Gazeta de Antropología, 2020, 36 (2), artículo 07 · http://hdl.handle.net/10481/65246 Versión HTML
Recibido 19 noviembre 2020    |    Aceptado 29 diciembre 2020    |    Publicado 2020-12
Trayectorias, tensiones y propuestas de la Antropología hecha en Colombia
Trajectories, tensions and proposals of Anthropology made in Colombia





RESUMEN
Este artículo ofrece una aproximación a algunos de los momentos y contextos más relevantes de la institucionalización y la práctica antropológica en Colombia. Sin perder de vista las interconexiones y geopolíticas de la producción del conocimiento, el artículo busca poner de relieve algunos de los debates e hitos más significativos de la antropología hecha en Colombia, a la vez que pretende considerar su diversidad de preocupaciones y conceptualizaciones teórico-metodológicas. Tensiones vinculadas a la construcción de nación y a las dinámicas del conflicto armado han demandado no solo investigaciones situadas y comprometidas con la realidad local, sino también un particular estilo de vinculación al espacio público y político. Al final, esperamos otorgar una mirada panorámica sobre las principales tendencias del trabajo realizado en el establecimiento nacional para comprender su especificidad en el contexto de las antropologías producidas en la región.

ABSTRACT
This paper offers an approach to some of the most relevant events and contexts on the institutionalization and practice of anthropology in Colombia. Without losing sight of the interconnections and geopolitics of knowledge production, the article seeks to highlight some of the most significant debates and milestones, as well as the diversity of concerns and theoretical and methodological conceptualizations of the anthropology made in Colombia. Tensions related to nation-building processes and dynamics of the armed conflict, among others, have demanded not only situated and engage forms of research, but also a particular style of connection to public and political debates. In the end, we hope that this review provides a panoramic look at the main trends of the work carried out in the national establishment to understand its specificity in the context of anthropologies produced in the region.

PALABRAS CLAVE
historia de la antropología | antropología de la antropología | antropología latinoamericana | Colombia
KEYWORDS
history of anthropology | anthropology of anthropology | latin american anthropology | Colombia


Introducción

Siempre es posible contar una historia de muchas maneras. En este caso, hemos decidido contar la historia de la antropología hecha en Colombia partiendo de uno de los principales hitos ocurrido en 1941, cuando se constituyó el Instituto Etnológico Nacional (IEN) bajo la dirección de Paul Rivet. El etnólogo francés, que ya había estado en Bogotá, permaneció apenas un par de años al frente del Instituto para luego marcharse a México. No obstante, su impronta fue determinante en la forma que adquirió el establecimiento antropológico nacional a partir de ese momento. La creación de un Instituto especializado en la investigación etnológica vinculado a redes internacionales, el establecimiento de un plan de estudios para la formación de profesionales, la definición de mecanismos de divulgación de los resultados de investigación a través de museos, y la creación de un órgano de difusión especializado para los resultados académicos, fueron solo algunos de los aspectos que marcaron la institucionalización de la disciplina en el país. Lo que sucedería después de la partida de Rivet, cuando sus discípulos empezaron a crear institutos descentralizados en diferentes regiones del país, es parte del relato que intentaremos articular aquí (1).

Vale precisar que la elección de este momento no busca desconocer trabajos anteriores que podrían considerarse pioneros, algunos de los cuales fueron promovidos por intelectuales locales. Sin embargo, nos anima un interés distinto; nos proponemos mostrar cómo se hizo posible la creación de un campo (sensu Bourdieu), en el que se definió lo que debería ser la práctica de este oficio, la manera en que se formaría a sus miembros, los mecanismos para difundir su conocimiento y las instituciones encargadas de autorizar su práctica. Así mismo, consideramos pertinente adentrarnos en algunas de las tensiones presentes en la definición de sus objetos de estudios y los fines últimos del saber producido. Reconocemos, pues, que la configuración del campo es una historia en disputa, que a su vez debe ser contemplada en entramados y relaciones más amplias.

Este artículo se sitúa en una larga tradición de concebir a la antropología como una práctica que debe pensarse antropológicamente antes que asumirse como una esencia inmutable o sin locación. Por ello deseamos continuar aquí con una conversación que ya ha tenido otros escenarios y contribuciones no solo en el país, sino también en otros contextos más allá de las miradas nacionales. En Colombia es importante reconocer los esfuerzos muy tempranos del primer Congreso Nacional de Antropología celebrado en la ciudad de Popayán en 1978, donde los balances sobre el estado de la disciplina (Morales De Löök y Arocha 1979) y las primeras bibliografías anotadas (Friedemann y Arocha 1979) inauguran esta preocupación que ha permanecido vigente en las demás ediciones. También deben mencionarse las conferencias y trabajos de grado que han emergido desde entonces en los departamentos y programas de Antropología del país (Barragán 2001, Echeverri 1997, Perry 1994, Robledo 1995, entre otros), al igual que la actividades investigativas de la extinta Sociedad Antropológica de Colombia, del actual Instituto Colombiano de Antropología, así como de la reciente ACANT. Entre las publicaciones que caracterizan la Antropología en Colombia, han sido un referente fundamental los trabajos de Alicia Dussán de Reichel (1965) sobre las problemáticas y necesidades de la investigación etnológica, las revisiones de Roberto Pineda Camacho (1979, 2004) sobre las etapas y la enseñanza en la Antropología colombiana, las contribuciones de Carlos Alberto Uribe (1980a, 1980b) sobre la historia de la Etnología y la antropología colombiana, los estudios sobre las transformaciones del disciplina y la presencia e invisibilidad de poblaciones negras de Nina de Friedemann (1984 y 1987), y las trayectorias las y los pioneros de la disciplina identificadas por Milciades (Chaves 1987). Es de particular relevancia, el proyecto que culminó con la publicación de “Un siglo de investigación social” auspiciado por Sociedad Antropológica de Colombia para evaluar la producción antropológica nacional a cargo de (Friedemann y Arocha 1984), y otras contribuciones auspiciadas por el ICAN como la Introducción a la Colombia Amerindia (1987) y Encrucijadas de Colombia Amerindia (1993). También es necesario destacar el trabajo que se ha desarrollado desde 2005 sobre la investigación y difusión de la antropología e historia de la antropología en América Latina publicado en el boletín virtual Baukara de la Universidad Nacional de Colombia. Además, se encuentran reflexiones, como las de Jimeno (2000) que ya hemos anotado arriba y que buscan situar la discusión en una serie de problemáticas que ponen en dialogo la producción nacional con otras antropologías.

Finalmente, desde hace ya un tiempo, diversos autores han planteado debates interesantes acerca de la singularidad de las antropologías producidas al sur del Atlántico, en las llamadas periferias o Tercer Mundo. Podríamos también hablar de la experiencia colombiana como la de una “antropología con acento” (Caldeira 2000), o en el sentido planteado por Krotz (2015) de una “antropología segunda”. De fondo, lo que estos debates ponen de presente, al hablar de unas antropologías desde el Sur, son las relaciones, espacios y prácticas en que es posible producir conocimiento antropológico en un contexto marcado por la hegemonía noratlántica (Narotzky 2011). En la misma dirección, el proyecto de “antropologías en el mundo” aboga por el potencial pluralizador que la globalización podría aportarle a la multiplicidad de antropologías en todo el mundo, si se nutrieran de la diversidad disciplinar palpable a comienzos del siglo XXI (Escobar y Lins Ribeiro 2005). Son estas las reflexiones, que se preguntan por la geopolítica del conocimiento y las relaciones hegemónicas en los procesos de institucionalización de la disciplina, las que se van a tomarse en serio lo que podría denominarse como una “antropología de la antropología” (Restrepo y Escobar 2005).

Por ello, sería ingenuo y problemático plantearnos la tarea de contar la historia de una “antropología colombiana”, intentando identificar rasgos y hechos que constituyeran una supuesta esencia. Más bien, nos interesa contar una historia heterogénea de momentos, proyectos e intelectuales, que se superponen, encuentran y entran en tensión para dar forma a unas antropologías hechas en Colombia. Unas antropologías que por lo demás hace también referencia a trayectorias y jerarquías disimiles de lo colombiano.

Aun así, es posible encontrar algunas marcas distintivas. Para algunos, hacer antropología en este lugar del mundo implica compartir ciudadanía y territorio con los sujetos con los que se investiga, dando lugar no solo a unas formas de investigadores ciudadanos, sino también a un cierto naciocentrismo como diría Myriam Jimeno (2000 y 2003). Al mismo tiempo, deberíamos recordar que los marcos y formaciones del Estado-nación no circunscriben por completo su producción; por el contrario, antes que una disciplina aislada puede ser entendida como un nodo en una red conformada por otros lugares en el sistema-mundo de la antropología (Restrepo 2014: 84). El Instituto Etnológico Nacional, por ejemplo, fue creado en un periodo fundamental en la internacionalización del indigenismo en los países vinculados a la Unión Panamericana (antecedente de la Organización de Estados Americanos, OEA), luego de que en el marco del Primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en Pátzcuaro (México) en 1941, se definiría un ambicioso programa de intervención estatal que tomaría a las poblaciones indígenas como objeto académico de estudio e intervención institucional.

Hoy en día, los cambios promovidos en el contexto de las políticas multiculturalistas, han transformado la institucionalidad estatal y los marcos normativos nacionales en el concierto del derecho internacional. Este nuevo escenario ha tenido una fuerte incidencia en la definición del ejercicio profesional, a la vez que ha creado una situación paradójica: mientras la relación entre antropólogos y poblaciones indígenas se hace más distante en cuanto a la solidaridad con sus organizaciones y luchas, los vínculos mediados por la labor institucionalizada desde entidades estatales, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales, se hace más común.

De otro lado, las relaciones de poder entre las denominadas antropologías “centrales” o “metropolitanas” y las “periféricas” (Cardoso de Oliveira 2000, Krotz 1993) han sido otro aspecto importante para pensar la existencia o no de un estilo nacional. Varias corrientes de trabajo han ayudado a visibilizar las estructuras geográficas y discursivas sobre las que se sustenta la imagen y la idea misma de “América latina” (Mignolo 2005). En efecto, al igual que con la crítica general a los “estudios de área” (Álvarez y otros 2011), los presupuestos para una antropología marcada por la construcción de la nación deben repensarse a partir de una revisión de la geografía de la imaginación y la gestión (Trouillot 2003) que hizo posible y deseable a América latina como una zona de interés para europeos y estadounidenses.

Al preguntarnos por tradiciones académicas existentes en los países andinos, debemos preguntarnos al mismo tiempo si esta delimitación no merece ser convertida en sí misma en un objeto de estudio. Lo “andino” puede sin duda parecer una entidad geográfica con ciertas sedimentaciones culturales e históricas compartidas. No obstante, como idea, no existe al margen de un proceso de construcción de la diferencia social y espacial profundamente entrelazado con la historia de los encuentros coloniales y la conformación de los estados nacionales. Los paisajes, pueblos y culturas de la región, surgen de procesos históricos y relaciones de producción, en los cuales las representaciones de las mismas ciencias sociales han tenido un papel protagónico, aunque no siempre del todo reflexivo. Por ejemplo, para no ir más lejos podríamos preguntarnos qué sucede con el caribe, o con las interconexiones globales desatadas por los encuentros coloniales. En este sentido, aunque a menudo pasa desapercibido, una revisión de la antropología hecha en Colombia (o en cualquier otra locación), debería comenzar por atender las estructuras de poder y los procesos e interconexiones de larga data para los cuales lo “nacional,” o lo “andino” para este caso, aparecen como efectos de la red de relaciones y no como entidades preestablecidas y autocontenidas. 

Como veremos, la antropología hecha en Colombia ha vivido profundas mutaciones en cuanto a sus preguntas, institucionalidades, formas y condiciones de articulación en redes académicas locales y globales, y la emergencia de novedosas visibilidades sociales y políticas que redefinen los sujetos con las cuales se trabaja. En todo caso, estos escenarios han demandado del conocimiento antropológico no solo un tipo de investigaciones situadas y comprometidas con la realidad local, sino también un espacio público que lo ha vinculado con discusiones y proyectos de tipo político y económico de gran escala. Nociones como cultura, diferencia, diversidad se han convertido en las protagonistas para el diseño de políticas públicas y la administración de poblaciones, que de la mano con otros problemas relacionados a la desigualdad, la violencia, el extractivismo, y la patrimonialización dan pistas para comprender cómo se reelabora en el presente el campo de la antropología en el país y más allá de sus fronteras.

Ofrecemos tan solo una mirada parcial a la gran diversidad de preocupaciones y conceptualizaciones que nutren el pensar antropológico en Colombia. Nuestro objetivo no es desarrollar una revisión exhaustiva de sus genealogías y desarrollos, sino una lectura selectiva y crítica de algunos momentos claves en la práctica antropológica local. Somos consientes de que cualquier periodización puede dificultar una mejor comprensión de continuidades y relaciones que trascienden en el tiempo; lastimosamente, tienden a desaparecer en la reacomodación de una trama general, legible y coherente. Podría decirse, siguiendo las problematizaciones de los historiadores, que en la división del pasado en eventos y períodos históricos ya está en acción la obra narrativa de un proyecto moralizador (Mink 1978, White 1987: 21). Debemos en consecuencia advertir que el poder en el relato, como diría Trouillot (1995), comienza con la relación desigual en la producción de hechos y de fuentes, pero también con la creación de múltiples y diversos silencios. Esperamos que esta versión y puesta en diálogo con “otros” nodos pueda ofrecer algunos contrapesos.

Metodológicamente nos apoyamos en las discusiones y los análisis propiciados por nuestra labor como directivos universitarios de programas de pregrado en Antropología y como docentes de seminarios dedicados a la historia de la antropología en Colombia. Igualmente, han sido un insumo clave las reflexiones colectivas suscitadas en los encuentros de la RED conformada por representantes de todos los programas de Antropología del país. De esta RED también participan la Asociación Colombiana de Antropología (ACANT), y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), así como representantes del Encuentro nacional de estudiantes de Antropología y Arqueología (ENEAA).  Específicamente en marzo de 2018, a propósito de las reuniones preparatorias al XVII Congreso de Antropología en Colombia, la RED se reunió para desarrollar un ejercicio de mapeo de los programas detallando asuntos como duración de los planes de estudio, tipos de requisitos de grado, énfasis de los programas, planta de profesores, números de estudiantes, entre otros. Para el desarrollo de este artículo también incluimos las experiencias y los resultados del proyecto “Antropología hecha en Colombia,” que publicó sus dos primeros volúmenes en el V Congreso de la Asociación Latinoamérica de Antropología (ALA) en el 2017, bajo la edición de Eduardo Restrepo, Axel Rojas y Marta Saade, y el tercer volumen, titulado Pensar el suroccidente, editado por Enrique Jaramillo y Axel Rojas. Este último en coedición entre la ALA y la Universidad Icesi, fue presentado en 2019. Recientemente, coordinado por Eduardo Restrepo, el proyecto ha continuado su rumbo ampliando la colección hacía unas “Antropologías hechas en América Latina”. La ALA presentó el viernes 30 de noviembre del 2020 los libros Antropologías hechas en la Argentina (volúmenes I y II), Antropologías hechas en Perú, Antropologías hechas en Uruguay y Antropologías hechas en Venezuela (tomos I y II). Además, en el marco del VI Congreso ALA, se anunció la organización de Antropologías hechas en Chile (tomos I y II), y Antropologías hechas en México. Además, incorporamos reflexiones recogidas a partir de la realización de dos conversatorios realizados durante el XVII Congreso de Antropología en Colombia en 2019: uno sobre los Diseños y experiencias curriculares de los programas de antropología en Colombia y otro sobre los Retos del quehacer antropológico, trayectorias y dinámicas cambiantes del campo de acción profesional. En el primero, se discutió con representantes y directivos de todos los programas de pregrado en Antropología del país sobre las implicaciones de los escenarios no académicos y del panorama laboral actual para la formación antropológica en Colombia; y, en el segundo, a partir de la experiencia de egresados y profesionales se recogieron miradas etnográficas e históricas de las prácticas y oficios de la antropología en Colombia, así como de las posibilidades y retos abiertos por la ampliación y diversificación del ejercicio profesional. Finalmente, incluimos también las reflexiones provenientes del taller/seminario organizado por el Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca que convocó a profesionales, directivos y estudiantes a discutir sobre las transformaciones y la situación actual de los programas de antropología, a propósito de varias reformas que se estaban llevando a cabo en el país en el 2018.

 

1. Institucionalización

Existe un consenso más o menos generalizado en las narrativas sobre la historia de la antropología en Colombia que ubica a las reformas educativas del periodo denominado República Liberal (1930-1946), como el contexto propicio para su institucionalización (Jimeno 1990-1991, Giraldo 1998). Sin embargo, esto no debe llevarnos a ignorar el trabajo de un importante grupo de investigadores e intervenciones sobre los que se constituyeron las bases de la disciplina y que por momentos han sido relegados. En este sentido, aunque podríamos citar a cronistas, misioneros y viajeros (Duque 1965, Jimeno 1990-1991: 55), nos referimos más concretamente a intelectuales y letrados del siglo XIX (Serje 2016, Uribe 1980a). Consideramos, al igual que lo anota Margarita Serje (2016: 101), que existe una continuidad en el proceso socio-histórico en el que ciertas nociones territoriales coloniales y las visiones criollas de la otredad se superpusieron para conformar las bases de un proyecto de Estado-nación y su articulación a la “economía-mundo”.

Ya en el siglo XX, aunque antes del impulso de la agenda de modernización propia de las reformas y políticas liberales, artistas, políticos e intelectuales darían vida a movimientos que inspiraron y alentaron el pensamiento antropológico de algunos de sus pioneros. Por ejemplo, en sintonía con la Revolución Mexicana, los movimientos campesinos bolivianos y las ideas de Mariátegui, el “movimiento Bachué” desplegaría entre 1920 y 1940 estrategias que revaloraban aspectos históricos, sociales y artísticos del mundo indígena y del pasado precolombino (Uribe 1980a: 44) (2). De igual manera, en un intento por incluir lo indígena en los imaginarios y la transformación social del país, el Partido Comunista colombiano postularía en 1934 a un candidato indígena a la presidencia de la República (Caviedes 2002: 239, Pineda 1984: 213-218).

En cuanto al desarrollo de currículos y políticas educativas vale la pena destacar cómo, después de las luchas agrarias de los años 1920, se gestaron programas con el propósito de transformar la mentalidad de los colombianos a través de la difusión en zonas rurales de elementos de la llamada cultura de Occidente. Como parte de estas políticas, el Ministerio de Educación inició en 1935 la Campaña de Cultura Aldeana que elaboró estudios de corte folklorista sobre las regiones del país que sirvieron como base para el posterior diseño de políticas educativas. En una de las comisiones de esta campaña participaron Sergio Elías Ortiz, quien realizó una investigación de campo con poblaciones indígenas de Nariño (Ortiz 1935), y Jorge Zalamea (1936) que elaboró una monografía sobre este departamento en la que se ocupó puntualmente de los problemas de los indígenas.

Para el mismo periodo se produjeron estudios pioneros sobre poblaciones indígenas, como Pasado y presente del indio de Antonio García (1937), y se crearon instituciones vinculadas al posterior desarrollo de la antropología. Figuras como Gregorio Hernández de Alba, considerado el primer antropólogo colombiano, fueron centrales en este momento. En 1935, siendo aún autodidacta, integró una expedición a la Guajira junto con un equipo de investigadores norteamericanos, a partir de cuyos resultados se publicó en 1936 el libro Etnología Guajira (Chaves 1987: 48, Perry 2006: 17). Un año después fundó el Servicio Arqueológico Nacional como sección del Ministerio de Educación Nacional y en 1938 el Museo Arqueológico Nacional (Chaves 1987: 48).

Para la celebración del IV Centenario de Bogotá, fue encargado de la exposición arqueológica y etnográfica a la que asistió Paul Rivet quien había sido invitado a la posesión del presidente Eduardo Santos (Perry 2006: 31). Durante su estadía en el país, Rivet dictó una serie de conferencias en la Biblioteca Nacional sobre el origen del hombre americano, tema por el que fue más conocido en el campo disciplinario mundial. En 1939, por ofrecimiento de Rivet, Hernández de Alba aprovecharía una beca de estudio en el Museo del Hombre en París, donde además de Rivet enseñaba Marcel Mauss. Allí elaboraría una tesis sobre “la cultura arqueológica de San Agustín” (Perry 2006: 35). Rivet tuvo que huir de su país en medio de la ocupación alemana y para ello contó con la colaboración de Hernández de Alba, quien también abandonó París. Invitado de nuevo por Santos, Rivet se refugiaría en Bogotá donde fundaría el Instituto Etnológico Nacional en 1941, adscrito a la Escuela Normal Superior que dirigía el médico y educador José Francisco Socarrás. Años más tarde, en 1944, los contactos de Hernández de Alba con el establecimiento antropológico, lo conducirán al Instituto Smithsonian en Washington, donde gracias a una beca de la Fundación Guggenheim estudiaría y conocería a figuras como Julian Steward. El caso de Hernández de Alba evidencia las conexiones tempranas con estas dos tradiciones antropológicas y sus influencias en los procesos de  institucionalización de la antropología en el país. 

Aunque la arremetida conservadora de mediados de 1940 marcaría un revés significativo a estos proyectos, los cimientos para la profesionalización del pensamiento antropológico quedarían establecidos desde este momento.

1.1. Pioneras y primeros profesionales en etnología

Para echar a andar el Instituto Etnológico Nacional, Rivet convocó un grupo de profesores colombianos y europeos, entre los que se encontraban el catalán José de Recasens, los alemanes Wolfram Schottelius, Juan Friede y Ernesto Guhl, el austriaco Gerardo Reichel Dolmatoff, y el francés Henry Lehmann (Chavez 1987: 49). El plan de formación que ofrecía el Instituto comprendía actividades intercaladas de docencia e investigación, con gran peso del americanismo (Pineda 2004: 60), y aspectos del funcionalismo de Malinowski, Durkheim y Mauss y de la escuela particularista de Boas (Chaves 1987). La formación en campo incluía “expediciones” etnográficas y arqueológicas cortas al interior de territorios y pueblos indígenas. La primera de estas incursiones en tres zonas del país, financiada en parte por la Universidad de Yale, tuvo lugar entre finales de 1941 y mediados de 1942, y fue coordinada por Rivet y Hernández de Alba (Perry 2006: 42, Restrepo 2014: 87).  De 1942 a 1943 se graduaron seis mujeres y ocho hombres en etnología (Chaves 1986: 76, 1987: 99). Siguiendo el modelo francés de articulación entre museos y centros de investigación-formación, el IEN funcionó de la mano del Museo Arqueológico y Etnográfico y comenzó a divulgar sus informes mayoritariamente descriptivos en una revista del instituto dirigida inicialmente por Rivet. Tras su partida, Rivet continúo apareciendo como “Director honorario” en los créditos de los números de la Revista del Instituto Etnológico Nacional, al menos hasta 1948. Un análisis detallado de los trabajos publicados en la Revista permite observar la impronta del trabajo de Rivet y sus preguntas de investigación ligadas a su proyecto sobre el origen del hombre americano.

De acuerdo con Marcela Echeverri (2007), en vista de la menor visibilidad que se ha dado a la producción científica de las antropólogas pioneras, es importante mencionar que el proceso de incorporación de la mujer al ámbito de la educación superior tuvo particular importancia para el desarrollo de la práctica antropológica en estas décadas. A pesar de las dinámicas patriarcales, Alicia Dussán de Reichel, Virginia Gutiérrez de Pineda, Edith Jiménez de Muñoz y Blanca Ochoa de Molina, entre otras, tuvieron un lugar privilegiado en los inicios de la investigación, institucionalización y difusión del conocimiento etnográfico y etnológico. Claro está que su contribución no estuvo exenta de los discursos nacionalistas que resaltaron el acervo cultural indígena solo para luego naturalizarlo y situarlo como un elemento del pasado que debía dar paso a una meta de integración. Tampoco hay que negar que su propia incursión en el medio estuvo limitada por las problemáticas nociones que asociaban a mujeres con supuestos atributos “innatos” como educadoras y madres (Echeverri 2007: 64).

Como resalta Echeverri, las contribuciones de estas pioneras no solo cuestionaron los presupuestos de la inferioridad indígena y evidenciaron sus reclamos silenciados, sino que también enfatizaron la necesidad de ampliar las perspectivas de la escuela fundacional del IEN. Incursionaron en aproximaciones históricas, estudios sobre la familia y la mujer, y en el diseño de contenidos escolares para materias como la historia, geografía y los estudios sociales. En otras palabras, lograron con diferente éxito distanciarse de la visión etnológica más clásica que tenía tintes difusionistas y privilegiaba estudios formales sobre la cultura material y los rasgos biométricos. 

En el año de 1943, Rivet renunció al IEN para ocupar el cargo de embajador cultural de Francia Libre para América Latina, en México. Para entonces eran evidentes las fricciones entre dos enfoques al interior del Etnológico: el de los estudios etnológicos y museológicos y otro de carácter más político inspirado en el indigenismo (Chaves 1987: 100, Perry 2006: 45 y 48). El nombramiento de Luis Duque Gómez, egresado de la primera promoción del Instituto, sería la confirmación de esta fractura. En marzo de 1945 se fusionaron el IEN y el Servicio de Arqueología y se conformó la primera planta de investigadores con doce de sus primeros egresados, encargados de realizar expediciones entre grupos indígenas. Al año siguiente se reanudó la docencia en el Instituto, incluyendo entre sus alumnos a Julio César Cubillos, Carlos Angulo Valdés, Segundo Bernal y Aquiles Escalante (Chaves 1987: 120).

En la segunda mitad de los cuarenta se fundaron institutos en Antioquia, Cauca, Atlántico, Boyacá y Magdalena, dedicados a la investigación arqueológica y etnohistórica, que se difundían en los museos. Además de realizar investigaciones, algunos ofrecieron formación antropológica, como fue el caso del Instituto del Cauca dirigido por Hernández de Alba. Los nuevos institutos, museos y asociaciones, dieron un impulso importante a la investigación etnológica, principalmente con grupos indígenas; aunque otros egresados también abrieron campos de estudio escasamente abordados hasta entonces. Tal es el caso de Rogerio Velázquez y Aquiles Escalante, en el campo de los estudios afrocolombianos. Así mismo, se abrió espacio para nuevas formas de difusión a través de museos y publicaciones académicas como mecanismos de divulgación especializada. En algunos casos el proceso se dio en universidades regionales, como sucedió en Cauca y Antioquia, donde a largo plazo constituirían la base para la creación de programas de antropología a partir de 1970.

1.2. Los programas universitarios

En 1952 la reestructuración del Instituto Etnológico Nacional dio paso a la creación del Instituto Colombiano de Antropología (ICAN), en el que se estableció una Escuela de Antropología que impartió formación hasta 1963. La Escuela mantenía “una concepción integral de la antropología, particularmente de la antropología norteamericana (entre tanto la Etnología francesa se había fragmentado en campos de especialidades con formación independiente)” (Pineda 2004: 66-67). Aunque solo egresaron dieciséis antropólogos, fue un destacado grupo que incluyó a figuras como Nina de Friedemann, Yolanda Mora de Jaramillo, Álvaro Chaves y Gonzalo Correal, entre otros (Jimeno 1990-1991: 59). Al momento en que se cerró este programa, una institución educativa de la élite capitalina (Universidad de Los Andes) abrió en 1963 el primer programa universitario de antropología en el país. Su primer director fue Gerardo Reichel-Dolmatoff, quien había sido profesor en el IEN y contaba con un prolongado trabajo de campo en la Sierra Nevada de Santa Marta y otras áreas del norte del país (Uribe 1980a: 47). Su experiencia marcó el estilo de formación en el programa recién creado, predominando los proyectos de “salvamento” de sociedades indígenas, aunque incursionando también en áreas desatendidas como la Amazonía (Uribe 1980a: 56).

En el mismo año la principal universidad estatal (Universidad Nacional) abrió una especialización en antropología dentro de su carrera de sociología, dirigida desde 1959 por Orlando Fals Borda (Pineda 1979: 11, Roman 1986). Ligia de Ferrufino y Gloria Triana se convierten en 1964 en las primeras egresadas de la especialización. Ya para 1966 se crearía en la misma universidad un programa exclusivo en antropología con una impronta marcada por la teoría social y la incursión de profesores y egresados en campos heterodoxos, como la migración y los estudios urbanos (Pineda 1979: 11). Como parte de su cuerpo docente participó un grupo de egresados del IEN: Luis Duque Gómez, Virginia Gutiérrez y Milcíades Chaves, junto a profesores formados en el extranjero, como Enrique Valencia y Remy Bastien (véase Román 1986).

Por fuera de la capital, solo dos universidades regionales crearon programas de antropología. En 1966, Graciliano Arcila egresado de la primera cohorte del IEN asumió la dirección del nuevo Departamento en la Universidad de Antioquia. Allí, el cuerpo de profesores incluía a extranjeros como el italiano Jorge Mario Manzini y el mexicano Juan Hasler, junto a un grupo de jóvenes egresados de la Universidad Nacional, entre los que estuvieron Hernán Henao y Luis Guillermo Vasco (Cardona 1967). Además de estos y otros docentes “El equipo docente se reforzó con las conferencias que dictaron doña Blanca de Molina, Julio César Cubillos, Yolanda Mora de Jaramillo y Gonzalo Correal, entre otros” (Pineda 2004: 73).

Al suroccidente del país, en la Universidad del Cauca se dio apertura al programa de antropología en 1970 (López y Meneses 2016). La ciudad contaba desde 1938 con un museo arqueológico anexo a la Universidad, que se consolidó bajo la dirección del antropólogo francés Henri Lehman, cercano a Paul Rivet. Poco tiempo después, Gregorio Hernández de Alba lideró la creación de un instituto etnológico, articulado al Etnológico Nacional. En 1946 se impartían clases con docentes invitados, entre los que se encontraban Henri Lehmann, John H. Rowe y Juan Friede (Universidad del Cauca 1967: 3). Con base en esta experiencia se creó el nuevo programa, en el que predominaron las teorías clásicas europeas y norteamericanas en un comienzo. Sin embargo, el programa surgió en paralelo con la creación del Consejo regional indígena del Cauca (CRIC), lo que llevó a algunos docentes y estudiantes a interesarse por lo que para entonces se conocía como “el problema indígena.” Al poco tiempo, el movimiento estudiantil incidió en la reforma del pensum, lo que llevó a incluir teorías críticas que se vieron reflejadas en los trabajos de grado, que empezaron a denunciar la situación social de indígenas y campesinos. Para un balance de la formación en los cuatro departamentos iniciales, ver Pardo, Restrepo y Uribe (1997).

Como es posible observar, este primer periodo de institucionalización académica de la antropología ocupa un lapso de tres décadas, en las que se definen las orientaciones teóricas, metodológicas e incluso políticas de los programas de formación y se crean las condiciones para su funcionamiento. Se conforma además una comunidad académica nacional, de la que participan investigadores nacionales y extranjeros y a la que se incorporan los primeros egresados de los programas de formación. Dicha comunidad crea vínculos y constituye redes académicas tanto a nivel nacional como internacional. Un elemento fundamental en esta consolidación lo constituyen las publicaciones especializadas, en las que empiezan a circular los productos de investigación. Todo ello cimienta la consolidación, expansión y diversificación de la práctica antropológica, a partir de la década de 1970. Según Nina de Friedemann (1987: 143), este “boom” antropológico produjo, entre 1968 y 1978, más de 240 licenciados en antropología que contribuirán a “un proceso de reflexión histórica, además de un recuento cuantitativo y cualitativo de su ejercicio y de su expresión en el escenario nacional del conocimiento social y de la acción política”.

En 1970 el ICAN pasará a depender del Instituto Colombiano de Cultura, que se convertirá luego en el actual Ministerio de Cultura. Con la fusión con el Instituto de Cultura Hispánica en 1999, adquiere la denominación actual de Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). A partir de aquí, la antropología se constituyó en un saber experto que orientaría las políticas estatales de intervención sobre las poblaciones indígenas. Numerosos antropólogos dirigieron esta acción transformadora, que se proponía integrar a los indígenas en las dinámicas del progreso y la civilización. Antes que una labor marginal, fue una parte constitutiva del quehacer académico y político de los nuevos profesionales que, como es lógico, estuvo marcada por tensiones y posturas diversas.

 

2. Indigenismo: antropología, Estado y sujeto político indígena

Las investigaciones antropológicas realizadas entre los años 1930 y finales de 1960, podrían agruparse en dos tendencias generales: las investigaciones etnológicas de corte academicista, constituirían el primer tipo, y las que podríamos llamar indigenista, a secas, el segundo. En el primer caso, se trataba de estudios orientados por preguntas de origen académico, en las que se asumía que las poblaciones indígenas estaban destinadas a desaparecer ante el avance del progreso y el mestizaje producido por contacto con la población no indígena, ya fuera por imposición o por persuasión. Desde esta perspectiva, numerosos etnólogos asumieron el proyecto de una “etnología de urgencia,” que buscaba documentar las culturas indígenas a punto de desaparecer, rescatando su legado para la humanidad (Dussan 1965). En el segundo caso, el interés fue producir conocimiento sobre las poblaciones indígenas, mostrar las problemáticas que las afectaban y generar acciones transformadoras para su integración a la nación. Aunque eran también estudios académicos, los indigenistas no solo partieron de preguntas teóricas, sino que se preocuparon por problemas sociales de los indígenas y la posibilidad de contribuir a su solución.

En 1941 Gregorio Hernández de Alba y Antonio García fundaron el Instituto Indigenista Colombiano (IIC), entidad de carácter privado que tomó una posición política sobre la situación social de los grupos indígenas (Perry 2006: 48). En este espacio, antropólogos y otros estudiosos salieron en “defensa del resguardo, amenazado de parcelación por parte del Estado, a instancias de los terratenientes” (Pineda en Uribe 1980a: 46). Las actividades del IIC tuvieron influencia del Instituto Indigenista Interamericano con sede en México (Reyes 2008: 67) y con frecuencia ponían en evidencia los límites de los estudios “científicos” culturalistas descriptivos y museológicos del IEN. Sin embargo, también mostraron prontamente las divergencias, retos y dificultades al aplicar y articular la reflexión e investigación antropológica con la acción política. Esta suerte de “doble vínculo” de muchos de los practicantes del momento marcaría el carácter de la antropología en Colombia hasta nuestros días. 

Un amplio sector dentro de este indigenismo promovía un modelo de intervención estatal y confianza en las leyes, como fundamento para alcanzar el equilibrio social y político, ante la profunda desigualdad producida por la acción y omisión de este mismo Estado y los efectos del modelo económico capitalista. Este modelo de acción indigenista que surge en la década del cuarenta, se institucionaliza luego de la Octava Conferencia Panamericana (1938) y el Congreso Indigenista Interamericano (1940) realizado en Pátzcuaro (Ballesteros y Ulloa 1961).

Obviamente, este tipo de intervención fue objeto de diferencias. Para algunos académicos, la antropología debía centrarse en la producción de conocimiento científico sobre el “problema indígena”, identificando las razones históricas de las desigualdades sociales que los alejaban de la “civilización” y “el progreso”. En este sentido, consideraban que el indigenismo propiamente dicho, es decir, el diseño y ejecución de los programas destinados a mejorar sus condiciones de vida, debería recaer en manos de instituciones estatales especializadas (Correa y Acero 2013, Correa 2007). Para otros, la construcción de una nueva sociedad requería del concurso de la academia, que debía vincularse a la acción transformadora con los indígenas y otros sectores (véase Friede 1976, Torres Giraldo 1975 y García 1945). A este proyecto se lo conoció como “indigenismo orgánico” y abogaba por la articulación del proyecto indígena en un proyecto más amplio que condujera a la supresión de la estructura de clases y a un orden más democrático para alcanzar una transformación general de la sociedad.

El Instituto Etnológico Nacional puede ser considerado como el espacio institucional en el que se consolidó el indigenismo de Estado, mientras que en el Instituto Indigenista tomaron forma dos tendencias: la del indigenismo orgánico (Torres Giraldo 1975, García 1945) y la de la aculturación pacífica (Hernández de Alba 1969). A pesar de las divergencias, solo fue un pequeño grupo de profesionales que con frecuencia se mantuvo vinculado a ambos institutos, adhiriendo a alguna de estas líneas del indigenismo. De igual forma a cómo sucedió en casi todos los países latinoamericanos, la antropología estuvo signada por la militancia indigenista, en la que se asumían que el problema era el de la integración a la nación, que se alcanzaría como parte de un proceso de aculturación en el que el indio finalmente adquiriría la condición de ciudadano. Aunque se distanció del racismo biológico, en cuyo caso el propósito de la acción institucional era el mestizaje biológico, ambos proyectos compartieron el sentido de misión civilizadora, orientada hacia la integración a la civilización y el progreso.

También dentro del indigenismo algunas investigaciones fueron producto de las alianzas entre Estado e Iglesia; en su mayoría investigaciones etnológicas realizadas por misioneros que hacían parte de la administración de los “territorios nacionales” (Arango 1977, Castellvi 1953, Vinalesa 1952). Aunque en menor numero, se realizaron estudios sobre lenguas y culturas indígenas, que buscaban hacer más efectiva la evangelización. Es de recordar que la Constitución de 1863 había establecido un régimen especial que marcaba extensiones del territorio nacional como áreas que por su difícil acceso y población mayoritariamente indígena eran designadas como incapaces de gobernarse a sí mismas. Se trataba de los márgenes no andinos del país, una periferia o “revés de la nación” que permitiría la consolidación de la identidad del centro (Serje 2005: 18-20). En el cambio de siglo, la República entregó el control de estos “territorios nacionales”, a la Iglesia católica, a través de la Ley 89 de 1890 y un Convenio de Misiones con el Vaticano (1903 y 1928). En muchos casos, los estudios fruto de esta relación sirvieron para apuntalar proyectos escolarizados en los que las lenguas operaban como vehículo de transición hacia la cultura letrada y la civilización. Para un estudio crítico sobre el papel de las misiones en territorios indígenas denominados como salvajes, ver Siervos de Dios y amos de indios de Víctor Daniel Bonilla (1968).

Casi un siglo después, una experiencia de este tipo de indigenismo misionero que resultó del convenio suscrito entre el gobierno nacional y el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) en 1962, produjo un importante número de investigaciones con marcado énfasis lingüístico. El convenio establecía que, junto al ministerio de Gobierno, el ILV promoviera lo que denominaba mejoramiento social, económico, cívico, moral y sanitario de los indígenas. No obstante, su propósito central era traducir el Nuevo Testamento a las lenguas indígenas. Con el tiempo, el Instituto fue denunciado por su vínculo con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y cuestionado por la Iglesia católica, que veía en el avance del protestantismo una creciente amenaza. La presencia del ILV se prolongó hasta 1995, cuando salieron de la región oriental del país, donde tenían su centro de operaciones, argumentando motivos de seguridad, diez años antes del plazo final del convenio.

Dentro de este indigenismo integracionista podemos mencionar un último tipo de investigaciones que fue menos común; estuvo compuesto por investigaciones etnológicas financiadas por empresas, que buscaban conocer las culturas indígenas para evitar conflictos ocasionados por sus proyectos económicos de extracción de recursos y construcción de obras de infraestructura (Reichel-Dolmatoff 1946). Aunque en casi todos los casos el propósito declarado de estas investigaciones era el bienestar de los indígenas, y aunque algunas de ellas fueron importantes para construir una base de conocimiento sobre los problemas históricos de los indígenas y los efectos de siglos de dominio colonial y republicano, la mayoría sirvió más a los intereses de los investigadores y las instituciones que lo financiaban, ya fueran estatales, religiosas o económicas. 

Por último, al cerrar y desmontar el proyecto pedagógico de la Escuela Normal Superior, el gobierno conservador de Laureano Gómez (1950-1953) abogó por un orden social católico e hispano. Solo hasta la década de 1970 emergería una crítica radical a todas estas formas de indigenismo, que cuestionó sus lazos coloniales y promovió el empoderamiento de las poblaciones indígenas y sus organizaciones.

En consonancia con las demandas del contexto social y político de finales de 1960, la falta de compromiso del establecimiento antropológico con las poblaciones con las que trabajaban, al igual que su poca solidaridad con los sectores marginalizados y sus luchas se hace insostenible (Friedemann 1987: 147) (3). De hecho, algunas militancias surgidas en esta época se distanciaron de los espacios y protocolos académicos. Pero también hubo quienes plantearon sus críticas al interior de las universidades, entendiendo la docencia, la escritura y la investigación académicas como partes constitutivas de su compromiso político.

En 1971 se realizó en Barbados el simposio sobre “Fricción interétnica en América del Sur” (Grunberg 1972), al mismo tiempo que surgían las primeras organizaciones indígenas en el seno del movimiento campesino (Gros 2000, 1991, Morales 1979, Cinep 1978). Incluso, los dos representantes por Colombia que asistieron al simposio de Barbados, fueron intelectuales activamente vinculados a la consolidación del Consejo regional Indígena del Cauca (CRIC) y de otras organizaciones indígenas del país (Grunberg 1972). La conformación de estas organizaciones generaría alteraciones profundas en la relación entre pueblos indígenas, Estado y academia (Caviedes 2002). Con el tiempo, las nacientes organizaciones se consolidaron como mediadoras en las relaciones con el Estado, los académicos y otros actores. Las nacientes organizaciones indígenas fueron un lugar de formación y militancia para numerosos antropólogos, aunque no fueron las únicas; procesos de movilización política de campesinos, poblaciones negras y algunos sectores obreros y urbanos también fueron parte de la práctica comprometida de estudiantes y antropólogos titulados. Para algunos, el horizonte político estaba animado por la utopía revolucionaria, por lo que no fueron pocos (entre otros universitarios) los que dirigieron sus esfuerzos en aras de conformar las organizaciones y partidos de izquierda.

Un debate fue central en la definición de dos perspectivas en cuanto a las organizaciones indígenas y en su relación con investigadores académicos. Para el sector que finalmente se consolidó como mayoritario, estas eran organizaciones gremiales, que hacían parte de los sectores populares y cumplían una función de representación; para otro sector, la política indígena debería estar liderada por sus autoridades tradicionales, en un proceso de recuperación y fortalecimiento de sus antiguas formas gobierno.

Otra cuestión sobre la que comenzó a debatirse, se refiere al esquema de relación en el que el investigador era el único involucrado en la definición de los objetivos y métodos del trabajo académico (Cunin 2006, Caviedes 2002). Una interesante transformación en la relación entre sujetos investigadores e investigados y la emergencia de una intermediación de parte de las organizaciones que ahora buscan incidir en la definición de lo que debe investigarse y la manera en que debe hacerse. Este cambio puso en cuestión a la investigación académica convencional, en cuanto a los roles de investigador e investigado, y el estatus de sujeto y objeto que se establece en dicha relación. En otras palabras, esta interacción y contexto permitió a la antropología colombiana confrontar las retoricas y políticas de representar al “otro” mucho antes que la llamada “crisis de representación” proclamada por los antropólogos estadounidenses (Restrepo y Escobar 2005).

También para este periodo se dan importantes transformaciones en la institucionalidad estatal, principalmente en ministerios como el de Gobierno y Educación. Se modifica el Concordato (Ley 20 de 1974), que asignaba a la Iglesia católica la administración de la educación de las poblaciones indígenas en los llamados “territorios nacionales” (Gros 2002: 331). En 1978, el Decreto 1142 permite incorporar la enseñanza de lenguas nativas en las escuelas indígenas, emergiendo así la educación bilingüe y bicultural en las políticas de Estado. Unos años después, a comienzos de la década de 1980 se crea la política de etnoeducación, inspirada en la conceptualización del etnodesarrollo propuesta por el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil, uno de los más destacados intelectuales del Grupo de Barbados (Bonfil Batalla y otros 1982, UNESCO y FLACSO 1981).

Para la década de 1980, las luchas planteadas en términos de clase social, habían sido objeto de represión estatal y paraestatal y señaladas como equivalentes a la lucha armada, por lo que numerosas organizaciones sociales recibieron el tratamiento de movimientos insurgentes (Gros 1991). Paulatinamente, también hubo miembros de las organizaciones indígenas que anticiparon en muchos aspectos el papel de la crítica poscolonial reexaminando muy temprano el vocabulario marxista ortodoxo introduciendo reivindicaciones expresadas en términos de diferencia cultural (Caviedes 2002, Gros 2000). Las consecuencias de este giro fueron ambivalentes. Por ejemplo, a partir de este momento la figura jurídica del resguardo fue asumida como la forma tradicional de ordenamiento del territorio y autoridad indígena, y se extendió su aplicación a las poblaciones de tierras bajas (Gros 2000). En todo caso, el Estado empezó a reconocer a las organizaciones sociales como interlocutoras en la aplicación de sus políticas y en procesos de negociación sobre diversas problemáticas, al igual que amplió los procesos de legalización de tierras, permitiendo a los indígenas alcanzar el dominio formal sobre cerca del 25% del territorio nacional.

Como efecto de la interacción entre la movilización política indígena, la acción estatal y el acompañamiento académico, se produjo una “resguardización” y “andinización” de las representaciones del mundo indígena que se expresó en las políticas estatales. Esto condujo a la imposición de formas de administración que habían sido ajenas a gran parte de las poblaciones indígenas de las zonas bajas de selva y llano, aunque resultaron ser muy útiles para la protección jurídica de los territorios a partir de entonces.

La nueva representación de lo indígena construida a partir de una imagen radical de la alteridad, y de una suerte de jerarquía espacial que privilegiaba lo andino, fue determinante en la consolidación de programas de educación, salud, ambiente y género, entre otros, al igual que lo será también años más tarde para el imaginario multicultural de 1990. Dichos programas no se distinguieron mucho del anterior modelo indigenista de Estado, pero ahora eran promovidos por los propios indígenas y no buscan la integración sino el reconocimiento de la diversidad de saberes y prácticas. La distinción entre investigadores académicos y activistas, o entre investigadores y miembros de los pueblos indígenas se ha hecho con el tiempo menos rígida. Cada vez es más frecuente encontrar investigadores indígenas independientes, trabajando con sus comunidades o en equipos de investigación y consultoría, así como en entidades estatales y ONG.

La cuestión sobre las relaciones entre los investigadores y los sujetos participantes de las investigaciones sigue abierta y de fondo es mucho más compleja que lo expresado aquí. Sin embargo, se relacionará con los significados mismos de la práctica académica, sus sentidos políticos, objetivos, métodos y formas de divulgación. Las perspectivas analíticas y éticas desde las cuales se formulan las preguntas, así como un amplio conjunto de cuestiones que las políticas de reconocimiento han ayudado por ahora a visibilizar, aun deben ser revisados de manera crítica. En este sentido, nuevos proyectos entrarán en el debate contemporáneo como mostraremos más adelante.

 

3. Antropología en la modernidad: desindianizar la mirada antropológica

Entre 1994 y 1997, algunas trayectorias y desplazamientos dentro del campo antropológico local e internacional permitieron la emergencia de lo que se denominó Antropología en la modernidad. Este programa de investigación reconfiguró el estilo de trabajo del Instituto Colombiano de Antropología (donde las discusiones tuvieron un escenario privilegiado), al tiempo que significó un punto de quiebre para la antropología que se realizaba en el país en ese momento (Restrepo 2000) (4). El programa propuso reformular algunos de los enfoques predominantes de la antropología, ligada en aquel entonces a una representación naturalizada de la diferencia, encarnada en la figura del indígena. Los debates planteados fueron especialmente relevantes en el contexto del multiculturalismo de estado que emergía tras el cambio constitucional de 1991 y que tomaba fuerza al cuestionar y desplazar la idea del mestizaje como ideología fundante en la construcción de la nación.

Varios aspectos contribuyeron a producir este giro. Por un lado, transformaciones en las dinámicas internas del Instituto; por otro, la participación de un grupo de antropólogos que había realizado estudios de postgrado en el exterior y regresaba en ese momento al país. También fue importante la participación de algunos colombianos y colombianistas que hicieron sus aportes desde la perspectiva de los estudios culturales o el posestructuralismo. Uno de los elementos centrales de esta conversación fue el cuestionamiento a ciertos enfoques dominantes sobre identidad y cultura, entendidas como entidades discretas y autocontenidas (Restrepo 2014: 92).

En aquel entonces, permanecía vigente en el sentido común disciplinario la equivalencia entre investigación antropológica y poblaciones indígenas, tanto entre quienes se encontraban vinculados a la práctica académica institucional como entre quienes se ubicaban desde una perspectiva militante; incluso sin desconocer la realización de investigaciones con otros grupos. En este sentido, se evidenciaba que los principios metodológicos y teóricos propios de la tradición indigenista orientaban el pensamiento antropológico hacía otros grupos como las poblaciones afrodescendientes, campesinas y los sectores urbanos. Desde la Antropología en la modernidad se identificó a estas formas como un ejercicio de “indianización” de la mirada antropológica (Restrepo 2000), por lo que se consideró necesario cuestionar los supuestos que configuraban estos análisis y la imaginación antropológica que los acompañaba.

A comienzos del nuevo milenio, los estudios culturales, la teoría postcolonial y los estudios de la subalternidad adquirieron relevancia en las herramientas teóricas y metodológicas del campo antropológico en el país (Rojas 2011). Aunque originados en tradiciones epistémicas y políticas diferenciales, han contribuido a redefinir sustancialmente los términos de la discusión en la teoría social contemporánea en general y del análisis cultural en particular. Así, muchas de las discusiones planteadas por la “antropología en la modernidad” repercute de distintas maneras en la práctica antropológica de las generaciones de jóvenes antropólogos en las dos últimas décadas, aunque ello no significa que desaparecieran las miradas más convencionales del escenario antropológico.

De manera similar a lo ocurrido en Brasil, en Colombia se ha venido consolidando un campo de investigación y producción intelectual sobre poblaciones negras, que cuenta ya con una relativa institucionalización en la academia, los ámbitos estatales y la intelectualidad de organizaciones sociales (Wade 2006). Aunque con desarrollo dispares, este aspecto ha contribuido a un mayor reconocimiento de las trayectorias históricas y diferentes expresiones de la diáspora africana en el país.

La participación de los afrodescendientes en la población de América Latina y el Caribe fue estimada a comienzos de siglo en un 30% sobre el total regional (Hopenhayn 2003:9, Bello y Rangel 2000:38). Sin embargo, el desconocimiento de la diáspora africana sigue siendo amplio. Nociones como la de “invisibilidad” planteadas desde muy temprano por la antropología hecha en Colombia (Friedemann 1984), parecen seguir operando. Los estudios que muestren un panorama integral sobre su situación y características sociales, políticas, demográficas y/o culturales siguen siendo escasos, aun cuando es claro que existe un cuestionamiento creciente a la invisibilización histórica, que en parte ha servido como animador de un renovado interés por su estudio. Aun así, en las últimas décadas del siglo XX se dio un auge en los estudios sobre esta presencia histórica, sus dinámicas organizativas y las políticas estatales relacionadas con derechos específicos para estas poblaciones.

Algunos trabajos han planteado interesanes miradas de conjunto desde comienzos de la década de dos mil (e.g. Reid 2007, Rodríguez 2006, Wade 2006). Por otro lado, apuestas críticas desde nociones como la de “etnización” (Restrepo 2013), se han propuesto analizar el paradigma o modelo que imagina a los afrodescendientes como habitantes de ciertas regiones o geografías, especialmente en las tierras bajas, climas cálidos y lugares de selva o río. Es el caso de México, Bolivia y Uruguay, por citar solo tres ejemplos, en donde es común ignorar la presencia afrodescendiente (Angola 2007, Bucheli y Cabella. s.f., Hoffmann 2006). De igual forma, podemos encontrar situaciones similares en países como Argentina, Costa Rica o Perú. De esta manera, por mucho tiempo pareció inconcebible la idea de afrodescendientes habitando los Andes americanos o en contextos urbanos. Actualmente, se asume ampliamente que la presencia negra heterogénea y que se ha constituido en interrelación con otros sectores de la sociedad. De hecho, se ha avanzado en la comprensión de la forma en que los patrones de colonización, la construcción de los estados naciones poscoloniales y las dinámicas interraciales actuales. Estudios recientes realizados en la ciudad de Cali, en Colombia, ilustran este tipo interacciones entre patrones raciales y socioeconómicos (Urrea, Ramírez y Viáfara, sd.). Sin embargo, las dinámicas socioraciales en Colombia distan mucho de ser un ejemplo transparente; la persistencia del conflicto armado y las fuertes arremetidas de intereses económicos nacionales y transnacionales, han afectado de manera particular a los afrocolombianos, al tiempo que es el país de la región con una normatividad más amplia en relación con los derechos étnico/raciales de estas poblaciones. Sobre el impacto del desplazamiento forzado en las poblaciones negras en Colombia pueden consultarse, entre otros, los trabajos de Escobar (2004), Jaramillo (2009), Oslender (2004), Restrepo (2004) y Rojas (2006).

Otra área de estudio poco abordada es la de las relaciones interculturales entre indígenas y afrodescendientes, en las cuales se tejieron diversos tipos de experiencia. Las expresiones culturales de los afrodescendientes hoy son el resultado de diversas experiencias históricas. Un aspecto de estas trayectorias históricas sobre el que poco se ha indagado es el que tiene que ver con las relaciones interculturales que sostuvieron poblaciones de africanos y afrodescendientes esclavizados con poblaciones indígenas americanas. A pesar de la escasa información al respecto, estas relaciones hicieron parte de la vida cotidiana de unas y otras poblaciones, dando lugar a diversas experiencias de contacto, intercambio cultural y mestizaje biológico, algunas de las cuales estuvieron mediadas por la institucionalidad colonial, mientras otras se dieron al margen de ella.

Las relaciones interculturales y las trayectorias afrodescendientes pueden ser rastreadas en la vida cotidiana, incluso cuando han sido negadas o desconocidas, lo que nos llama la atención sobre las maneras en que tradicionalmente hemos analizado lo indígena y lo negro, y sus interrelaciones. La comprensión de la experiencia histórica de las poblaciones indígenas y afrodescendientes han sido estudiadas como realidades aisladas o construidas solo en relación con las elites europeas y criollas, dejando de lado la rica experiencia de intercambios y sus múltiples aportes a las sociedades contemporáneas.

Otro asunto central en la constitución de este nuevo campo, es el de las organizaciones sociales y dinámicas políticas de los afrodescendientes. En estos procesos, es frecuente encontrar formas de movilización que retoman partes de su legado cultural con la intención de visibilizarlo. Es pertinente recordar que esta movilización política no se restringe a las últimas décadas y tiene antecedentes en expresiones de resistencia como el cimarronaje, que fue una de las múltiples expresiones de lucha de los africanos y sus descendientes. Un caso emblemático, en gran parte basado en estos imaginarios de resistencia lo constituye uno de los palenques más conocidos en el país: el Palenque de San Basilio, primer lugar reconocido libre por la Corona española en América Latina.

La consolidación del proceso organizativo afrodescendiente y la configuración de una representación de su identidad en términos étnico-raciales ha sido otro de los factores definitivos en las dinámicas políticas de la región desde finales del siglo XX. Las luchas de estos activistas y sus organizaciones, que comenzaron desde los años sesenta, han tenido expresiones en otros países de la región como Panamá, Perú, Uruguay o Costa Rica (Reid, s.d.: 89-90, Ferreira 2003). Brasil y Colombia, son los países donde mayor impacto político han tenido estas luchas, posiblemente como resultado de las trayectorias históricas en las que estas sociedades llegaron a contar con el mayor volumen de población negra de la región.

 

4. Desafíos a la institucionalización

Con el nuevo milenio, el cambio constitucional de 1991 y los procesos de neoliberalización del país, el sistema universitario vio crecer el número de programas de pregrado en antropología y dio un giro hacia la formación de postgrado. Luego de ser apenas cuatro los programas establecidos en los años 1970, aparecieron desde finales de 1990 otros diez en pregrado y siete de postgrado: entre los que se encuentran cuatro maestrías y tres doctorados (5). Estos cambios no solo redefinieron el sentido de la formación, sino que también han tenido profundos efectos en la práctica antropológica.

En cuanto a la formación, fue significativo el cuestionamiento del canon de la disciplina que, hasta entonces, había asumido de manera generalizada un modelo basado en la integración de los cuatro campos o subdisciplinas: arqueología, antropología biológica, sociocultural y lingüística. Este modelo expresaba un momento histórico con especial influencia de la escuela norteamericana y del proyecto etnológico, en el que se llegó a asumir este conjunto de ramas como indisoluble y casi sagrado (Segal y Yanagisako 2005). Para algunos de los programas nuevos, las limitaciones institucionales y las luchas de poder entre ramas, implicaron el diseño de esquemas más interdisciplinarios. En 2006 la Universidad Externado de Bogotá abrió, por ejemplo, la primera carrera de arqueología en el país, sin lazos explícitos con la tradición investigativa de los departamentos clásicos; eso sí, con vínculos estrechos con las agendas de restauración y conservación del patrimonio. Además, desde la década del 2000 se realizan congresos separados de arqueología y antropología en el país.

Tal parecía que el informe de la Comisión Gulbenkian había inspirado a las nuevas generaciones a romper con la inercia institucional y “abrir las ciencias sociales” (Wallerstein 1996). No obstante, no parecía fácil abarcar todo el saber disciplinar en un programa de formación de pregrado y a la vez mantener un contacto suficiente con otras disciplinas y una formación integral. Si la formación no podía fundamentarse únicamente en los avances de la antropología como disciplina, se requería de un enfoque que ofreciera a los estudiantes metodologías de investigación y teorización que les permitiera tener una comprensión más compleja de la realidad regional y nacional. Se podría decir que estos cambios no correspondieron a una pretensión intelectual sofisticada, sino más bien el resultado lógico de las reflexiones desatadas en el contexto de los debates propuestos por la “Antropología en la modernidad”.

En este nuevo contexto institucional, el número de estudiantes y egresados ha crecido ampliamente; no solo en programas de pregrado, también hay más antropólogos participando en redes internacionales y de formación de postgrado. Roberto Pineda Giraldo (1992: 90) considera que en 1991cno había más de mil profesionales y setecientos estudiantes. Myriam Jimeno (1990-1991: 59) indicaba que el número de graduados de los diferentes programas de antropología del país desde la década del cuarenta hasta finales de los ochenta era de 779. Este número ha sido superado ampliamente; con base en datos del Observatorio Laboral de Colombia, Catherine Aragón (2012: 68) indica que entre el 2001 y el 2010 se graduaron 2021 nuevos antropólogos y es muy probable que la cifra se haya duplicado en la última década. Este crecimiento pareciera augurar un incremento de oportunidades laborales, aunque la realidad no parece tan esperanzadora. El espíritu de revisión y crítica no se expresa de la misma manera en todos los lugares por igual. Si bien ha habido cambios sustanciales en la concepción de algunos programas de pregrado, también es cierto que los planes de estudio han reducido sus ciclos de formación y los requerimientos de grado, afectando especialmente la formación en investigación y las posibilidades exponer a los estudiantes a las sensibilidades y experiencias propias del trabajo de campo (Restrepo 2006, Uprimny y Sevilla 2006). Este proceso de desprofesionalización de los pregrados en beneficio de los nacientes programas de postgrado despierta también grandes cuestionamientos.

Ahora, también hay que anotar que más allá de mantener las apuestas por una formación rigurosa también ha faltado un examen que, parejo a los cambios generacionales de los estudiantes y egresados de antropología, ponga el acento en las relaciones de género en la profesionalización de la antropología. En un reciente artículo titulado La “princesa antropóloga”, publicado en  2019, Ingrid Espitia Beltrán, Diana Ojeda Ojeda y Claudia Rivera Amarillo han reflexionado sobre las prácticas de disciplinamiento de cuerpos feminizados que la enseñanza-aprendizaje de las técnicas etnográficas y del trabajo de campo han reproducido en Colombia. Como muestran las autoras, las implicaciones de estas prácticas no se limitan al silencio que por momentos se produce en la academia frente al rol y la contribución de las mujeres en la disciplina, o a la ausencia de currículos que atiendan los estudios de género de manera decidida, sino que se expresa especialmente en  las formas en como se construye el campo como un lugar lejano y agreste, “en el que en el arquetipo del etnógrafo” se expresa en “un cuerpo capaz, valiente y masculino” (Beltrán y otros 2019: 100). Los espacios de trabajo imaginados y el habitus del campo así reificado, han dado lugar a formas de violencia sobre ciertos cuerpos que se naturalizan en virtud del fin último de hacer antropología en los contextos colombianos.

Por otro lado, aunque ha habido una ampliación y diversificación de la oferta laboral, la antropología en Colombia no ha escapado a los profundos efectos de la desregulación en la mayoría de las sociedades liberales, ni tampoco su multiplicación en programas y egresados parece haberle permitido superar la marginalidad académica y política de sus intervenciones, o la posible integración de sus practicantes en las voces institucionalizadas del establecimiento académico y la burocracia estatal, o de las ONG. Si bien la estabilidad laboral no fue una constante para los pioneros de la disciplina, ni para la mayoría de generaciones que les siguieron, la precariedad del trabajo académico y la fragilidad de la relación contractual se han convertido en temas recurrentes en el nivel nacional e internacional. En conferencias de asociaciones de antropología y en la formación curricular de muchos programas, cada vez es más frecuente encontrar talleres o cursos sobre las posibilidades de trabajo para los antropólogos por fuera de la academia o de los ámbitos investigativos. Bajo estas condiciones, el trabajo antropológico en profundidad y de largo aliento es cada vez menos posible. 

Al tiempo que se han transforman los campos laborales, mutan los sujetos con los que trabaja la antropología. La profesionalización y burocratización de las organizaciones sociales, la creciente incidencia de las ONG en la “gestión de lo social”, la tercerización de lo público y la cooptación de los liderazgos de base social, ameritan especial atención. A ello se podrían sumar el incremento en el número de intelectuales de estos colectivos que cuentan ahora con formación académica, lo que hace que la distancia entre “el académico” y las organizaciones se transforme progresivamente. Por otra parte, a pesar de la ampliación del campo profesional propiciada por el auge multiculturalista, el lugar de la antropología en los espacios de opinión pública y en espacios de toma de decisiones, ha sido más bien marginal. La centralidad que muchos esperaban que tomara la disciplina en debates de gran impacto como la discriminación y la desigualdad, el conflicto armado, los asuntos de tierras, e incluso en discusiones en torno a la llamada “ideología de género” y los conflictos socioambientales, por mencionar solo algunos de los temas que han marcado la agenda nacional recientemente, ha sido limitada.

El trabajo antropológico llevado a cabo bajo el auspicio del Estado o de la empresa privada, y el cerramiento teórico propiciado por las políticas de la identidad, las consultas previas, las prospecciones arqueológicas, entre otros, han llevado a que la antropología experimente una creciente tensión entre el oficio y la disciplina. En cuanto a las dinámicas más “académicas”, las políticas de ciencia y tecnología han orientado la producción académica hacia la mercantilización y el afán de productividad asociado a la demanda de puntos salariales. Este tipo de elementos resulta clave para comprender cómo las aspiraciones de la disciplina son moldeadas, cada vez más, en términos de un mercado laboral y al margen de la autonomía académica y el compromiso político. Por supuesto que no todo resulta de las dinámicas institucionales de la academia, el Estado y las ONG, el conflicto armado, el control territorial creciente por parte de las bandas de crimen organizado y la criminalización de la actividad académica políticamente comprometida, también hacen parte del panorama.

Nos ocuparemos a continuación de las tensiones entre la disciplina antropológica y el oficio de antropólogo en Colombia.

En el marco del XVII Congreso de Antropología en Colombia, celebrado en la Universidad Icesi en Cali en junio de 2019, la Red de programas de Antropología promovió encuentros sobre la diversidad de trayectorias profesionales actuales, las transformaciones generacionales, la precariedad del trabajo y la fragilidad de la relación contractual. En estos espacios de reflexión se encuentra con frecuencia un reclamo por desmontar la idea según la cual la academia “piensa” y las y los profesionales aplicados “hacen”. Hay, en palabras de los asistentes a estos espacios, un “hacer en el pensar y un pensar en el hacer” que muchas veces es desconocido o desvirtuado desde la academia y ha cerrado posibilidades para que la formación universitaria se retroalimente con lo que se hace en el campo profesional. Muy a pesar de las recomendaciones, las jerarquías entre lo que es un considerado trabajo antropológico “serio” y lo que no, se expresa tanto en experiencias de vergüenza y subestimación, como en profundas diferencias salariales. En los últimos años, campos de desempeño profesional como la responsabilidad social empresarial, las consultorías, la etnografía del consumo y la arqueología por contrato en obras de infraestructura, se han constituido en labores controvertidas moralmente. Para las generaciones recién graduadas, con poca experiencia, necesidad de resolver compromisos económicos y aspiraciones de independencia, resulta difícil conciliar las expectativas teóricas y políticas de la disciplina con el ejercicio profesional realmente existente.

A pesar de las circunstancias, diversos campos de investigación e intervención académica empezaron a consolidarse. La antropología jurídica floreció junto al multiculturalismo y abrió puertas para un campo de trabajo interdisciplinar, en diálogo con el derecho. Más recientemente, este auge se ha mantenido gracias a la práctica del litigio estratégico. Las dinámicas internas de la disciplina también contribuyeron a redefinir los horizontes de la investigación antropológica; de proyectos centrados en la totalidad de dimensiones de una población y su cultura, se ha virado hacia enfoques dirigidos a problemáticas más particulares y es menos frecuente el uso de enfoques funcionalistas o evolucionistas. El trabajo de campo cada vez ocupa menos tiempos, al punto que suele confundírselo con la realización de entrevistas y las políticas de ciencia y tecnología tienden a equiparar investigación con proyectos financiados, presupuestos ejecutados e indicadores de logro; a esto se suma la demanda en ascenso de consultorías y proyectos exprés diseñados para dar respuesta a requisitos burocráticos y legitimar intervenciones previamente definidas, tanto desde el Estado como desde empresas, incluso desde algunas organizaciones.

El creciente número de egresados ha ampliado los escenarios y alcances del ejercicio antropológico, tanto en la academia como en ámbitos no académicos relacionados con el aparato de Estado, las empresas y organizaciones no gubernamentales. Aunque con el giro al multiculturalismo se ha incrementado la demanda de expertos, los antropólogos encuentran ahora nuevos nichos para la realización de consultorías, estudios de impacto sociocultural e intermediación con poblaciones locales, no solo con minorías étnicas sino también con los llamados sectores vulnerables, tanto rurales como urbanos.

La demanda de profesionales también crece en los campos de la arqueología de rescate y la antropología forense, relacionada con un creciente número de proyectos de desarrollo-infraestructura, conflicto armado y postconflicto. La etnografía del consumo, contratada por empresas de publicidad y estudios de mercado, se ha perfilado como campo empleo para un número creciente de antropólogos empresariales, desde mediados de los noventa. Cada vez más el desempeño laboral de los antropólogos por fuera de la academia se diversifica, y deja de estar circunscrito a las políticas y proyectos estatales con poblaciones indígenas; en ocasiones, de manera novedosa.

En este contexto, la orientación política de los investigadores y sus investigaciones se ha transformado con los vientos de cambio de la sociedad global, al punto que son escasos los proyectos y antropólogos que aborden temas ligados a la desigualdad. Aunque gran parte del trabajo realizado por antropólogos en décadas anteriores, puede ser ampliamente debatido desde diversos puntos de vista, también es cierto que aquellos trabajos aportaron a la consolidación de las organizaciones sociales indígenas del presente, ayudaron a ampliar los espacios de discusión, a visibilizar el problema indígena a nivel nacional e incluso internacional, y a consolidar nuevos marcos jurídicos que contribuyeron a la democratización de la sociedad. Este tipo de reflexiones interpela la habitual reflexividad sobre las éticas y las políticas de la antropología.

En la actualidad surgen zonas de contacto y tensiones entre antropólogos que trabajan en las instituciones académicas y no académicas y se reflexiona sobre el tipo de conocimiento e intervenciones que se están produciendo fuera de la institucionalidad académica. Este aspecto resulta apremiante en tanto las labores de los antropólogos fuera del campo académico constituyen en los últimos años espacios de desempeño no solo muy variados, sino que a todas luces involucran a un número mucho mayor que los que se encuentran en el mundo universitario. De hecho, los congresos de antropología en el país suelen convocar a quienes tienen su horizonte de trabajo en la investigación y los ámbitos académicos. Sin embargo, la apertura reciente de estos eventos a otras experiencias antropológicas que se descentran de la formalidad y los privilegios de las universidades o centros de investigación, evidencia no solo la diversidad de formas del ejercicio profesional, sino también la necesidad de reconocer que buena parte de la vitalidad y pertinencia de la antropología actual pasa por espacios más allá de la academia.

 

5. Conclusiones: hacia una antropología hecha en Colombia

Las instituciones, problemáticas, redes y posicionamientos de la antropología hecha en Colombia, han variado significativamente desde cuando se instituyeron los primeros programas de formación y líneas de investigación en la década de 1940. Desde las pesquisas etnológicas promovidas por Rivet y sus discípulos, orientadas por la pregunta acerca del poblamiento del hombre americano, hasta los trabajos etnográficos en el contexto del conflicto armado, del multiculturalismo, de los análisis de mercado o de los conceptos técnicos sobre impactos sociales de proyectos de desarrollo, entre otros tantos, la práctica disciplinar de la antropología ha tenido significativas transformaciones. Algunos encuadres se han mantenido pertinazmente, mientras otros han desaparecido y unos cuantos más han emergido para transformar las certezas de su momento histórico.

Sobre todo en el ámbito académico, el predominio temático y el perfilamiento epistémico-metodológico en torno a la “indianidad” se ha modificado hasta llegar a ser un enfoque problemático y marginal para la mayoría de estudiantes y profesores. Por otro lado, las conversaciones, los autores, las categorías y las referencias con las que se elabora el conocimiento antropológico han dejado de ser predominantemente intradisciplinares para incluir las más diversas perspectivas y discusiones de la teoría social y cultural contemporánea.

De igual manera, el debate sobre las implicaciones y responsabilidades de la labor profesional ha tenido efectos complejos en las políticas del campo, la academia y de la representación. Tanto el debate como los nuevos términos de la relación entre indígenas y académicos contribuyeron a transformar las representaciones predominantes de lo indígena en el país. Por un lado, cuestionando la representación racializada de lo indígena y el relato evolucionista implícito en los proyectos de integración; aunque sin llegar a transformarlos del todo. Por otro, por el tono culturalista que fue adquiriendo progresivamente la nueva representación del mundo indígena, en la que se tomó distancia de las luchas más amplias y se enfocó en el proyecto gremial.

Al mismo tiempo, algunas problemáticas, que podrían considerarse cruciales para una lectura de las realidades históricas del país, han mantenido una tozuda ausencia, como sucede con los estudios sobre poblaciones campesinas, problemáticas ligadas a los procesos de urbanización o expresiones locales del narcotráfico. En algunos casos estas ausencias son notorias, sin que se encuentren signos importantes que indiquen intentos de modificación de la tendencia. En otros, solo algunas iniciativas aisladas permiten presuponer que habrá cambios en un futuro cercano. En términos amplios, es probable que esta situación se relacione con los efectos del culturalismo sedimentado en el sentido común del establecimiento antropológico, pero es también posible que en ocasiones factores como el conflicto armado y las difíciles circunstancias para la realización de trabajo de campo en lugares con presencia de actores armados, hayan tenido un efecto desmovilizador para quienes han estado interesados en abordar algunas de estas problemáticas.

La expansión del establecimiento antropológico ha sido otro rasgo de lo ocurrido en este periodo, sobre todo en las dos últimas décadas, en las que se ha pasado de un reducido número de departamentos con formación en pregrado a más de quince programas, de los cuales la mitad corresponde a postgrados. El número de graduados, solo en los diez primeros años del milenio, casi triplica los que se habían graduado en el país desde la década de 1940 hasta finales de los años 1980. Pero la diferencia no es solo de tamaño y composición, sino también en la intensidad de sus dinámicas y en cómo se ha posicionado un ethos productivista orientado a la publicación de artículos en revistas indexadas estimulada por las políticas de ciencia y tecnología que estandarizan y mesuran en formatos e indicadores a los individuos e instituciones.

Durante las últimas décadas, la antropología, al igual que el resto de las ciencias sociales y las humanidades, ha sido testigo de un cambio acelerado y drástico en su ejercicio. Si bien en algunos casos se han hecho más visibles que antes, esto también nos ha llevado a enfrentar retos, tanto éticos como epistemológicos, para los cuales no parecíamos estar del todo preparados. A pesar de las promesas, los posgrados no se han consolidado como escenarios de cualificación disciplinaria y los costos de matrícula siguen siendo excluyentes, lo que hace de la antropología un oficio en proceso de elitización, reforzado por las posibilidades de acceso a los programas de mayor prestigio. Aunque hoy en día existen programas de doctorado en antropología, la mayoría de los egresados espera hacer sus estudios doctorales en Estados Unidos o Europa, aunque con una participación creciente de programas localizados en América Latina. Tristemente, son pocos los países de la región que aun ofrecen opciones de beca para estudiantes de bajos recursos y varios de estos programas han empezado a ser desmantelados. Uno de los efectos de este panorama es que la antropología hecha en el país sigue estando profundamente marcada por formas dominantes del establecimiento antropológico estadounidense, lo que se ve reflejado en agendas de investigación, corrientes teóricas e instituciones reconocidas como portadoras de prestigio, en el sentido común disciplinario.

Las particulares geopolíticas del conocimiento en que se inserta la práctica disciplinar han contribuido a fijar sistemas de privilegios claramente marcados por condiciones como la clase social. El acceso a una formación académica de postgrado que privilegia saberes y experiencias propias de pequeñas élites, se ve reflejado en el sistema de jerarquías académicas y laborales de las que participan muchos de los egresados de los programas de pregrado en antropología; ante la sobrevaloración de los postgrados, y en particular de los programas ofrecidos por ciertas universidades y países, los títulos de pregrado tienden a ubicarse en los escalones más bajos de la meritocracia académica. Frente a esta situación, los programas nacionales de postgraduación no constituyen todavía una alternativa.

El multiculturalismo de los años noventa emergió en un momento en que la disciplina antropológica había avanzado de manera significativa en sus procesos de institucionalización. Podría decirse que fue un momento de consolidación y diversificación que orientó su campo de acción más allá de las investigaciones sobre las culturas indígenas, al tiempo que el mercado laboral comenzó a ofrecer una gama más amplia de oportunidades para los graduados, incluyendo ahora el trabajo en entidades estatales, instituciones académicas, organizaciones sociales en proceso de crecimiento, proyectos de cooperación y ONG.

Al mismo tiempo, el trabajo de campo con poblaciones indígenas se ha transformado significativamente; como mencionamos, el creciente empoderamiento de las organizaciones indígenas implicó una redefinición de los términos de la relación de los investigadores con su trabajo de campo, al punto que muchos investigadores y proyectos de investigación fueron cuestionados hasta llegar incluso a cerrarse las puertas a ciertos sectores de la academia. Por otro lado, factores asociados al conflicto armado interno, la expansión del narcotráfico y la posterior consolidación de proyectos paramilitares, hicieron que el trabajo etnográfico comenzara a ser una opción difícil para muchos investigadores.

En definitiva, entendemos la antropología hecha en Colombia como una antropología producida en el país, que se constituye como insumo empírico, metodológico o conceptual para nuevos trabajos o discusiones. Producción y apropiación son los aspectos indispensables en esta definición, que incluye la producción realizada desde, aunque no necesariamente sobre Colombia, y hace énfasis en problemas, categorías y modos de abordaje moldeados por preocupaciones e inflexiones que surgen en el establecimiento antropológico del país.

No se trata de una comunidad definida por su lugar de residencia. Lo que resulta relevante es el lugar y redes de producción y apropiación de la práctica antropológica, entendida como campo de interacción entre colegas cuyos trabajos tienen como anclaje un establecimiento antropológico nacional. Antes que un toque de autenticidad de la cual solo serían portadores los nacidos en el país, se hace énfasis en un lugar o nodo en una red de relaciones que es constituido parcial y diferencialmente por los otros lugares y nodos que conforman el sistema mundo de la antropología.

Esta noción ayuda a evitar ciertas miradas de corte culturalista o nativista, implícitas en nociones como la de “antropología colombiana”. No se trata de desconocer que las maneras de hacer antropología responden a especificidades o estilos referidos a trayectorias y locaciones en los que los marcos de estado-nación han tenido un peso significativo. Al contrario, entendemos que las especificidades de las formaciones estatales y sus transformaciones han moldeado las particularidades temáticas, metodológicas, políticas e incluso las identidades de la antropología hecha en cada contexto nacional. Existe un riesgo intelectual y político al hablar de antropologías nacionales o subalternas como entidades totalizantes y reificadas. Pero no se pueden desconocer los entramados específicos en que se constituye la práctica antropológica, que a veces tiene como referente el marco del estado-nación, así como tampoco es posible desconocer el marco de relaciones de poder que define las geopolíticas del conocimiento.


 

Notas

1. A pesar de los mitos de la disciplina, la escritura y el trabajo antropológico están lejos de ser una tarea solitaria. Las perspectivas y trayectorias aquí reunidas hacen parte de las distintas redes y grupos de discusión en las que participan los autores. En especial, los tres volumenes recogidos bajo el titulo de “Antropología hecha en Colombia” (Restrepo, Rojas y Saade, ed. 2017, Rojas y Jaramillo ed. 2019) han sido un lugar de conversación invaluable al que deseamos agradecer y del que es difícil en ocasiones distanciarse. Seguramente los aciertos del presente texto provendrá de los ecos y reverencias de esos debates, pero por supuesto las limitaciones que puedan encontrarse son enteramente nuestra responsabilidad.

2. Además de la figura de Gregorio Hernández de Alba, miembro del movimiento que luego recibiría formación antropológica, vale la pena destacar el rol del escultor Rómulo Rozo que, hoy por hoy tras el valiente derribamiento por parte de indígenas Misak de la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar ubicada en la cima del Morro de Tulcán en ciudad de Popayán, habría tenido mucho que decir con su figura del guerrero indígena en piedra de 15 metros de altura realizada para celebrar el cuarto centenario de la ciudad. No obstante, en la cima del Morro fue ubicada la imagen de Belalcázar, elaborada por Victorio Macho (maestro de Rómulo Rozo en España), mientras que el monumento del cacique desapareció.

3. Es importante anotar que esta crítica al establecimiento antropológico se produce después de una década de haberse conformado las guerrillas liberales en los Llanos orientales, en el sur del Tolima, en Cundinamarca, y en la región del Sumapaz en las goteras de la capital. También, después de haber pasado por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (que tomó el poder hasta 1957), y de haber sufrido los estragos de la Ley 48 que en 1968 autorizó la conformación de grupos de defensa civil apoyados por militares, crítica radical al establecimiento antropológico. Obviamente elaboramos una mirada esquemática a un momento complejo de la antropología en el país. Algunos autores han trabajado con detalle problemáticas mencionadas aquí apenas de manera somera: Cavides 2002 y 2007, Friedemann 1987, Correa 2006ª y 2006b, Uribe 1980 y Vasco 2002.

4. Antropologós y antropólogas como Eduardo Restrepo, Cristóbal Gnecco, Arturo Escobar, María Victoria Uribe, Mauricio Pardo, Caludia Steiner, Joanne Rappaport,  Peter Wade, Christian Gros y Anne Marie Losonczy, entre otros provenientes de los programas de la Universidad del Cauca, Universidad Nacional y Universidad de los Andes fueron, de maneras distintas, figuras claves en la, inspiración, gestación y consolidación de este giro.

5. En su orden los programas de pregrado que han aparecido en las últimas décadas son: Universidad de Caldas (1997), Universidad del Magdalena (2000), Universidad Externado (2002), Universidad Javeriana (2004), Universidad del Rosario (2006), Universidad Icesi (2006), Fundación Universitaria Claretiana (2007), Institución Universitaria Antonio José Camacho (2013), Universidad de Santander (2018) y Universidad Surcolombiana (2019). Las maestrías se ofrecen en la Universidad Nacional, los Andes, la de Antioquia y la del Cauca. Los tres doctorados están en la Universidad del Cauca y, más recientemente, los Andes y la Nacional. Cabe anotar que hoy en día solo cuatro de los trece nuevos programas de pregrado en antropología son ofrecidos por universidades públicas, y que las políticas de becas y financiemiento han transformado la composición de sectores más populares en la tradicional division público/privada.


 

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Gazeta de Antropología