida como Kuna Yala o San Blas) está formada por una franja costera continental de unos 200 kilómetros en la vertiente atlántica oriental de Panamá y comprende 402 islas de reducidas dimensiones. En estos islotes se encuentran la mayoría de las comunidades gunas (40 de un total de 49), plantaciones de coco y establecimientos hoteleros de todo tipo gestionados localmente por los mismos isleños (Pereiro, De León, Martínez Mauri, Ventocilla y Del Valle 2012).

La Ley 16 de 1953 y la Ley Fundamental de la Comarca de Gunayala de 1995 establecen de forma muy clara los límites terrestres del territorio guna, pero muy vagamente los de su parte marina. Las aguas, a pesar de su importancia material y simbólica, apenas son mencionadas en las leyes. En ningún momento aparecen artículos que señalen coordenadas exactas ni un número determinado de millas desde la costa. El mar, a pesar de ser la principal fuente de recursos y la vía de comunicación por excelencia, no está delimitado ni tiene sus accesos controlados. Sin embargo, esta indefinición no significa que el mar, los cayos, las playas y las islas sean lugares de libre acceso (open acces). En algunas islas gunas no se permite, a gente de fuera de la comunidad, pescar en las zonas aledañas alegando su derecho a la autosuficiencia. En otras, dedicadas al turismo, los visitantes deben pagar unos pocos dólares por hacer uso de las playas de arena blanca y bañarse en las aguas de sus orillas repletas de fauna tropical. En la zona de Gai Maogi (Cayos Holandeses) los gunas que no pertenezcan a la mancomunidad de los seis pueblos deben pedir un permiso y pagar un peaje para poder pescar en la zona. En épocas más recientes, en algunas islas se han demarcado pequeños espacios para instalar zonas protegidas en las que ningún humano puede pescar o capturar especies marinas. Todos estos casos muestran que el acceso a los recursos marinos está reglamentado por el derecho consuetudinario y son considerados zonas comunales para los gunas de toda la comarca, de un grupo de comunidades o de una isla (Martínez Mauri 2011).

Además de estas prácticas regidas por los usos y costumbres de cada localidad, el acceso a los recursos marinos también ha sido abordado por las leyes comarcales. Según el artículo 205 de la Ley fundamental de la comarca (1995), solo los gunas pueden explotar estos recursos. Los no indígenas necesitan la autorización del Gobierno guna para pescar en las aguas comarcales. En el artículo 206 de esta misma Ley se establece que el Congreso General Guna es el encargado de decretar vedas sobre los recursos amenazados por la sobreexplotación. Y siguiendo este principio, en febrero de 2000 se resolvió decretar una veda sobre la pesca, captura y venta de la langosta en toda la comarca, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de cada año. En 2003 está veda se amplió: se prohibió capturar langostas que no alcanzaran los 8 centímetros (entre los ojos y donde empieza la cola) o que no llegaran a un peso mínimo de 1 libra. Además, se vedaron ejemplares hembras con huevos durante todo el año. En 2004 la veda se hizo extensiva a otras especies marinas, como el pulpo, el cangrejo y la gambobia. Pero, a pesar de estas restricciones, ante la demanda solvente de los centros urbanos y turísticos del país, la sobreexplotación de estos recursos no vio su fin.

De estas resoluciones de los años 2000 y 2003, se deduce que no se restringe el acceso a los lugares de explotación. A nivel comarcal solo se reglamenta la explotación de algunas especies. Hasta el día de hoy, el Congreso General Guna (CGG) no ha logrado delimitar zonas de protección ni ha prohibido el acceso a determinadas zonas. No obstante, desde finales del año 2015 está viendo la posibilidad de establecer una regulación comarcal del espacio marino o convertirlo en un área protegida.

En definitiva, los gunas se sirven de un sistema de propiedad colectiva para controlar, acceder y usufructuar tanto de los recursos de la tierra como del mar. Sin embargo, con la llegada del turismo, este sistema comunal está recibiendo una fuerte presión exterior que podría modificarlo dando lugar a una privatización de tierras e islas y estableciendo el libre acceso a las aguas comarcales.

Este sistema de tenencia colectiva del espacio marino y sus recursos ha sido posible gracias a las leyes -pioneras y ejemplares- de autonomía indígena aprobadas por el Estado panameño, pero también debido a la incapacidad de las instituciones gubernamentales de controlar y monitorear todo su litoral. Es necesario tener en cuenta que con un área de 75.000 km2, Panamá es el país de América con una mayor ratio de costa en el territorio nacional (Suman 2002: 92). Esta gran extensión costera plantea problemas para el manejo de los recursos marinos. Así, por ejemplo, aunque existan regulaciones sobre la pesca desde 1959 (Ley 17), estas leyes solo establecen restricciones, vedas, cuotas para la pesca a gran escala. La pesca artesanal, fundamental en Gunayala y muy común en todo el territorio nacional, no es monitoreada ni cuenta con disposiciones especiales.  

2.2. Conflictos por el mar y sus recursos: la crisis de los comunes ante la presión de las empresas turísticas y la sociedad nacional

Históricamente el acceso al mar y a sus recursos ha sido motivo de conflicto entre los gunas y las poblaciones afrodescendientes que viven en sus proximidades. Con la creación de un puesto fronterizo y una aldea en Puerto Obaldía (en la frontera colombiana) en 1909, y de un sitio estable del Gobierno (la Intendencia) en la isla de El Porvenir en 1915, llegaron nuevos pobladores que explotaron los recursos de la zona (1), sobre todo el níspero, la tagua y las tortugas marinas. Tras las constantes quejas de los gunas por el uso de estos recursos por parte de agentes foráneos, unos años después el ejecutivo panameño reguló la captura de tortugas (2), y estableció el cobro de un impuesto sobre la tagua y el níspero a los habitantes de la costa limítrofe y de Puerto Obaldía. Pero durante todo el siglo XX las incursiones de no indígenas siguieron siendo frecuentes: muchos pescadores colombianos o del sector de Santa Isabel aprovechaban la época de reproducción de la tortuga -entre abril y octubre- para pescar las hembras y los huevos dentro de la reserva (3).

En la actualidad los conflictos en torno al control del territorio guna poco tienen que ver con las estrategias de sobrevivencia de las poblaciones vecinas. Los problemas de control, tanto de los espacios terrestres como marinos, surgen al calor del turismo. Un conflicto que afecta la región desde hace más de una década es el que enfrenta a las autoridades gunas con los propietarios de veleros que se dedican al llamado “hotel flotante” o chárter. Esta modalidad de negocio, no permitida por el CGG, consiste en recibir turistas a bordo de veleros o catamaranes, brindarles alojamiento en régimen de pensión completa y navegar con ellos por las aguas comarcales. Esta actividad viola la ley fundamental guna por permitir el lucro extranjero y quebrantar el supuesto monopolio indígena sobre las actividades turísticas. Las autoridades comarcales se oponen a los altos beneficios que genera esta actividad para los extranjeros (cada turista paga de 150 a 300 dólares estadounidenses al día). Los avisos locales en los puntos de entrada de la comarca son claros: “está prohibido hacer el negocio del turismo en nuestro territorio” (Martínez Mauri 2015). Sin embargo, los veleristas no desisten. No entienden por qué los gunas han prohibido el chárter. Para ellos se trata de una actividad que no supone una competencia para los hoteles locales y que constituye una fuente de recursos para la comarca, pues comporta compras de víveres en las tiendas locales y de artesanía a las mujeres.

San Blas Sailing, una empresa en manos de navegantes extranjeros afincados en Panamá que inició este negocio en la región, ha sido sancionada en varias ocasiones. Esta empresa empezó a operar en 1997 sin la autorización del CGG, a partir de la iniciativa de un pequeño grupo de navegantes que quería hacer un poco de dinero para continuar su vuelta al mundo. Atraídos por la belleza del lugar y la amabilidad de sus habitantes, pronto convirtieron la empresa en un negocio muy rentable. Cuando sus veleros se quedaron pequeños para cubrir la demanda de centenares de turistas que querían pasar unos días en el paraíso guna a bordo de un velero, ampliaron su flota alquilando las embarcaciones de otros navegantes que pasaban o permanecían en el área. En estos momentos, durante la temporada alta -de diciembre a marzo- la empresa suele contar con unos quince o veinte veleros dedicados al chárter; tres de ellos tienen capitanes gunas.

La relación de la empresa de chárteres con el CGG no siempre se ha fundamentado en la prohibición. Durante un período de cuatro años, de 2000 a 2004, la empresa legalizó su situación ante el Congreso y pasó a pagar 150 dólares americanos al mes por velero en concepto de permiso de actividad turística. No fue hasta un CGG celebrado en Dadnagwe Dubbir que los gunas decidieron que la empresa violaba la ley fundamental y que por lo tanto debía abandonar sus actividades. Desde ese entonces esta empresa -más muchas otras que han proliferado en los últimos años- opera ilegalmente en la comarca. El congreso, ante las continuas demandas de revisión de la resolución, reitera su posición cada seis meses. La secretaria del turismo de la comarca, en cumplimiento de las resoluciones del CGG, realiza numerosas giras para sancionar a las embarcaciones que infringen la ley alojando turistas a bordo.

Otro conflicto relacionado con el turismo y el acceso al territorio comunal guna ha estallado durante la primera mitad del año 2016. En esta ocasión, el conflicto enfrenta el gobierno del presidente Juan Carlos Varela y las autoridades comarcales. Todo empezó el 4 de marzo, cuando el informativo televisivo de TVN (4) difundió un confuso incidente entre un grupo de hombres gunas y un turista en uno de los puertos de entrada al territorio guna. En el corto y ambiguo vídeo que difundieron los medios de comunicación se aprecia a un turista francés que ha sido reducido por varios hombres gunas. Unos días después, otro medio nacional hizo circular el vídeo (5) de nuevo explicando que el turista fue atacado ante su supuesta negativa a pagar los impuestos que el CGG y las comunidades cobran para incursionar en su territorio. En este momento las agencias gubernamentales, como la Autoridad del Turismo de Panamá y el Ministerio de Gobierno, empezaron a elaborar un discurso en torno a la problemática relación entre violencia, inseguridad y turismo. Criticaron el sistema de cobro de impuestos gunas y anunciaron medidas para combatirlos. Todo ello, a pesar de que entretanto se esclareció que el video inicial solo era una secuencia que no reflejaba la realidad. El fragmento no mostraba una agresión previa del turista a las autoridades que cobraban impuestos en la entrada. Durante los siguientes días, se aviva el debate en torno a los cobros que realizan los gunas a los turistas. Aparecen nuevos videos en los medios de comunicación, en las redes sociales la gente opina (6) y el viceministro de asuntos indígenas, Irene Gallegos, comparece en público (7) para explicar que el gobierno actuará para esclarecer la situación.

Durante esos días de intenso debate público, el ministro de gobierno Milton Henríquez declara ante los medios (8) que los cobros que efectúan los gunas son ilegales y argumenta que ellos no deben tener derechos diferenciados por ser originarios, pues llegaron a la región en una época tardía. El ministro apelando a la historia afirma que “los gunas y los emberá (y probablemente los wounaan) llegaron al istmo después de los europeos y los africanos” (9), en el siglo XVII, y que por ese motivo no se justifica que reivindiquen “un derecho ancestral para demostrar que el istmo les pertenece”. Los gunas, según el ministro, no pueden cobrar impuestos por acceder a su territorio bajo ningún pretexto. Sin embargo, en la misma entrevista sostiene que si se tratara de una finca privada que ofreciera una actividad ecoturística, sí podrían cobrar por el ingreso.

Tras estas polémicas declaraciones, la Junta Ejecutiva del Congreso General de Gunayala emite un comunicado, con fecha del 18 de abril (10), en el que anuncia que no se reunirá más con las instituciones del gobierno e insta a los funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá y del Servicio Nacional de Migración a abandonar sus oficinas de El Porvenir para el próximo 23 de abril. Según las autoridades gunas, durante los últimos meses estos trabajadores del gobierno han mostrado “actitudes contrarias al máximo organismo y falta de cooperación y promueven la desatención de las normas internas de Gunayala, sobretodo, los cobros que tradicionalmente han hecho a las embarcaciones sin ninguna inconveniencia”. Todo parece indicar que estas instituciones desalientan a los propietarios de veleros, catamaranes y otras embarcaciones recreativas a pagar los impuestos comarcales (30 dólares US$ al mes) apelando a su ilegalidad.

El 10 de mayo, uno de los tres sagladummad (11) de la comarca, Belisario López, denuncia en Nueva York, en la XVI edición del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, y ante la presencia del viceministro de asuntos indígenas (Irene Gallegos), que el gobierno no respeta su autonomía política. Explica que los cobros que realizan a los turistas son una expresión de su derecho a la libre determinación y obedecen a una lógica ambientalista: el punto de entrada a su territorio, el área de Nusagandi, es un área protegida reconocida por la República de Panamá desde el 1994 (Ley 22, INRENARE). Por lo tanto, el cobro que realizan las autoridades gunas (12) para acceder a su territorio debe ser considerado una tasa ecológica.

La última fase de este conflicto se presenta en una conferencia de prensa del 7 de junio en la que las autoridades gunas anuncian los acuerdos tomados en el último Congreso General celebrado en la comunidad de Mamsuggun a finales de mayo (13). Acuerdos que incluyen: declarar al ministro de gobierno persona non grata por no respetar la autonomía indígena, la renuncia al sueldo gubernamental de los tres sagladummad, y reafirmar los acuerdos tomados por la Junta directiva (expulsión de Autoridad Marítima de Panamá y Servicio Nacional de Migración de las oficinas de El Porvenir).

Tanto el conflicto que enfrenta a las autoridades gunas con el gobierno de Juan Carlos Varela, como el que las opone a las empresas y veleristas que quieren hacer negocios en su territorio, pone en evidencia que el sistema tradicional de tenencia del territorio, y sus recursos, no parece ser compatible con el nuevo uso turístico que promueven estas instancias externas. Los agentes no indígenas apuestan por la tendencia general que experimentan los comunes bajo presión: en el caso de propiedades colectivas terrestres, convertirse en regímenes de propiedad privada; mientras que en el de sistemas de propiedad colectiva del mar, transformarse en regímenes de acceso abierto (Acheson 2015 y Aswani 2002). Pero estas tendencias no coinciden con los objetivos territoriales del pueblo guna.

2.3. Actualizando la lógica comunitaria a una nueva actividad económica

El surgimiento de actividades turísticas lucrativas por parte de empresas foráneas en el territorio marítimo comunitario guna ha provocado la actualización del derecho consuetudinario. Si bien a mediados del siglo XX la Ley 16 ya estipuló de forma muy clara que no se podían adjudicar tierras comarcales “a ninguna persona que no forme parte de la comunidad indígena”(14), tuvieron que producirse expulsiones -en algún caso, violentas- de hoteleros extranjeros establecidos en algunas islas (15) para que los intereses de los inversores turísticos se retirasen y respetasen los derechos territoriales de los gunas. Muchos de estos inversores alegaban que las islas, al no ser tierras, no se regían por esta Ley, e incluso algunos planeaban construir hoteles en islas artificiales (16). La beligerancia de los habitantes de las islas de Gunayala puso en evidencia que las islas también eran parte de su territorio y que nadie que no fuera de la comunidad podía apropiarse de esos espacios.

Hoy en día con el mar está sucediendo algo parecido a lo que pasó con las islas en los años 1970. Los inversores extranjeros, y el mismo Estado, no consideran que deba ser un espacio que esté bajo la jurisdicción de las autoridades indígenas, ya sean éstas comarcales o comunitarias. Según los actores externos, las aguas son un espacio abierto en el que la movilidad no debe ser fiscalizada. Para los gunas, en cambio, el mar forma parte de su territorio. El mar es lugar de tránsito, pesca y contacto, pero también de control. A su modo de ver, no debe ser un espacio de libre circulación ni de lucro para extranjeros. Por este motivo aplican los cobros a los visitantes, pero también controlan aquellos que hacen negocio transportando pasajeros, tanto en el mar como en la tierra firme.

Desde finales de los años 2000, en el seno del CGG, opera una Secretaría de Transporte Terrestre y Marítimo que se encarga de otorgar licencias a los vehículos que realizan el servicio de transporte en 4×4 desde la ciudad de Panamá hasta puerto Gardi (Gunayala) y a las pangas (embarcaciones pequeñas) que llevan pasajeros en la comarca. Si bien en el caso de autos no es requisito ser de una comunidad guna, en el caso de las pangas, para ser autorizado por el CGG, si es requisito ser local y contar con el visto bueno de una autoridad comunal. Estas restricciones pueden ser leídas como una readaptación del sistema de gestión del recurso marítimo a su nuevo uso turístico.

 

3. Caso 2: Turismo y espacio lacustre comunitario en el Titicaca peruano

3.1. Aguas de la comunidad

El distrito de Amantaní lo conforman las dos islas más grandes que Perú tiene en el Lago Titicaca: Amantaní y Taquile. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2013 su población censada era de 4.449 personas, todas indígenas quechuas. Zona tradicionalmente agropecuaria y pesquera, en la actualidad su economía está más diversificada: son reputados destinos de los recorridos turísticos que pasan por el sur andino peruano. Amantaní, además, se ha convertido en un pujante productor de artesanía de la piel que se distribuye y vende en todo el país. La distritalización (conversión en municipio autónomo) a mediados de los 1960, y el establecimiento e incremento de los servicios educativos y sanitarios en las últimas décadas, han supuesto también nuevas fuentes de ingresos de carácter burocrático-funcionarial. La mayor parte de estas actividades económicas no han estado exentas, en algún u otro momento, de conflictos dentro de la comunidad o entre la comunidad y agentes foráneos. El caso que ahora nos ocupa, relativo al uso y usufructo del espacio lacustre, es un ejemplo.

En la zona peruana del Titicaca se distribuyen más de 150 comunidades pesqueras. A cada una le pertenece un espacio lacustre definido, considerado como un recurso comunal. Es decir, es propiedad de todos los miembros de la comunidad y todos tienen derecho a usufructuar los recursos que genera: la pesca y la totora (junco acuático gigante que se utiliza en la construcción, en la elaboración de determinados muebles y como alimento para el ganado vacuno) (17). Dominique P. Levieil y Benjamin Orlove, que en los 1980 y 1990 estudiaron el funcionamiento de la pesca artesanal en el Titicaca (Levieil y Orlove 1990, Orlove 1991, Orlove y Levieil 1989), consideraban que los territorios comunales de pesca insulares se caracterizaban por: a) tratarse de zonas de gran profundidad, por lo que los lechos de totora son escasos y muy costeños; b) una delimitación del espacio comunal imprecisa, ya que el tipo de pesca propio de estas áreas (básicamente el ispi, pequeño pez autóctono de la familia de los ciprinodóntidos que se mueve en cardúmenes) hace que los límites frontales sean muy amplios, dependiendo de la movilidad de los bancos de peces.

La gestión de las pesquerías por parte de las comunidades, basado en principios consuetudinarios, ha sido enfrentada en ocasiones por el Estado a través de mecanismos como la prohibición estacional de la pesca o el registro de pescadores. Y es que el Lago tiene la categoría de Reserva Nacional desde 1978, y la lógica estatal ha sido homogeneizar y centralizar su control marginando la diversidad y las formas descentralizadas y autóctonas de gestión (Guevara Gil 2008). Pero el éxito de esas medidas restrictivas ha sido muy limitado. Los pescadores han eludido hábilmente las normativas gubernamentales aprovechando su control del territorio y la debilidad del Estado (Orlove y Levieil 1989, Levieil y Orlove 1990). A mediados de los 1990, por ejemplo, la presión gubernamental para el mantenimiento de la veda sobre el ispi se incrementó aprovechando que la pesca destinada a la comercialización debe pasar por el puerto de Puno, la capital departamental, y que los pescadores no pueden transportar su producción pesquera en los botes, sino que están obligados a utilizar el servicio que ofrecen las lanchas a motor destinadas a pasajeros y mercancías. La Capitanía del Puerto de Puno dictaminó que aquellas embarcaciones que transportaran ispi durante la veda serían sancionadas. De esta manera, los lancheros se veían obligados a controlar a los pescadores. Estos, sin embargo, no cesaron su actividad. Contrarrestaron esas medidas con diversas estrategias: incrementar el trueque y la venta dentro de la propia isla, o almacenar las capturas para venderlas tras el levantamiento de la veda aprovechando que el ispi que se destina al mercado es secado al sol, lo que permite su conservación por largo tiempo. A mediados de la década de 2000, más de la mitad de los pescadores artesanales del Titicaca carecía de permisos gubernamentales y más de la mitad de sus botes no estaban matriculados (Segura, Guardia y Cervantes 2013).

En contra de lo que se podría esperar, la elusión de las vedas y reglamentaciones no afecta la sostenibilidad de las pesquerías (que por el contrario, sí han sido dañadas por la introducción en el Lago de especies depredadoras foráneas como el pejerrey y la trucha o por la contaminación minera). Orlove, Levieil y Treviño (1992) afirmaban que la explotación eficiente y sostenible por parte de los pescadores artesanales se debía a la regular distribución de los territorios de pesca comunitarios, y a la vigilancia y control que la comunidad hace de ellos. Nuestro trabajo en Amantaní nos llevó a valorar el papel de un tercer factor. Si bien todos los isleños tienen derecho al usufructo de su territorio comunitario de pesca, solo una minoría hace uso de él. El número de familias que se dedican a la pesca es muy acotado. Eso se debe al alto coste de la inversión (bote y aparejos de pesca), la dedicación que requiere (que dificulta participar en otras actividades económicas o en la emigración estacional) y a la existencia de otros sectores donde invertir el capital familiar (como sería el caso del turismo, el comercio a pequeña escala -tiendas de víveres- o la peletería). El resultado es que el número de pescadores se adecúa a la capacidad de resiliencia del recurso (Gascón 1996).

El conflicto con el Estado no se ha circunscrito a la actividad pesquera. A finales de los 1970, el Estado intentó establecer medidas conservacionistas sobre la recolección de la totora. Las comunidades lacustres se opusieron exitosamente defendiendo sus derechos consuetudinarios sobre el territorio lacustre. Finalmente, el Estado solo estableció como zona protegida de totoral una pequeña franja costera (Orlove 1991).

En la década pasada, Michael Kent (2008) planteó que con anterioridad a estos conflictos con el Estado no existían normas y mecanismos consuetudinarios sobre la territorialidad lacustre en el Titicaca, ni eran considerados espacios de propiedad comunitaria. Cuestionando la literatura académica previa, afirmó que la formación de la propiedad comunitaria en el Lago se gestó en el conflicto entre autoridades gubernamentales y población indígena. Sería resultado de esas disputas que espacios imprecisos y compartidos se transformaron en territorios definidos y exclusivos para cada comunidad. Es cierto que en momentos de tensión, las normas consuetudinarias son más recurrentes y visibles, pero eso no quiere decir que antes no existieran. Creemos que Kent no llega a entender que el derecho consuetudinario es un sistema normativo-jurídico “vivo”, que se adecúa a las circunstancias y necesidades coyunturales, que se discute y reajusta a contextos cambiantes y situaciones de las que no hay precedentes. Las normas y la formalización de los espacios lacustres comunitarios han ido acomodándose y adaptándose a los conflictos surgidos entre comunidades y agentes foráneos, pero eso no significa que no hubiera pautas de gestión y derechos de uso y de propiedad comunitaria establecidos por la costumbre y la tradición.

Un ejemplo de restructuración o revisión de normas consuetudinarias y derechos comunitarios sobre la territorialidad lacustre a un contexto cambiante se dio con el surgimiento del turismo en la década de los 1970. Impulsado por el gobierno y con el apoyo puntual de la cooperación internacional, en esos años se inició una política de desarrollo turístico en las dos islas del distrito. Taquile fue especialmente exitosa. Su relativa cercanía a la ciudad de Puno (de donde salen los tours por el Titicaca), su peculiar artesanía textil, o el rol de “bisagra” jugado por agentes foráneos (sacerdotes, antropólogos…) que residían en la Isla, conocían el funcionamiento del mercado turístico y defendían el derecho de la población local, explican en parte este éxito. Mediante un sistema de turnos, todos los isleños podían recibir y alojar a turistas en sus hogares, lo que aseguraba una cierta redistribución de los beneficios del nuevo recurso (Healy y Zorn 1983, Zorn 2005, Zorn y Farthing 2006). En Amantaní, en cambio, el proceso generó conflictos intracomunitarios. Más poblado que Taquile y recibiendo menos turistas, el sistema de turnos fracasó: no podía funcionar con tan pocos turistas por familia. Una minoría, los propietarios de las lanchas que comunicaban la isla con la ciudad de Puno, se hicieron con el control del alojamiento turístico, disparando tensiones internas que se materializarían en el ámbito político-institucional e incluso en el religioso (Gascón 1996, 2005 y 2011, Pérez Berenguer y Gascón 1997).

Pero más allá de cómo el desarrollo turístico afectó de forma diferenciada las relaciones sociales intracomunitarias, ahora nos interesa cómo los isleños hicieron frente al interés de agentes foráneos en esa nueva actividad.

3.2. Actualizar la lógica comunitaria a una nueva actividad económica

M. era un turoperador alternativo cusqueño. Cada otoño llegaba a Amantaní acompañado de un grupo de turistas norteamericanos y centroeuropeos para hacer ejercicios espirituales. En 1994, él y su mujer decidieron levantar un edificio destinado a acoger huérfanos, y a tal efecto empezaron a buscar financiación. Imbuidos por principios caritativos, no esperaban que sus problemas procediesen de la población autóctona. La Casa de Huérfanos empezó a ser construida a escasos metros del muelle principal de la Isla. Por su situación y por el oficio de M., los isleños empezaron a sospechar que el edificio podía tratarse, en realidad, de un hotel. Rápidamente se generó un ambiente de oposición al proyecto y las autoridades decidieron vetarlo.

La reticencia isleña a la Casa de Huérfanos no fue resultado de una desconfianza innata en los amantaneños, sino consecuencia de problemas habidos anteriormente con agentes turísticos foráneos. Estos habían intentado controlar el turismo isleño cuando esta industria estaba en formación. Las acciones más agresivas por controlar la actividad procedieron de los turoperadores de la ciudad de Puno. Hasta entonces, y mientras el transporte se había ceñido a pasajeros locales y mercancías, la ruta entre las islas y Puno había sido monopolio de los transportistas isleños. Con el desarrollo de la actividad turística en el distrito, el itinerario despertó el interés de embarcaciones foráneas que se dedicaban al transporte turístico, mayoritariamente propiedad de las agencias de viajes de la ciudad.

Con la finalidad de controlar la ruta, estas empresas transportistas denunciaron en la Comandancia de Marina a las lanchas amantaneñas y taquileñas por trabajar sin los permisos correspondientes. A tal efecto, se reunieron con diversas autoridades en Puno. Gracias a la mediación de un ingeniero del FOPTUR (institución pública peruana para la promoción del turismo que funcionó entre 1977 y 1996), un representante amantaneño pudo asistir a una de esas reuniones como observador. Allá pudo enterarse de cuál era la intención precisa de esas empresas: impedir que los isleños pudiesen transportar turistas por no estar legalizados como empresa turística, y así apropiarse de la ruta con fines turísticos.

Los amantaneños se dieron cuenta que si no actuaban urgentemente iban a perder sus derechos sobre la ruta. Decidieron que estas medidas pasaban por formar una empresa que reuniese a todas las sociedades lancheras de Amantaní y les diese un estatuto legal. Manuel M. fue escogido para hacer los trámites de legalización.

Manuel se encontró con dos dificultades a la hora de ejecutar este mandato. Por un lado, el temor a represalias sobre su persona por parte de las empresas lancheras de Puno, que le amenazaron ante la posibilidad cierta de que la creación de la empresa podía dar al traste con sus intenciones. Por el otro, el desinterés de las instituciones gubernamentales puneñas en realizar los trámites legales necesarios, pues algunos de sus cargos de rango más elevado tenían establecidas relaciones clientelares con las sociedades lancheras de la capital departamental. A su favor sólo tenía el apoyo de los ingenieros de FOPTUR, enfrentados con la dirigencia política de la institución.

Después de varios meses batallando infructuosamente, decidió desplazarse a Lima para hacer los trámites de formalización de la empresa. Tras establecer los contactos pertinentes a través de los ingenieros amigos, las sociedades lancheras amantaneñas hicieron un fondo para costear los gastos del viaje. Este viaje fue fructífero.

Tras varios años en los que el conflicto se fue agudizando a la par que el volumen de turistas aumentaba, en 1988 los amantaneños establecieron su propia empresa de transportes, legalmente reconocida en abril de 1990: la Empresa Isla Amantaní, más tarde denominada Empresa de Transporte Turístico Lacustre de Amantaní, y comúnmente conocida como Empresa Turística. Esta entidad no solo permitió transportar legalmente a turistas, sino también les concedió el monopolio sobre la ruta entre Amantaní y Puno, y el reconocimiento del carácter comunal del recurso: solo los isleños tenían el derecho a establecer su propia lancha e ingresar en la Empresa Turística.

Unos meses después se llegó a un acuerdo con las sociedades lancheras de Puno: estos solo podrían realizar la ruta Amantaní-Puno cuando el número de pasajeros fuera superior a la capacidad de transporte de las embarcaciones amantaneñas. En la práctica, este pacto no tuvo efecto, dado el número de turistas que llegaba a Amantaní y el incremento de lanchas de la Isla a partir de 1990. Esto provocó el descontento de los lancheros puneños, que no obstante, no pudieron ya hacer nada al respecto más que provocar pequeños enfrentamientos en el muelle de Puno sin consecuencias sobre el control de la ruta.

La estrategia taquileña fue algo diferente. En este caso, los esfuerzos se destinaron a ser reconocidos oficial y legalmente como comunidad campesina, un estatus formal que fortalecía sus derechos sobre el control del territorio, incluido el lacustre (Zorn 2004,  Zorn y Farthing 2006 y 2007).

3.3. ¿Formalizaciones legales para fortalecer el derecho consuetudinario o crisis de la propiedad comunitaria?

En Amantaní, la razón de crear una empresa cooperativa fue afirmar y consolidar el derecho comunitario sobre el espacio lacustre en relación a la actividad del transporte turístico. Podría pensarse que esto supuso un proceso de privatización de esos derechos comunitarios, ya que solo aquellos isleños que poseen lancha forman parte de la empresa. Pero la empresa, de carácter cooperativo, establece en sus estatutos que está abierta a cualquier nueva sociedad lanchera que se forme en Amantaní y por amantaneños. De hecho, en los 1990 hubo un boom en la construcción de embarcaciones, y todas entraron a formar parte de la empresa.

Es importante entender que la propiedad en común no implica la participación o el usufructo de todos los miembros de la comunidad. Como recuerda Robert Netting (1997), el disfrute de los recursos comunales es mayor en aquellos usuarios que disponen de más bienes privados. En este caso, las embarcaciones de transporte. Como ya hemos visto, también la pesca es un recurso comunitario que solo aprovecha una minoría.

No obstante, es cierto que la empresa redujo el número de personas que tienen un papel activo en la toma de decisiones sobre este usufructo del recurso lacustre. Alcanzado el objetivo de certificar el derecho comunitario sobre el transporte, la empresa no se volvió una institución fantasma. Por el contrario, los lancheros empezaron a encontrar nuevas utilidades y a utilizarla políticamente, hasta convertirla en un poder fáctico a través del cual los lancheros se representan y defienden sus intereses. En este sentido, es en el seno de la empresa donde se toman las decisiones de gestión y funcionamiento del transporte. En el caso de la pesca, la minoría que se dedica a esta actividad son los que, en la práctica, la gestionan. Pero formalmente las decisiones son comunitarias. El transporte, sin embargo, se convirtió en una actividad de gestión cooperativa, aunque sobre un recurso reconocido por todos como comunitario. Diversos conflictos que fueron surgiendo posteriormente entre las autoridades de la isla, los lancheros y otros sectores sociales críticos con el rol de la Empresa, se pueden explicar por esta situación discordante generada por la estrategia utilizada para conservar la propiedad comunitaria del espacio lacustre a través de formas “modernas” de organización como es la empresarial.

Hemos comentado que en los 1980 el alojamiento turístico en la Isla de Amantaní terminó siendo monopolizado por los propietarios de lanchas. El escaso número de viajeros que llegaban y el relativamente elevado número de isleños hizo que el sistema de turnos, que funcionaba bien en Taquile, aquí no se pudiera aplicar. El costo de mantener una habitación según las normativas higiénicas establecidas por FOPTUR y el pago de impuesto anual era superior a los ingresos que cada familia habría obtenido si el sistema de turnos se hubiera activado como estaba previsto. Aprovechando que los turistas llegaban en sus embarcaciones, los lancheros acabaron llevándoselos a sus casas o a las de allegados. Esta situación se convirtió en el eje de la conflictividad intracomunitaria, que terminó transmitiéndose al ámbito político. En las elecciones municipales del 2002 se llegaron a presentar 12 candidaturas para un distrito con 2.500 electores, y la vencedora obtuvo menos del 20% de los votos emitidos. Además, los cargos políticos solían ser denunciados ante la justicia por corrupción y revocados con asiduidad. Amantaní se convirtió en un paradigma de la conflictividad política local y rural en el Perú (Remy 2005).

Con la aplicación de políticas neoliberales que se plasmaron en la nueva constitución de 1993, las restricciones a los transportistas foráneos se fueron relajando. Además, diversos isleños empezaron a establecer acuerdos bilaterales con los turoperadores puneños. Elayne Zorn y Linda Farthing (2006 y 2007), para el caso taquileño, explican cómo a finales de la década la inmensa mayoría de los visitantes (más del 95%) ya no pernoctaban en la Isla y llegaban con lanchas no taquileñas. Ambos elementos supusieron una fuerte disminución de los ingresos por turismo y transporte turístico, compensado solo parcialmente por el fuerte incremento en el número de turistas tras el fin del conflicto armado de Sendero Luminoso y el impulso del turismo internacional. En Amantaní pasó una situación similar. Por la mayor distancia al puerto de Puno, los visitantes sí suelen pernoctar. Pero como hemos visto, es un ingreso monopolizado por los lancheros. Esto hizo que determinadas familias establecieran acuerdos bilaterales con turoperadoras puneñas, que llevaban turistas a sus casas en sus propias embarcaciones. Con el tiempo, las agencias turísticas puneñas han acabado imponiendo sus condiciones e incrementando su participación en los beneficios que genera un recurso de titularidad, teóricamente, comunitaria.

La gestión y usufructo del común siempre ha sido una arena en el que se han materializado tensiones comunitarias. Pero las normas consuetudinarias, aquellas establecidas por la costumbre y transmitidas de generación en generación, han permitido encauzar esta conflictividad. Sin embargo, estos mecanismos de regulación parecen entrar en crisis en Amantaní ante el desarrollo del turismo (y del transporte turístico). Las razones son múltiples. Hemos visto algunas: la complicada adaptación de principios consuetudinarios a actividades del sector servicios (transporte, turismo), de naturaleza tan diferente a los tradicionales (pesca, agricultura, ganadería) donde el producto es mucho más tangible; la adopción de estructuras y formas de gestión no tradicionales como la empresa cooperativa; la presión de agentes foráneos para participar en el usufructo de esos comunes; o el desarrollo de políticas neoliberales que favorecen estos intereses.

 

4. Conclusiones

Tanto en la comarca de Gunayala como en el Lago Titicaca, bajo las tensiones políticas y sociales que se dan alrededor del turismo, subyace una pugna por la forma de propiedad del espacio acuático y de los beneficios que genera: ¿propiedad público-estatal, comunitaria, cooperativa, acceso abierto?

Una percepción muy difundida considera los comunes y sus regulaciones consuetudinarias como formas de propiedad y gestión ancladas en un pasado remoto y, por tanto, anacrónicas. Se trata de una afirmación que hunde sus raíces en el siglo XIX (Giménez Romero 1990), pero que resurgió hace casi medio siglo a partir del artículo que Garrett Hardin (1968) publicó en Science. Hardin afirmaba que el uso comunitario de los recursos naturales es económicamente ineficaz y lleva, en condiciones de crecimiento demográfico, a su sobrexplotación: dado el carácter egoísta del homo economicus, cada individuo intentará explotar al máximo el recurso en provecho propio y socializar los costos (el agotamiento del recurso). Ante esta situación, solo dos opciones pueden asegurar la sostenibilidad del recurso: la privatización o la estatalización.

El “neomalthusianismo hardiniano” tuvo éxito (e. g. Campbell y otros 2005, Smith 1981). Pero también suscitó numerosas críticas. La principal apuntaba a que confundía acceso abierto (open acces) con común (common ownership). De hecho, el común es una forma de propiedad privada: los miembros de la comunidad son sus propietarios. Otra apreciación es que está supeditado a mecanismos consuetudinarios de regulación, gestión y control, y por tanto no hay un libre aprovechamiento individual que pueda incitar la codicia humana. Otro punto crítico son los casos de éxito de la gestión comunitaria, que niegan la tesis de la pobreza de los comunes. Finalmente, se acusa a la tesis de Hardin de apriorismo: se basa en hipótesis abstractas no contrastadas con casos empíricos (e. g. Burke 2001, Fenny y otros 1990, Ostrom 2015).

Las investigaciones realizadas con pescadores desde los años 1970 ayudaron a contestar el modelo explicativo hardiniano. Robert E. Johannes (1978, 1981) en base a su análisis de los sistemas tradicionales de tenencia marina en el Pacífico Sur, mostró que existían normas comunales que limitaban la sobreexplotación. Los arrecifes y lagunas estaban regidos por un sistema de tenencia que tenía como finalidad controlar el acceso a las áreas de pesca por parte de pueblos, clanes o familias (Johannes 1978). Por su parte Edvard Hviding (1988) puso en evidencia que en Marovo (Islas Salomon) las relaciones entre los habitantes y los recursos estaban mediadas por los grupos de parientes y los territorios. En este contexto los grupos de parentesco (butubutu) establecían una serie de regulaciones sobre el uso de los recursos marinos con el fin de limitar el acceso al territorio, el uso de tecnología y la explotación de ciertas especies (Hviding 1988: 54). Constatamos que han existido y existen sofisticados sistemas de tenencia del mar que a partir de restricciones estacionales, territoriales y tabúes alimentarios han favorecido la conservación de algunas especies marinas en lugares como Papua Nueva Guinea y el Estrecho de Torres (Clarke 1990, Johannes 1982 y Nietschmann 1989).

En definitiva uno de los grandes logros de la antropología marítima ha sido acabar con la idea que las pesquerías no tenían dueño y haber explorado las formas autóctonas de percibir, nombrar, repartir, poseer y defender los espacios marinos y sus recursos (Cordell y McKean 1992: 183, Acheson 1981, Berkes 1989). En estas exploraciones se han reportado casos en los que el mar era un lugar de libre acceso para algunos tipos de pesca, mientras que para otros, los individuos y las comunidades habían desarrollado sistemas de tenencia de los recursos (Acheson 1981, Berkes 1989). También se han documentado sistemas que limitaban espacios de control (Ostrom 1990, Bromley 1992). Algunos trabajos han detectado la delimitación de áreas de explotación en conexión con el desarrollo de la pesca comercial. Este sería el caso de algunas comunidades dedicadas a la pesca comercial del camarón o de la sardina (Begossi 1995).

Precisamente los resultados de los dos casos analizados en este artículo nos acercan a esta percepción crítica del análisis hardiniano. Tanto en el Titicaca como en Gunayala, y ante el surgimiento del turismo o de nuevas modalidades turísticas, la población indígena ha reelaborado y negociado su derecho a la territorialidad del espacio martímo/lacustre y su forma consuetudinaria de gestión. En ambos casos, la concepción comunitaria del espacio acuático no estaba inicialmente adaptada a la actividad turística. Pero rápidamente la comunidad actualizó sus derechos territoriales y estableció nuevos mecanismos de regulación consuetudinarios, lo que refuta la acusación de anacronismo.

No se trata de un proceso sencillo. En ambos casos, el común se convirtió en un espacio de conflicto. Intereses privados foráneos, deseosos de participar en el usufructo del turismo, han negado el carácter comunitario del territorio acuático indígena, defendiendo que se ha de considerar un open acces. En ambos casos, también, el Estado ha propuesto la consideración de ese espacio como propiedad pública, negando los derechos indígenas sobre su territorio (recordemos los comentarios del ministro de gobierno panameño) o aduciendo prioridades medioambientales (Titicaca como reserva natural). En Amantaní y Taquile, el turismo ha generado tensiones intracomunitarias por el interés de una minoría, los lancheros, en convertir el turismo en un beneficio de propiedad privada-cooperativa de facto. El turismo ha sido el catalizador de un discurso sobre la modernización rural que arremete contra la propiedad común y el derecho consuetudinario.

El discurso que acusa de anacrónica la propiedad comunitaria y los derechos consuetudinarios facilita estas acciones que reclaman su derogación en pos de formas de propiedad y gestión supuestamente más eficientes y más eficaces. Es un discurso y unas propuestas dudosas, como hemos explicado. Pero además, y como en su día defendieron Ciriacy-Wantrup y Bishop (1975), aun cuando la privatización y la estatalización de los recursos naturales pudieran ser más rentables en términos estrictamente económicos-crematísticos, es un proceso que a menudo conlleva el incremento de la desigualdad por la pauperización de los individuos excluidos y la concentración de los beneficios en una élite, foránea o local. Los casos presentados en el artículo ejemplifican esta situación.

Recordemos que “común” no equivale a “igualdad social”. Por el contrario, como ya hemos afirmado citando a Netting (1997), el disfrute de los recursos comunales es mayor para aquellos que disponen de más bienes privados: quien tiene diez vacas obtiene diez veces más beneficio de los pastizales comunitarios de aquél que solo tiene una. No obstante, la lucha por la defensa de la propiedad comunitaria de los recursos turísticos de isleños del Titicaca y gunas del Panamá busca no solo la defensa del territorio frente a intereses externos (y/o de minorías locales), sino defender la cohesión social en base a una economía moral. Es decir, una economía que si bien acepta y consolida la diferenciación social, establece mecanismos que regulan la distancia entre pobres y ricos consolidando unos derechos comunes.

 


 Notas

1. Cf. Ley 56 del 28 de diciembre de 1912. Narciso Navas 1909 “Estudio sobre la cría de tortugas y careyes en la costa Atlántica; 1910 Informe no. 9; 1910 Informe no. 10 de 1910. N. Navas al Gobernador de la provincia de Colón, 9-4-1909; N. Navas a Porras, 2-8-1913. N. Navas a Eduardo Navas, 1-15-1913. S.J. Pilides “Memorandume Notorio sobre San Blas. ABP: Presidencia cartas generales, letras L-M, 1913, tomo V, caja num. 17. Secretaria de Gobierno y Justicia (cartas) Tomo I, serie 5, año: 1912-1914. Citado en Howe (1998: 98) y Herrera (1984: 95-98).

2. Según el decreto 68 de 1915, del 28 de abril, quedó prohibida la venta y pesca de tortuga por no-indígenas en el litoral entre la punta de San Blas y el Cabo Tiburón. Se convirtió en reserva exclusiva de los kunas.

3. Archivo de la Intendencia, El Porvenir: Carta, De: brigadier general Inapakinya, A: J. A. Jiménez, secretario MGJ; 6-6-1933.

4. TVN noticias: Confuso incidente con turista en la Comarca Guna Yala, 7/3/2016:
http://www.tvn-2.com/videos/noticias (última consulta: 8/6/2016).

5. Telemetro: Turista agredido en Guna Yala supuestamente por no pagar impuestos, 18/3/2016. http://www.telemetro.com/nacionales (última consulta 1/6/2016).

6. Véase, por ejemplo, el hastag #impuestosGunayala en la red social twitter.

7. TVN 18/03/2016: Tras altercado surge debate por pago de impuestos en Guna Yala:
http://www.tvn-2.com/nacionales/Gobierno-reunion (última consulta 13/06/2016).

8. Telemetro: Ministro de gobierno reacciona a conflicto con Guna Yala.
http://m.telemetro.com/nacionales/entrevistas (última consulta: 13/06/2016).

9. Ídem.

10. Congreso General de Gunayala: http://www.gunayala.org.pa/comunicado

11. La comarca de Gunayala nombra tres sagladummad o caciques generales. Se trata de tres personas ancianas y respetadas que trasladan la voluntad del Congreso General al Estado y otros agentes externos. Su función se limita a la transmisión de mensajes, en ningún caso tienen poder para tomar decisiones al margen de la asamblea.

12. En estos momentos los turistas extranjeros pagan 20 dólares (US$) y los nacionales 10 US$ en el puesto de control de Nusagandi. Además del cobro, los gunas controlan el acceso a su territorio con una barrera que solo se levanta entre las 7:00 h. y las 16:30 h.

13. Véanse resoluciones en: http://www.gunayala.org.pa/Resoluciones (última consulta: 13/06/2016).

14. Véase artículo 21, Ley 16 de 1953.

15. Véase el caso de los norteamericanos Barton y Moody en Martínez Mauri 2010.

16. En los años 1970 el gobierno panameño tenía la intención de construir un complejo hotelero de 685 cuartos, con capacidad para albergar hasta 1166 turistas, sobre el mar. Preveía levantar el complejo encima de los llamados cayos Grullos, cerca de Río Sidra.

17 Según establece la Ley General de Comunidades Campesina del Perú de 1987 (Ley núm. 24656), “las comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país” (el énfasis es nuestro).

 


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Gazeta de Antropología