1. Introducción 

La histórica desprotección de las políticas de infancia y de transferencia económica dirigidas a las familias con hijos, el crecimiento exponencial de la precariedad laboral y la bajada de los salarios que se viene acumulando desde la crisis del 2008, junto con la crisis de la vivienda son las causas principales que empobrecen a las familias en España (Porcel 2019). La pauperización multicausal de las familias más vulnerables con menores de edad a cargo afecta de forma intensa y transversal al crecimiento en condiciones óptimas de los hijos y compromete su derecho al máximo desarrollo reconocido en el artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño (Naciones Unidas 1989).

Este artículo va en la línea apuntada por anteriores investigaciones etnográficas, como la centrada en “Impactos subjetivos del Fondo 0-16 en la vida cotidiana de la infancia y la adolescencia, y de sus familias” que se pregunta cómo una política de renta de urgencia orientada específicamente a la pobreza infantil puede afectar al bienestar material, relacional y emocional de los niños, las niñas y de sus familias (IIABa 2020). O la realizada sobre cómo afecta a la población infantil y juvenil  de Barcelona la expulsión forzada de sus casas a causa de los costes de la vivienda, dinámicas de gentrificación y desahucios en las vidas de los niños y adolescentes de Barcelona, los Impactos de la emergencia de la vivienda en la infancia y la adolescencia en la ciudad antes, durante y después de la crisis de la covid-19, recogiendo también las acciones de los colectivos en defensa de la vivienda y sus lógicas organizativas y de apoyo (IIAB 2021). Se profundiza aquí en aspectos imprescindibles, pero poco estudiados, del papel de las redes vecinales tal y como sugiere la Vulnerabilidad, crianza y redes vecinales de apoyo mutuo en la crisis de la covid-19 (Navarro 2021) en el marco del Proyecto I + D Crianza, desamparo y vulnerabilidad sociocultural. Análisis situacional y propuestas de intervención (CSO2017-83101-C2-1-R), de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El análisis aquí presentado evidencia que los factores que empobrecen a la familia afectan de manera sustantiva a niños y niñas y a sus entornos más cercanos (su familia, sus amistades, su vecindario y su escuela), especialmente los casos de desahucios y la expulsión del barrio. También demuestra cómo las dificultades para acceder a la vivienda y para cubrir las necesidades básicas se han visto agravadas con la crisis sanitaria de la covid-19. La expulsión residencial rompe con las bases del capital social y el arraigo en el barrio conectados con las redes personales y vecinales, basadas en la confianza, que se han ido creando durante años. Para las familias empobrecidas, además de las muy necesarias ayudas gubernamentales, son imprescindibles los intercambios informales, materiales o inmateriales, que permiten la gestión de pequeñas deudas con el comercio de proximidad, las amistades cercanas y grupos de apoyo escolares y vecinales. Cuando se rompen los lazos personales imbricados en el día a día del barrio, los hogares con una mayor privación material se vuelven todavía más vulnerables. De ahí que los movimientos contra la especulación inmobiliaria y los desahucios centren su lucha en la defensa del derecho a la vivienda, no sólo para garantizar algo tan fundamental como tener un techo, sino para defender la riqueza relacional y el tejido social comunitario construido durante años en el vecindario

Si bien no es así en todos los territorios, ni todos los tejidos vecinales de apoyo mutuo están activados, e incluso pueden llegar a activarse para la expulsión de familias indocumentadas y racializadas, cuando se activan para la defensa de los derechos fundamentales más vulnerados, las acciones de apoyo vecinal tienen un efecto patente y directo en la mejora de las condiciones de vidas de las familias sin recursos y aumenta las posibilidades de estas para acceder en igualdad de condiciones a nuevas oportunidades para sus hijos e hijas. Tras las sucesivas crisis económicas, las lógicas de especulación internacional y la desigualdad estructural mundializada, las familias más empobrecidas con hijos desarrollan estrategias coordinadas con las redes vecinales para poder garantizar la vivienda, el sustento y el bienestar emocional de sus criaturas. Tal y como resume Sauma (los nombres de todas las personas informantes que aparecen en este artículo son seudónimos): “Mis hijos necesitan techo, comida y a su madre. Haré lo que esté en mi mano para conseguirlo, lo que sea”. Con este caso, junto con otros que han formado parte de la investigación veremos cómo muchas familias apoyan activamente estas redes a la vez que se apoyan en ellas para garantizar la cobertura de las necesidades básicas y el bienestar material, relacional y psicológico de sus hijas e hijos.

2. Metodología

En los tres estudios arriba mencionados, los datos de campo se han interrelacionado con los datos estadísticos y la diagnosis a partir del trabajo previo del Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona, el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, Ivàlua y otros informes presentados desde las administraciones públicas, entidades del tercer sector y movimientos sociales y asambleas vecinales de Barcelona.  Se combinaron diferentes técnicas con el fin de triangular los datos etnográficos obtenidos con los datos estadísticos consultados. La etnografía se apoya en 1500 horas de observación participante; la participación  total, en el sentido de Hammersley y Atkinson (1994), de la petición de Ayuda del Fondo de infancia y la acción de las asociaciones y los desahucios. Asimismo, estas técnicas se complementan con la realización de entrevistas en profundidad adaptadas a niños y adolescentes que sufren las principales problemáticas asociadas con la exclusión social, la emergencia de vivienda y la crisis económica derivada de la covid-19, de las que cabe destacar la complejidad dada la sensibilidad de los temas tratados. El acceso a redes de apoyo, formales e informales, ha permitido recoger las perspectivas de los Servicios Sociales mediante grupos focales y de movimientos sociales conectados con los desahucios y redes vecinales mediante estudios de caso.

Imagen 1. Triangulación de datos a partir de datos etnográficos.

Imagen 2. Composición del universo de informantes entre adultos y menores de edad de las familias, y profesionales de servicios sociales. Entrevista de Juego-serio adaptada para niños, niñas y adolescentes.

Imagen 3. Mapa de los distritos de Barcelona. Fuente: Ajuntament.bcn.cat.

3. Resultados

3.1. Las familias con hijos tienen más riesgo de caer en la pobreza y en la exclusión social que el resto de la población

En el 2003, en el marco del proyecto European Union Statistics on Income and Living Conditions, Europa determinó generar una nueva medida de la pobreza que considerase recoger su carácter multidimensional y que fuera más allá de la meramente monetaria, añadiendo la baja tasa de actividad laboral y la privación material severa: la tasa AROPE (At Risk of Poverty and/or Social Exclusion). Durante el año 2018-2019, la tasa AROPE de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Barcelona fue del 34,4%, algo superior a la tasa catalana (32,8%), cuatro puntos porcentuales por encima de la española (30,3%) y 11 puntos sobre la tasa europea (23,4%) (IIAB 2019). Otros datos destacables de la tasa AROPE hablan de una tasa más alta en la infancia y en la adolescencia (34,4%) que entre la población adulta (24,0%) o en los mayores de 65 años (18,2%). También es más alta la tasa AROPE de las personas que viven en hogares con niños (30,7%) respecto al global de los hogares (24,5%) (IIAB 2019). 

Imagen 4. Riesgo de pobrezay/o exclusión social de los niños y adolescentes y de la población total (tasa AROPE; %). Barcelona, Cataluña, España y Unión Europea, 2018 (2017-2018) y 2019 (2018-2019). Fuente: IIAB 2019, a partir de las Estadísticas Metropolitanas sobre Condiciones de Vida (EMCV)– IERMB (2017-2018 y 2018-2019), de la Encuesta de condiciones de vida (ECV) – IDESCAT e INE (2018 y 2019) y de la European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) – EUROSTAT (2018 y 2019).

La Estrategia de Inclusión y Reducción de las Desigualdades Sociales (EIRDS) se fija en tres indicadores generales de desigualdad en la distribución de la renta para garantizar los derechos sociales de la población, los cuales comprenden la renta media anual por unidad de consumo (1), el índice Gini (2), y la ratio S80/20 (3). Complementariamente también se fija en la ratio S90/10 (4), que mide las desigualdades más extremas entre niños y adolescentes.

Las familias con hijos tienen un riesgo mayor de exclusión social y de pobreza, a lo que hay que sumar que, con respecto a las rentas medias de sus familias, la desigualdad global entre los niños y adolescentes crece en la ciudad de Barcelona; es decir, que la distancia entre los niños ricos y los niños pobres es cada vez mayor, lo que sitúa a los niños y adolescentes en peor posición que el resto de los grupos por edad (IIAB 2019 y Navarro-Navas y Porcel 2018). Estas mediciones dialogan con los datos recogidos en la etnografía y nos ayuda a situar las vivencias y los relatos en una desigualdad ponderable que está estrechamente vinculada con la creación de estrategias de crianza compensatorias que construyen las familias empobrecidas

3.2. Las ayudas de emergencia dirigidas a la infancia tienen un impacto directo y significativo en el crecimiento en igualdad de oportunidades

Cataluña cuenta con la Renta garantizada de ciudadanía (RGC) destinada a que las personas mayores de edad “puedan hacerse cargo de los gastos esenciales para el mantenimiento propio o de las personas que integran la unidad familiar o de convivencia” (5). Como el Ingreso mínimo vital (6) para su obtención precisa un reconocimiento de vulnerabilidad económica acreditada, así como otras ayudas destinadas al pago de la vivienda, o el resto de las ayudas de emergencia. A excepción de las becas comedor o del Fondo 0-16 creado por el ayuntamiento de Barcelona (7), en el territorio catalán y en el Estado español apenas existen transferencias sociales enfocadas a la reducción específica y significativa de las situaciones de pobreza y privación material infantil más graves.

La pobreza infantil severa se reduce a más de la mitad: del 20,4% antes de las transferencias sociales y las ayudas de urgencia se pasa al 8,5%. Además, marca la diferencia con Cataluña, donde el impacto de las transferencias sociales sobre las tasas de pobreza infantil es menor. La reducción de la pobreza infantil es menor en Cataluña, especialmente en la pobreza severa: mientras que en Barcelona se reduce 11,9 puntos porcentuales (del 20,4 al 8,5%), en Cataluña sólo se reduce 4,1 puntos porcentuales (del 19,1 al 15%) (IIAB 2019).

Imagen 5. Tasas de riesgo de pobreza en población entre 0-17 antes y después de las transferencias sociales, según límites. Cataluña y Barcelona 2016-2017. Fuente: Sistema Integral de Indicadores de Infancia y Adolescencia en Barcelona (SIIIAB), Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona. Datos de las Estadísticas Metropolitanas de Condiciones de Vida 2016-2017 (IIAB 2019).

Más allá de las mejoras en los niveles de pobreza material y del hecho de que se llega a los niños y adolescentes que sufren mayor intensidad en la pobreza (población diana), hay que destacar los impactos intangibles, aspectos esenciales en las vidas de los niños y sus familias. Destacan la importancia de contar con ingresos regulares que les dan más seguridad económica y una mayor capacidad de autogestión de la economía doméstica. Además, dignifica y aumenta la autoestima de las familias beneficiarias ya que la tarjeta-monedero les permite socializar desde el consumo en circuitos “normalizados” (y no de beneficencia). Además, libera tiempo a los adultos para dedicarlo a tareas de cuidado de los niños, cursos de formación y a la búsqueda de trabajo (de especial relevancia en la lucha contra la feminización de la pobreza). El Fondo 0-16 reduce el estrés emocional de los adultos, con la consiguiente mejora del clima familiar y el contexto relacional en el que crecen y se desarrollan los niños y adolescentes. El respiro económico resultante se traduce en nuevas oportunidades educativas para los niños y en la oportunidad de crecer en entornos más seguros, positivos y “normalizadores” (IIAB 2020a).

El paso de la pobreza severa a la moderada, a pesar de no resolver la situación de pobreza, supone una mejora importante del estatus social de los niños. Conlleva la ampliación de su contexto relacional, y resulta en una nueva consideración de sus redes y capital social. En los casos en que los niños y adolescentes han dejado de percibir el Fondo 0-16 recogemos un impacto contrario. Sienten que han sido abandonados por la administración y manifiestan su desmotivación por la continuidad de los estudios por considerar más útil una prematura incorporación al mercado laboral.

3.3. El coste de la vivienda sobrecarga y empobrece muchas economías familiares

Hay cuatro conjuntos de indicadores de pobreza que hacen referencia a lo que las familias necesitan destinar para sufragar la vivienda: la tasa de sobrecarga de los costes de la casa respecto al total de ingresos de la familia, el porcentaje de hogares que han sufrido retrasos en el pago de las mensualidades de alquiler o hipoteca por dificultades económicas, el porcentaje de hogares que viven en condiciones deficitarias y el porcentaje de personas que no pueden mantener la vivienda en una temperatura adecuada (IIAB 2021). Los últimos datos disponibles indican que un 18,4% de los niños y adolescentes de Barcelona vive en hogares que sufren sobrecarga de gastos de vivienda. Sus familias dedican más del 40%, porcentaje de 47% en el caso de Ciutat Vella, y con tendencia al alza (IIAB 2019 y O-HB 2018).

El informe “Infancias y vivienda: sobrecostes, gentrificación y emergencia habitacional en Barcelona” (Porcel 2019) presenta una tasa de sobreocupación de las viviendas que se ha incrementado en Barcelona en los últimos años, del 8,2% en 2016-2017 al 16,4% en 2018-2019 según las EMCV. Nieves Carrilero y Anna García (2020) señalan la conexión directa con la salud que tiene la sobreocupación de las viviendas. Aparte de ser una fuente de estrés durante el confinamiento, la sobreocupación suele estar relacionada con malas condiciones higiénicas, humedades y mala ventilación. Estas carencias pueden provocar insalubridad y favorecer la propagación de algunas enfermedades. La sobreocupación también facilita la proliferación de plagas y se considera que puede incidir negativamente en la alimentación de los niños.

Volviendo al trabajo etnográfico (IIAB 2021) ante la imposibilidad de hacer frente a los costos de la vivienda, muchas familias con niños (en su mayoría de monoparentales) se ven obligadas a elegir entre el cambio de lugar de residencia (con el consecuente desarraigo para los niños): tanto resistir en su hogar una vez finalizado el contrato, como ocupar una casa vacía (con el peligro y el miedo constante a sufrir un desahucio) o vivir en una pensión ofrecida por los servicios sociales son opciones que imposibilitan la crianza y el crecimiento de los niños en condiciones normalizadas. La elección de una u otra opción responde a la necesidad de tener un contexto estructural y residencial estable, incorporando una lógica de minimización de impactos y de potenciación del bienestar del niño. Podría parecer que estas opciones son muy poco frecuentes, pero los datos provistas por la ESS-2016 (encuesta de servicios sociales) indican que, entre las familias con niños y adolescentes a cargo y problemáticas de alta complejidad atendidas por los servicios sociales, un 10% vivían en situaciones atípicas y precarias como una habitación de alquiler (3%), una vivienda ocupada en pisos o locales comerciales (5%) y un 2% en otras situaciones similares (Martínez-Celorrio y Marín e IIAB 2018: 27).

Si cruzamos los datos de la sobrecarga en el hogar con la reducción de los ingresos en los hogares con niños obtenemos unos resultados que hacen insostenible el pago de los gastos destinados a la vivienda y la presión que viven las familias más vulnerables de puertas para dentro deviene insoportable:

“Se han vuelto locos, ¿cómo voy a pagar 950 euros de alquiler si cobro 700 euros al mes? Estoy sola con mi hijo. Vivo en la Barceloneta en un piso de 30 metros cuadrados. Claro, si se lo alquilan a guiris cobran lo que yo pago en una semana, y a nosotras que nos den, les importamos una mierda… ¿Qué hacemos? Si me como las paredes sigo debiendo 250 euros, y me queda el agua, la luz, y todo lo demás. No, no voy a vivir con mi hijo en la calle, antes muerta. ¡Esto es un exterminio! ¡Nos tendríamos que revelar!” (mujer, 29 años, familia monoparental con un menor a cargo, noviembre 2019).

La subida del precio del alquiler puede llegar a ser inalcanzable para las familias. Tanto en el caso de ser asumible como en el caso de no serlo, se produce la activación de estrategias para afrontarlo y una reorganización importante, tanto de la economía como de los espacios de convivencia familiares. Entre otras estrategias destacamos el hecho de privarse de bienes de consumo y de recreo, el endeudamiento, subalquilar espacio privado compartiendo la casa con otras personas, la petición de ayuda a servicios sociales y vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, la ocupación de la propia casa o de viviendas vacías, o la activación de redes vecinales de apoyo mutuo en defensa del derecho a la vivienda.

Muchas de las familias con alternativa habitacional deciden asumir la diferencia económica para quedarse en el barrio, especialmente si su asentamiento en el territorio está consolidado. Tanto si han nacido en el barrio como si han llegado años atrás, el arraigo es una estrategia de creación de red comunitaria, de red vecinal y de conexión con los dispositivos e instituciones de base. Un actor en la concreción de ese arraigo a destacar es la escuela por su conexión directa con el territorio y su protagonismo en la vida de los niños y adolescentes. La necesidad de mantener la escuela y quedarse en el barrio hace que las familias sin alternativa residencial elaboren estrategias alegales e ilegales y decidan asumir el riesgo antes de marcharse del barrio.

“A ver, nosotros estamos bien, yo soy abogado y mi mujer trabaja, (…). Antes pagábamos 600 euros por un piso de 140 metros cuadrados, que está muy bien. En los últimos dos años se ha vendido la finca a un fondo de inversión, dos veces. Después de mucho negociar hemos pasado a pagar 1400 euros. Es una barbaridad, pero tenemos a los niños en el cole y no los queremos cambiar porque están a gusto, tienen sus amigos, su mundo, conocen a los vecinos y los vecinos a ellos. Puedo dejar tranquilo a los niños jugando en la plaza porque sé que las personas que están los cuidarán. Hemos decidido no cambiar y pagar. Ahora no nos podemos ir de vacaciones, y hemos dejado de hacer muchas cosas que hacíamos antes, salir, pagar canguros, cenar fuera, ir al teatro, al cine, salir los fines de semana al campo… Todo se va al piso” (hombre, 53 años, familia biparental con dos menores, enero 2020).

Tanto los niños de renta alta como los niños de bajos ingresos sufren una privación material cuando sube el alquiler (hasta el 133% en el caso de algunos entrevistados) y si se puede asumir se hace en detrimento de la calidad de vida de toda la familia. A pesar de ser un denominador común, la presión de la privación material es mucho más alta entre las familias de renta baja y muy baja. 

“Cobro 300 euros de paro, pero pago 500 euros de alquiler; pero no es sólo el alquiler, es la luz, es el agua, es la niña, es la casa, es la comida. Porque comer por 300 euros al mes, con un niño, no te los quita nadie. Tú sola, mira, tiras de arroz…” (mujer, 45 años, familia monoparental con una menor, septiembre 2018).

Esta situación es mucho más grave en los casos de renta baja o muy baja. Una de las estrategias que toman las familias es optimizar el espacio del que disponen para reducir el precio del metro cuadrado por persona. La opción más común es compartir piso con otras personas, otras familias o, en su caso, destinar una o varias habitaciones para alquilarla a turistas o estudiantes provenientes del extranjero, por días o por temporadas. También encontramos familias que viven en pisos muy pequeños (20-30 metros cuadrados) con un precio que pueden asumir (400-600 euros al mes). Todas estas opciones pasan por reducir al máximo el espacio de habitabilidad por persona. Al no poder contar con una casa propia y depender de modelos de convivencia precarios e inestables se toma el riesgo de condicionar el propio techo a la fluidez de las relaciones interpersonales que, muy a menudo, debido al estrés vital, termina por generar un clima de crispación que fragiliza las relaciones, con las consecuentes rupturas de las unidades de convivencia.

“Tenía esta amiga de mi país. Y cuando vine estaba en su casa. Yo tenía que trabajar y ella se quedaba con mi hijo. Cuando se peleaban los niños, ella castigaba al mío. A veces llegaba y me lo encontraba en la escalera fuera, llorando. El suyo tenía diez y el mío, cinco años. Aguanté todo lo que pude, pero una madre no puede aguantar eso. Siempre mi niño castigado, siempre llorando. Era eso o la calle. Al final, decidí salir a la calle. Fui a servicios sociales para darle solución. Ahí empecé con la pensión. No voy a perdonar eso” (mujer, 42 años, familia monoparental con un menor, agosto 2020).

Unos de los impactos más destacables es el hacinamiento, con sus consecuencias negativas para el crecimiento y el desarrollo adecuado de los más pequeños de la casa, tanto en el ambiente íntimo como compartido.

“Somos una familia de cuatro, mi mujer, una niña de 2 años y una de 4, y mi mujer está embarazada. Es un quinto sin ascensor. Yo vengo de Marruecos, pero llevo aquí 10 años. Yo puedo pagar 300 euros al mes, quiero pagar. Yo no quiero ocupar ni nada de eso, yo quiero pagar. Lo único que encontré es una casa de 21 metros cuadrados. (…).  No estamos mucho en casa, porque es para volverse loco. Ahora el dueño nos quiere echar porque dice que quiere 600 euros, que los turistas pagan más, que está perdiendo dinero con nosotros” (hombre, 49 años, familia biparental con 2 menores, noviembre 2019).

3.4. Las familias con menores a cargo elaboran estrategias de afrontamiento y crean agencia orientada a garantizar la crianza

La reorganización de las prioridades en la distribución de los gastos destinados a las necesidades básicas pone en primer lugar la comida, el alquiler y los suministros. En este sentido, las ayudas, como por ejemplo la beca-comedor, juegan un papel capital en la reorganización de la economía doméstica. esta beca tiene otras consecuencias muy positivas en la economía doméstica. La despreocupación familiar de “saber que comen bien al menos una vez al día”, libera de estrés pues la alimentación equilibrada que se le supone al comedor de la escuela y se interpreta como una mejora sustancial en la salud de los niños. Otra de las ventajas es que el dinero que se ahorra con la beca comedor se destina a mejorar la dieta de la familia, aumentar el número de comidas o destinarlo a otros gastos que se consideran prioritarios. Que los niños se queden a comer en el colegio ahorra tiempo, sobre todo a las madres, quienes suelen ser las encargadas de llevarlos y traerlos a casa. Ese tiempo se ha empleado en avanzar tareas que permiten estar con ellos más tiempo y de mayor calidad, en el propio cuidado, en la formación y, en algunos casos, en la mejora de las condiciones laborales al poder abarcar una mayor franja horaria. Las etnografías demostraron que las madres también invirtieron el tiempo que ya no tienen que dedicar a conseguir lo básico en la comunidad y en la vida de barrio. El tiempo que dedican a asociaciones de barrio, grupos de mujeres o clases en el centro cívico son una inversión estratégica y determinante en la activación de las redes de apoyo de las madres, que se ha visto muy efectiva en la crisis de la covid-19. 

Asimismo, la gestión estratégica de la deuda se apoya en la red vecinal y comercial de confianza y es importantísima para poder llegar a fin de mes. Las familias entrevistadas calculan que este margen es de unos 300€ al mes de media, que mueven “de un lugar a otro” entre amistades y “que te fían” los comercios. La devolución de esta deuda varía en función de la confianza que se tiene con la persona que ha hecho el préstamo, de la antigüedad y la cantidad de la deuda. Sin embargo, declaran que “Vivir endeudado es vivir continuamente en una situación de angustia”. En primer término, los ingresos que llegan al hogar se destinan al pago de la casa y de la deuda, aunque, dependiendo de la situación, se puede jugar con la mensualidad del alquiler para cubrir este margen que siempre puede variar.

“¿Ingresos? Tenemos dos pensiones no contributivas mínimas, que son de 300 y pico cada uno (su marido y ella), que es con lo que vivimos (unidad doméstica de 4 miembros). Pagamos 500 y pico de piso (el alquiler ha subido de 290 euros a 550 euros), pues ponle unos 50 de luz, unos 40 de agua, el gas, total nos queda cero para sobrevivir. Y a partir de ahí, pasamos el mes como se puede. Haciendo una trampa por aquí, haciendo otra trampa por allí, y así va la cosa. No hay mucho más, esas son todas las cuentas” (mujer, 52 años, familia biparental con 2 hijos, julio 2019).

Ya se preveía el endeudamiento de las familias por el aumento de los precios de la vivienda desde el 2012, y lo que previsiblemente supondría su empobrecimiento no fue acompañado de una política preventiva de contención (Porcel 2019). En los hogares que están en situación de pobreza severa o extrema desaparecen los márgenes de reorganización monetaria que anteriormente les posibilitaban la subsistencia.

“El gasto está ahí, tengas o no tengas dinero. El gasto está ahí, pido dinero prestado a mis padres, a mis amigos. (…) pero tengo la ayuda de minusvalía de mi hijo, y saco directamente 100 euros para pagar a mi padre, y es una agonía. Es una tras otra, una tras otra” (hombre, 45 años, familia biparental con 5 menores, uno con autismo, agosto de 2018).

Muchas familias no pueden invertir como desearían en el bienestar de sus hijos, o incentivar valores de autonomía y empoderamiento en función de su sentido educativo y sus pautas de crianza. Muy a menudo, este bienestar no puede ir más allá de cubrir las necesidades básicas.

“Es importante que mis hijos tengan sus necesidades cubiertas (…). A mí me gustaría, por ejemplo, darle a mi hija una paguita a la semana para (…) para que aprenda también el valor de la pasta, y que la sepa apreciar. (…), a mis hijos no les he podido dar una paga nunca, y yo creo que les hubiera venido muy bien (…), para que ellos no tengan que decir ‘Quiero trabajar, (…), para poder invitar a la novia al cine, o para sus cosas, y dejen los estudios’” (mujer, 52 años, familia biparental con tres hijos, una menor de edad, septiembre 2020).

Todas las familias, con independencia de su renta, deben renunciar a bienes o actividades sociales y educativas, lo que limita su acceso al capital social que les permitiría formular alternativas con las que crear agencia para paliar o amortiguar los impactos de la crisis de la vivienda o de la covid-19.

La tranquilidad de muchas familias para mantener el pago del alquiler depende íntegramente de las ayudas para el alquiler y, de manera complementaria, de otras destinadas a la infancia, la pobreza energética o para cubrir necesidades puntuales que se otorgan desde los servicios sociales. Para muchas familias, sin esta ayuda es imposible conservar su casa.

“¡Ojo! Tenemos casa, pero nos han doblado el alquiler. Si a mí me falla la ayuda de vivienda, vuelvo a estar en proceso de desahucio” (mujer, 51 años, familia biparental, con dos menores, julio 2020).

Las familias que se encuentran en una situación desesperada utilizan la estrategia de forzar la entrada en una pensión u hostal para entrar en la Mesa de emergencia. La previsión inicial es que la pensión será temporal y que llegará rápidamente el momento de poder disponer de un piso propio, de alquiler social o de protección oficial. La realidad es que en la Mesa de emergencia 2019 había una lista de espera de tres años, según las personas informantes. Aun así, que la respuesta a un desahucio desde los servicios sociales de emergencia sea la derivación a pensiones es vivido por las familias como una solución disfuncional, contraproducente, e incluso traumática. A menudo se percibe como una expresión de la violencia institucional hacia las capas más pobres de la sociedad. La opción de las pensiones no tiene sentido para muchas familias por ser una opción puntual (dos o tres días), porque se mueve a la familia de un lugar a otro sin sentido ni previsión de mejorar su situación, y porque a menudo se convierte en una opción a largo plazo, totalmente insostenible para las familias con hijos en un nivel material, psicoemocional y relacional. En algunos casos, las familias desestiman el piso de acogida otorgado desde la Mesa de emergencia por no respetar su prioridad de arraigo en el barrio y acaban ocupando una vivienda vacía.

“A mi amiga le ofrecieron un piso en Terrassa, y me dice ‘Pero ¿qué se me ha perdido en Terrassa? No tengo a nadie, no conozco a nadie’” (mujer, 37 años, familia monoparental con una menor, noviembre 2019).

“A esta familia les hemos ofrecido varios pisos y no los quieren. Dicen que no quieren ir a Ciudad Meridiana, que quieren estar en Ciudad Vella, Y yo les digo: ‘Oye, que esto no es una inmobiliaria. Que debes conformarte. ¡Es que no tenemos más opciones ahora!’. Ya me gustaría a mí que fuera donde ellos quieren, pero es que están rechazando un piso y no los volverán a llamar. Ya les he dicho” (mujer, 36 años, trabajadora social, mayo 2018). 

El recorrido entre la oficina de atención a la vivienda y los servicios sociales en un comienzo no está muy claro para las familias sin alternativa habitacional, hasta el momento en que desarrollan cierta pericia tanto para identificar el dispositivo más ágil y eficaz como para la gestión y presentación de instancias. Este saber se comparte entre iguales, ya sea de boca en boca como dentro de plataformas vecinales. Empezar este circuito no garantiza encontrar vivienda, aunque los datos de otorgamiento y el trabajo de campo recoge que algunas familias encuentran muy descompensada la relación entre el número de solicitudes y la flota de pisos disponibles. Estos servicios no suelen estar frecuentados por personas “sin papeles” por miedo a que puedan quitarles la custodia de sus hijos. Únicamente acceden a ir acompañados de vecinos o miembros de plataformas vecinales, aunque tardan en comprender su función y en identificar si tienen un papel institucional o no. Cuando las familias indocumentadas no conectan ni con circuitos de servicios sociales ni con plataformas vecinales están totalmente desprotegidas y si no llegan conectados con red propia, habitualmente terminan alquilando pisos a mafias o a compatriotas que abusan de su desconocimiento.

3.5. Las redes vecinales de apoyo mutuo combinadas con el apoyo formal son de vital importancia para familias vulnerables 

Tras la declaración el 14 de marzo del Estado de Alarma por parte del Gobierno de España, se ha dado un fenómeno descrito por (Blanco y otros 2020) como “la explosión solidaria”. La llamada “explosión solidaria” se recoge en diferentes mapeos de organizaciones que han surgido o se han reactivado durante la pandemia. Solivid reunió diversas fuentes de datos (8). En este mapa, todas las iniciativas estaban activas durante la crisis sanitaria de la covid-19, sin embargo, hay algunas iniciativas que no llegaron a recogerse por falta de datos de los colectivos que las conformaban, sin entidad jurídica en muchos casos. En el segundo caso, encontramos aquellas iniciativas que estaban activas vinculadas con la vivienda y que se reformularon para atender la nueva emergencia. Han sido recogidas más de 600 iniciativas de todo el Estado Español, en Cataluña, 290; en Barcelona provincia, 139; en Barcelona ciudad un total de 89 y 11 en Ciutat Vella. Tal como presentan los autores:

“La solidaridad es la expresión de un sentimiento de pertenencia colectiva y de compromiso con la comunidad que nos impele a ayudarnos mutuamente, compartiendo altruistamente con los demás nuestras propias capacidades (nuestro tiempo, nuestras capacidades físicas, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestra experiencia, nuestros recursos…). El estallido de solidaridad que la crisis del coronavirus ha motivado en estas últimas semanas se ha concretado en numerosas y muy diversas iniciativas” (Blanco y otros 2020).

Destaca la espontaneidad, la rapidez, la capacidad de reacción ante la nueva emergencia. Las redes vecinales comienzan a conectarse mediante aplicaciones de móvil, lo que asegura la inmediatez de la comunicación. La primera red de apoyo mutuo del barrio surge el mismo día de la declaración del Estado de Emergencia del 14 de marzo de 2020. Todas se activaron durante la primera semana. La información etnográfica surge del contacto directo con 10 redes vecinales en los barrios del Raval, Gótico, Casc Antic, Poble Sec y las Redes Locales de Apoyo Alimentario. Existe un sustrato previo que hace que todas las redes puedan organizarse a partir de un tejido asociativo. Esta condición facilita el éxito de las acciones de apoyo mutuo y la rápida gestión de recursos materiales y humanos. Muchas nacieron de sindicatos de vivienda o de movimientos sociales con base en el barrio.

Las redes vecinales de apoyo mutuo se caracterizan por un alto nivel de autogestión, por su gran capacidad de ser autónomas, por contar con herramientas y mecanismos de detección rápida de las necesidades y por convivir y operar en contacto cotidiano con la improvisación y el caos. Suelen estar organizadas por un grupo reducido de personas que encabezan la toma de decisiones a partir del consenso de las personas que se encuentran presentes en ese momento, aunque existe mucha diversidad con relación a la organización y toma de decisiones. Se organizan desde las comisiones o subcomisiones para temáticas y tareas, o por una gestión más vertical del voluntariado, aunque pueden encontrar modelos mixtos en diferentes grados de verticalidad/horizontalidad. La toma de decisiones puede ser de manera asamblearia o desde una coordinación más dirigida basada en la confianza y en directrices estructuradas. Todas cuentan con estrategias de comunicación inmediata, tanto de manera interna como entre diferentes redes, lo que permite gestionar la obtención de recursos de manera coordinada en el margen de unas horas.

La recogida de alimentos se convierte en acción política y en una oferta de recursos muy valiosos para las familias más vulnerables, especialmente para las familias con niños. Las redes locales de apoyo alimentario son un espacio de detección de las necesidades propias de cada grupo social y de cada edad. Se denuncia la poca operatividad de los servicios sociales básicos y se reivindican sus derechos ante la Administración Pública.

“Desde que se decretó el estado de alarma en el barrio nos hemos conectado con las vecinas para hacer frente a la nueva emergencia. Las crisis sanitarias o de cualquier tipo, siempre las pagamos las mismas (…). Hemos podido acercar comida a más de 200 personas, a los jóvenes que duermen en la calle, y a otras vecinas que no tienen acceso a ninguna ayuda oficial. Nos hemos organizado, una vez más, todas, haciendo crecer el movimiento vecinal” (Sindicat d’Habitatge Casc Antic, 8 de mayo, 2020).

Durante el estado de alarma un total de 21 redes de apoyo alimentario se unieron en la provincia de Barcelona bajo el paraguas de Redes Locales de Apoyo Mutuo. Distribuyeron cestas básicas de alimentos llegando a repartir a 12.000 personas. Muchas de estas redes declaran que incluso recibieron personas derivadas de servicios sociales, cuestión sobre la que servicios sociales declaró no tener constancia.

Estas 21 redes desarrolló dos líneas de acción paralelas: la distribución de alimentos y la acción política y de denuncia. Los recursos alimentarios que las redes conseguían se redistribuían entre todas y se coordinaron para abrir un punto de distribución conjunto desde el Banco de Alimentos (9), con el paraguas de la entidad Espiguladors (https://espigoladors.cat/). En septiembre de 2020, el Banco de Alimentos pidió como requisito presentar la identidad de los usuarios de cada red, muchas de las redes decidieron mantener la privacidad de sus miembros y decidieron retirarse. Algunas intentaron pedir comida a las puertas de los supermercados para abastecerse, pero esta opción no tuvo mucho recorrido porque muchas familias lo percibían como un estigma al conectarlo con la mendicidad.

Respecto a la acción política, una de las acciones más sostenidas en el tiempo ha sido la denuncia de la poca cobertura administrativa ante la desprotección delas capas más vulnerables de la sociedad, y la incapacidad de dar soluciones que, a su juicio, tienen la Administración ante la crisis. Se escribió un comunicado conjunto llamado “Los juegos del Hambre 2020: comunicado urgente de las Redes Locales de Apoyo Mutuo”, donde se  expone el colapso y la poca operatividad de los servicios sociales de los ayuntamientos, y donde exigen la no persecución policial del trabajo asociativo y la no obstaculización de las acciones solidarias de los colectivos vecinales (10).

Después de este comunicado, cargos técnicos y políticos del Ayuntamiento de Barcelona se reunieron con representantes de las redes para recoger sus peticiones. En el mes de julio de 2020 se aprobó un presupuesto extraordinario destinado a las redes vecinales de apoyo mutuo, con dotación de espacios y de subvenciones.

Imagen 6. Vecinas de Ciutat Vella reivindicando atención ante los Servicios Sociales.

3.6. La percepción de la importancia de estas redes de apoyo es muy significativa para la persona y su familia

Ante la pregunta “¿Qué ha cambiado en tu vida desde que estás en redes de apoyo mutuo?” las familias entrevistadas destacan el hecho de “no encontrarme solo”. El hecho de entrar a formar parte de una red vecinal de apoyo cambia la percepción de su propia realidad, del barrio y de sus vecinos y vecinas. La incorporación de las personas vulnerables a un grupo que se encuentra en la misma situación descarga la presión y el estrés, y las estrategias de afrontamiento pasan de ser individuales, o de la unidad doméstica, a ser colectivas. Esta conjunción permite a las personas resolver los conflictos en comunidad y salir del aislamiento, cambiando así la percepción del entorno físico y social, y también supone un cambio más positivo y esperanzador en la autopercepción.

“Cuando ves que no eres tú, que no es que hayas hecho algo mal; que todo el mundo está igual, o peor, pues piensas: ‘Yo puedo. Yo puedo hacer algo por el otro, como el otro lo ha hecho por ti’. Primero, flipas, que desconocidos te ayuden tanto. Ahora ya no somos vecinos, somos familia” (hombre, 68 años a cargo de 2 nietos menores, enero 2019).

Las acciones de apoyo, además de dar recursos, generan vínculos muy fuertes y nuevas relaciones sociales que a menudo terminan en amistad. Aumenta el capital social y el círculo de personas con quien contar en caso de necesitar un soporte más cercano. Mucha gente se autopercibe con más capacidades después de formar parte de un sindicato o de un grupo de asociación vecinal.

“Es otra red, por ejemplo, que está más centrada en comida, (…) es muy, muy importante para mí. A mí este rollo me da mucha, mucha vida. O sea, de algo que me iba a hundir como era que me echaran de casa, lo único que ha hecho ha sido que crezca, que crezca mogollón, tanto individualmente como de conocer a la gente. He conocido a gente muy chula, y me ha dado mucha energía. O sea, me siento mucho más protegida de lo que estaba hace dos o tres años, ¿sabes?” (mujer, 52 años, familia biparental, con tres hijos, septiembre 2020).

Para muchas personas la ampliación del marco social entrando en redes de apoyo vecinal supone también ampliar la diversidad socioeconómica del grupo de pares puesto que incorporan el perfil de personas con formaciones, trayectorias profesionales y personales, procedencia socioeconómica y cultural diferentes a la suya. La ampliación de la conexión intergeneracional entre los actores activos de las redes es otro factor destacable, conformado por edades de 18 a 91, mayoritariamente mujeres, a quienes acompañan sus hijos menores de edad en muchas de las acciones colectivas.

“Que sí, tenía mis amigas de siempre. Mis amigas de toda la vida, pero ahora lo que tengo es inmenso, ahora lo que tengo es una pasada (…). Porque, si no, no hubiera conocido a esta gente ni esta manera de funcionar (…) necesitaba solo un empujoncito y esto (Sindicat Casc Antic) me lo ha proporcionado. Porque yo estaba en mí mundo. Que mi mundo era médico-casa, casa-médicos, y mis amigas venían a verme, y esto. Pero esto lo que me ha dado es que me siento superútil y me siento superbién” (mujer, 52 años, familia biparental con tres menores, septiembre 2020).

4. Conclusiones

Las causas que empobrecen a las familias tienen pronóstico de empeorar debido a la crisis abierta por la covid-19. Tras un análisis exhaustivo de datos cuantitativos y cualitativos, el Instituto de Infancia y Adolescencia de Barcelona determina que las ayudas destinadas a la infancia y a las familias con hijos son tan insuficientes como imprescindibles. Medidas como el Fondo 0-16 no acaban con la pobreza, pero supone un cambio significativo en la reducción de la privación material, además de mejorar la percepción del propio bienestar. Esta transformación refuerza y enriquece aspectos relacionales, lo que deja su impronta en la salud emocional, física y psíquica de la infancia, de la adolescencia, y de sus familias (ANONIMIZADO y Truño 2019) (IIAB 2020). Sin embargo, se evidencia una reducción notable de la pobreza extrema cuando se combina con otras ayudas (Porcel 2019, IIAB 2019). Para que las familias con hijos tengan cubiertas sus necesidades básicas es imprescindible “sostener y ampliar el papel prioritario de las políticas públicas de renta que lidera el Ayuntamiento de Barcelona en la defensa de los derechos de la infancia”. Para que esto sea posible se tiene que “trabajar con el resto de las administraciones públicas para situar la medida al nivel administrativo y dotación económica que le corresponden: una renta garantizada a la que se tiene derecho sin más condición que la de estar bajo el umbral de la pobreza” (Pineda y Navarro 2021: 23). A partir de una simulación con los datos disponibles, el IIAB ha calculado que con 109,7 millones de euros adicionales a los 10,6 millones de euros (Fondo 0-16 en la convocatoria 2018) se podría eliminar el riesgo de pobreza severa a todos los niños y adolescentes de la ciudad. Y con 466,3 millones de euros se eliminaría el riesgo de pobreza moderada a todos los niños y adolescentes de la ciudad (Ivàlua 2019). No se dispone de datos sobre el número de hogares perceptores de la Renta de Garantía Ciudadana (RGC) en Barcelona ciudad (tampoco en cuántos de estos hogares hay menores de edad), pero sabemos que el despliegue de la RGC queda muy lejos de las necesidades estimadas (38.000 familias según ECV-2017; 51.000 según los registros de servicios sociales) (Torrens 2019).

Las situaciones de precariedad, debilidad, aislamiento y presión a las que están sometidas estas familias ponen en tensión las estructuras familiares y también los sistemas de protección a la infancia. Cuando se invierte en ayudas directas en vivienda y en infancia desde las políticas públicas se consigue un alivio del estrés de las familias por la carga económica de los costes de la vivienda, además de atenuar la pobreza energética y frenar el proceso de segregación residencial. Recordemos que, ya en 2016, entre las familias con niños y sus problemáticas de extrema complejidad social, el 40% se acercaban a los servicios sociales por problemas relacionados con la vivienda, pidiendo ayudas para sufragarla o para mejorar las condiciones de habitabilidad (Martínez-Celorrio y Marín e IIAB 2018, IIAB 2020b).

Las medidas promovidas por el Gobierno español, como la prórroga automática de los contratos de alquiler (Decreto Ley 11/2020) para reducir el riesgo al que se exponen muchas familias e inquilinos con contratos que finalizaban durante el estado de alarma, no ha sido eficaz para detener todos los desahucios. Otra de las medidas aprobadas, la moratoria de la deuda arrendataria es mucho más problemática. Si bien tiene como objetivo dar apoyo a las unidades familiares en situación de vulnerabilidad, se genera, se mantiene o se incrementa el endeudamiento de las personas arrendatarias o con crédito hipotecario, quienes, en la mayoría de los casos, ya tenían dificultades para pagar el alquiler antes de la pandemia (IIAB 2019).

En contexto de regresión económica, se amplía la sobrecarga por el coste de la vivienda, poniendo en peligro las condiciones de habitabilidad. El confinamiento absoluto impacta más negativamente en la salud integral en contextos se sobreocupación de la vivienda (bienestar físico, mental y social) de los niños y adolescentes de familias en situación de vulnerabilidad social.

Muchas familias dependen de los subsidios, las ayudas a la vivienda y otras complementarias para poder pagar alquileres abusivos. El hecho de cubrir con inversión pública los costes de un mercado inmobiliario privado que muchos hogares no pueden asumir tiene el riesgo de agotar el sistema del bienestar, lo que genera que sus dispositivos de contención de la emergencia residencial lleguen incluso a encontrar fórmulas paliativas inadecuadas para la crianza como, por ejemplo, que Tania y sus tres hijos se vean obligados a vivir largas temporadas en una habitación de una pensión sin cocina ni acceso a baño individual, con tiques de comida en el bar de la esquina. Este tipo de soluciones de emergencia, además de poco eficaces, son disfuncionales y poco óptimos bajo un punto de vista presupuestario. Ante esta situación, muchas familias buscan apoyo en las redes vecinales, informales y alternativas, complementando las opciones formales ofrecidas por la Administración pública. Para salir de la pensión, Tania, con el apoyo de sus vecinas, acabó accediendo a una casa desocupada propiedad de un fondo de inversión.

Las redes de apoyo mutuo ofrecen los recursos materiales e inmateriales para acompañar entre iguales una situación tan extrema como un desahucio, la falta de trabajo y la falta de comida en una casa con hijos, el acompañamiento, la dotación de material escolar y el acceso a dispositivos y wifi para poder atender las clases durante el confinamiento, entre otros recursos, además de ser un conector entre las redes formales e informales. Las familias combinan los recursos de servicios sociales con las provisiones que les llegan de sindicatos o entidades asistenciales.

Cuando las familias se ven afectadas por una expulsión forzada de su vivienda, la existencia de redes vecinales de apoyo mutuo, mejoran y optimizan las posibilidades de éxito en la negociación y el encuentro de soluciones favorables a las familias, sobre todo cuando están coordinadas con la red de servicios públicos. El trabajo de campo muestra, igualmente, múltiples ejemplos en los que la coordinación entre los dispositivos de la Administración pública para hacer frente a la emergencia residencial con el resto de servicios públicos (servicios sociales, centros educativos y de salud) y con las redes comunitarias (arraigadas en el territorio y de diferentes ámbitos de actuación) resulta importantísima para optimizar recursos y minimizar impactos en los niños que están siendo desahuciados, o que están en riesgo de exclusión residencial y sufren el estrés y la incertidumbre de un posible desahucio.

La crisis de la vivienda se ha reactivado con mayor virulencia tras la crisis de la covid-19, disparando los niveles de desigualdad y limitando, aún más, las posibilidades de acceso a una casa digna. La vulneración del derecho a la vivienda tiene como consecuencia directa la vulneración del derecho al máximo desarrollo y crecimiento de los niños y las niñas en condiciones óptimas. Las familias se encuentran impotentes ante la transformación de la vivienda en una mercancía muy rentable en el mercado global y financiero. La emergencia residencial y alimentaria afectan a la construcción y estabilidad de la persona en las diferentes etapas de crecimiento y socialización de su ciclo vital, y de manera muy sensible en la infancia y la adolescencia. La crisis de la vivienda traspasa todos los aspectos materiales, relacionales, psicoemocionales y simbólicos en la vida diaria de las niñas, los niños y las y los adolescentes en todas las dimensiones de la vida. La inestabilidad en el hogar, y sufrir situaciones límite como vivir uno, o varios desahucios, o crecer en un hostal durante años son una de las mayores preocupaciones y angustias de los hijos e hijas de familias en pobreza severa y/o extrema, y la fuente mayor de estrés y de malestar de sus familias. Además, los niños pueden enfermar física y mentalmente por este motivo, les afecta al rendimiento y convivencia en la escuela y limita gravemente su crecimiento sano, feliz y en igualdad de condiciones.

Ya antes de la crisis de la covid-19, en especial durante los tiempos más duros del confinamiento, las redes informales han demostrado su capacidad de movilizar una gran cantidad de recursos humanos, económicos y materiales en un tiempo récord, de manera autónoma y de forma autogestionada, para dar respuesta a las necesidades sociales de muchos niños, adolescentes, y sus familias. En el año 2018, los desahucios atendidos desde el Servicio de Intervención y Mediación ante Situaciones de Pérdida de Vivienda y/o Ocupaciones (SIPHO), se atendieron 2381 casos de desahucio, de los cuales el 13,76 % tuvieron lugar en Ciutat Vella (Ayuntamiento de Barcelona 2018). Ante esta situación de emergencia residencial y alimentaria, las redes se aproximan a los servicios públicos desde distintas sensibilidades, desde la confrontación de la denuncia hasta la mediación y la colaboración. Por este motivo, las instituciones públicas tienen el reto de encontrar modelos que incorporen la diversidad de redes vecinales y trabajar de manera interconectada en la defensa de los derechos de la vivienda y la protección de la infancia (IIAB 2020b).

El arraigo en el barrio es un capital inmaterial imprescindible para niños y adolescentes en situación de pobreza o exclusión socioeconómica. Es fundamental para las familias garantizar que sus hijos e hijas echen raíces en el barrio, dado que permite activar diferentes estrategias y mecanismos de adaptación, afrontamiento, resistencia y subsistencia ante las pésimas condiciones de habitabilidad, la accesibilidad a un hogar digno, la privación material y el empobrecimiento exponencial de la unidad doméstica después de la crisis. El hecho de estar arraigado en el territorio permite crear estructuras y redes alternativas de apoyo mutuo informal, al tiempo que refuerza el acceso a la información de ayudas y al apoyo formal. El derecho al arraigo garantiza la prevalencia del capital social, capital relacional y el patrimonio inmaterial en la construcción de riqueza no monetaria, que sostiene y complementa los ingresos disponibles. El capital inmaterial que genera el arraigo tiene como fruto el sentimiento de pertenencia, la construcción de identidades individuales y colectivas, especialmente de barrio y de escuela, potencia la autonomía y la autoestima, y genera comunidad y tejido social a partir de la conexión con el comercio de proximidad, la escuela, la apropiación del espacio público a partir, por ejemplo, del juego, las manifestaciones reivindicativas, la fiesta o la participación activa en la defensa del derecho a la vivienda en las redes vecinales y los movimientos sociales con base en el barrio.

Notas

1. Para calcular las rentas anuales medias de los hogares se contabilizan los salarios, las transferencias sociales y los ingresos patrimoniales del hogar (IIAB 2019).

2. El índice Gini es un indicador que mide el grado de desigualdad de la distribución de la renta con una puntuación entre 0 (máxima igualdad) y 100 (máxima desigualdad) (Porcel 2019 y IIAB 2019).

3. La ratio S80/S20 mide la desigualdad en la distribución de la renta mediante el cociente entre el total de ingresos acumulado entre la población con el 20% de rentas más elevadas sobre el total de ingresos acumulado entre la población con el 20% de rentas más bajas. (IIAB 2019: 10).

4. La ratio S90/S10 mide la desigualdad en la distribución de la renta mediante el cociente entre el total de ingresos acumulado entre la población con el 10% de rentas más elevadas sobre el total de ingresos acumulado entre la población con el 10% de rentas más bajas. (IIAB 2019: 10).

5. https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/rgc_complement_estatal_activable.

8. Solivid es un proyecto colectivo que ha construido de un mapa colaborativo sobre las iniciativas solidarias frente a la crisis de la covid-19, www.solivid.org