Introducción
La declaración del estado de alarma en España el 14 de marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia por Covid-19 no solo puso de relieve la gravedad sanitaria de la situación a nivel comunitario, sino que supuso un preocupante punto y seguido para la cronificación de determinados factores desencadenantes (y/o agravantes) de la vulnerabilidad sociocultural a diversos niveles. Entre estos factores cabe contar el agravamiento de las desigualdades en el acceso a la educación y a la salud, el deterioro en el bienestar material de muchas familias debido a la reducción de ingresos a causa de la pérdida del puesto del trabajo (o, en un supuesto menos grave, pero no por ello con menor repercusión, el empeoramiento de las condiciones laborales), el incremento en las responsabilidades de cuidado –especialmente entre las mujeres– hacia familiares enfermos o dependientes (en diverso grado) y el aumento de las obligaciones de crianza a causa del repliegue virtual de la docencia presencial, la reducción de las actividades extraescolares y la discontinuación del algunos servicios de alimentación y ocio orientados a niños, niñas y adolescentes.
Pero acaso el ingrediente más preocupante de este deterioro en el bienestar es la erosión de los recursos de afrontamiento debido a las consecuencias de la crisis financiera precedente (desencadenada en 2008) y que suponía un pésimo punto de partida para hacer frente a los efectos de la pandemia de 2020: muchas familias han debido hacer frente a un incremento de necesidades asistenciales con una disminución de recursos y un debilitamiento considerable de su red de apoyo, tanto formal como informal.
En este contexto, desde el proyecto Crianza, desamparo y vulnerabilidad sociocultural. Análisis situacional y propuestas de intervención (CSO2017-83101-C2-1-R) hemos profundizado en los últimos años en diversas estrategias de crianza en contextos socioculturales de vulnerabilidad, tratando de detectar necesidades específicas, así como de evaluar los recursos disponibles (y los necesarios) y formular propuestas de actuación. Nuestra aproximación a estos entornos de crianza vulnerable ha incorporado una mirada interdisciplinar sobre diversos ámbitos específicos de actuación: la dimensión conceptual del problema, los cuidados parentales extendidos, los mecanismos institucionales de protección a la infancia, la educación y el rol de los medios de comunicación, especialmente de la publicidad. Las contribuciones que presentamos en este monográfico son fruto de esta cooperación interdisciplinar sobre diferentes etnografías en distintos países (principalmente España y Senegal).
Vulnerabilidad sociocultural y crianza
Podemos entender genéricamente la vulnerabilidad como la susceptibilidad de padecer distintos efectos depresores sobre el bienestar individual o colectivo bajo determinadas situaciones (físicas, emocionales, laborales, financieras, etc.) y en ciertos contextos (desigualdad, desprotección, exclusión, etc.). En el ámbito específicamente sociocultural, tal y como consta en el documento Equidad en Salud y COVID- 19, del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España:
“La vulnerabilidad social se produce ante la privación total o parcial de recursos y estructuras públicas y comunitarias y puede llevar a individuos y a comunidades a sufrir desprotección material, emocional y relacional. Es el resultado de dinámicas sociales de no reconocimiento de plenos derechos e igualdad entre personas y colectivos en base a ejes de desigualdad, como la situación económica, el nivel educativo, la situación laboral, las condiciones laborales, el estatus migratorio, el género, la etnia, la diversidad sexual o la diversidad funcional, entre otros. Estos ejes de desigualdad interaccionan entre sí en cada persona o comunidad en múltiples y a menudo simultáneos niveles, haciendo crecer su vulnerabilidad de manera exponencial, por lo que es necesario un enfoque Inter seccional. La vulnerabilidad social se relaciona con la inseguridad y la indefensión que experimentan algunas comunidades y familias en sus condiciones de vida y con su capacidad para manejar recursos y para movilizar estrategias de afrontamiento” (Ministerio de Sanidad 2020: 5).
Los efectos de esta condición vulnerable pueden ser especialmente perniciosos en algunas etapas vitales, como lo son los periodos de crianza, entendida como “el conjunto de fenómenos socioculturales que estructuran y encauzan la enculturación de los/as niños/ as hasta su madurez social, cubriendo sus necesidades vitales básicas, y que comprenden ideas, normas y prácticas respecto a su manutención, protección y bienestar físico y psicológico, así como el acompañamiento de su inserción social en la comunidad humana de la que son miembros mediante la provisión y regulación de los códigos culturales necesarios para ello” (Grau 2019: 468).
Desde 2008 la articulación de vulnerabilidad sociocultural y crianza ha venido marcada por el efecto devastador de dos crisis sucesivas: una de marcado carácter económico y la otra principalmente sanitaria, aunque ninguna de las dos limita sus efectos a las consecuencias económicas y sanitarias respectivamente. De este modo, una panorámica general sobre algunas de las consecuencias más recientes de esta siniestra combinación nos revela la magnitud de su impacto. Así, la pérdida de puestos de trabajo (principal fuente de provisión de recursos económicos) se disparó a lo largo de 2020, lastrando una recuperación del empleo que apuntaba una tendencia al alza más o menos sostenida, aunque con fragilidades evidentes, tras haber tocado fondo durante el primer trimestre de 2013. Si en el primer trimestre de 2020 la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejaba una reducción del 1.23% respecto al primer trimestre del año anterior, el segundo semestre muestra un aumento del 4.25%, que pasa a ser del 15.82% en el tercer trimestre y de un 16.54% en el cuarto. En cifras absolutas, 3.719.800 personas estaban oficialmente sin empleo en España el último trimestre de 2020; además, la previsión gubernamental sobre el impacto del coronavirus en la tasa de desempleo en España se sitúa en una destrucción del 19% para 2020 y del 17.2% en 2021 (STATISTA 2021).
En este contexto, un 10.7% de la población no tendría posibilidad de pedir ayuda material a familiares, amigos o vecinos (es decir, a su red informal de apoyo), porcentaje que aumenta hasta casi el 11.8% entre la población de 65 años o más (1); teniendo en cuenta que este último sector, a 1 de julio de 2020, suponía 9.303.070 personas, nos encontraríamos ante más de un millón de personas sin red personal de apoyo material efectivo en España. Si encuadramos a mujeres en edad reproductiva (15-49 años), estaríamos por encima de las 920.000 personas, cantidad que se incrementa a medida que aumenta la edad.
Ello tiene un efecto directo sobre la posibilidad de acceso a una vivienda (o sobre la viabilidad de conservarla en casos de arrendamiento). Según datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2020 se produjeron en España 18.903 ejecuciones hipotecarias, de las cuales el 39% (7.367) lo fue sobre la vivienda habitual. En conjunto, dichas ejecuciones sobre vivienda de personas físicas aumentaron un 27.4% (INE 2021). Pese a suponer un descenso del 53% respecto al año anterior (STATISTA 2021), debido en buena parte a las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno central mediante el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, algunas fuentes apuntan a la existencia de “desahucios invisibles”, es decir: aquellos que no acaban en los juzgados y que son consecuencia, por ejemplo, de incrementos considerables en el precio del alquiler (Caballero 2020).
La incidencia de estos incrementos, entre otros factores, repercute principalmente sobre los sectores económicamente menos favorecidos, quienes también sufren los efectos de la crisis a otros niveles. Así ocurre, por ejemplo, con la llamada brecha digital: cuando la consideramos en relación con el nivel de ingresos del hogar, vemos que el 99.8% de las viviendas con ingresos netos superiores a 2.500 euros mensuales tenían acceso a Internet y un 97.9% disponían de alguna clase de ordenador, mientras que en aquellas con ingresos netos inferiores a 990 euros los porcentajes descendían hasta el 85.9% y el 58.2% respectivamente (2). Y aunque el porcentaje de teléfonos móviles en el hogar era similar (99.9% vs 98.9%) ni las características técnicas de los terminales ni los planes de consumo mensual de datos eran necesariamente iguales. Las consecuencias de esta brecha han sido especialmente evidentes en el ámbito educativo, donde los factores potencialmente generadores de desigualdad se han visto incrementados por: a) las manifiestas diferencias en las infraestructuras domésticas y tecnológicas de los hogares situados en diferentes tramos de renta neta, b) los recursos humanos, materiales y tecnológicos de los centros educativos que debían continuar con la enseñanza en línea, c) la posibilidad real de mejorar las carencias de infraestructura y competencia técnica mediante la adquisición de material o la contratación de servicios complementarios de apoyo, y d) la discontinuación de –o la dificultad de acceso a– los servicios complementarios, como el de comedor escolar, que en los sectores sociales con menores recursos se convierte en una fuente importante de provisión alimenticia para niños, niñas y adolescentes. En este último sentido, la UNESCO (véase https://es.unesco.org/node/320395) ha llamado la atención sobre algunas consecuencias adversas que tiene el cierre de los centros escolares más allá de la interrupción de clases (conciliación familiar, discontinuación de algunos seguimientos sanitarios y de bienestar emocional, incremento de la exposición a la violencia y el abuso, etc.).
A otro nivel, la desigualdad en el acceso a la educación también se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, cuando la opción del teletrabajo quedaba fuera del alcance de quienes no han podido acceder a una capacitación profesional adecuada a lo largo de su periodo formativo, pese a desempeñar muchas de estas personas tareas consideradas esenciales (OECD 2020: 9).
Además del impacto sobre la educación (junto con la salud, quizá uno de los ámbitos que más visiblemente ha expuesto los efectos de la COVID-19), la pandemia ha incidido también sobre el bienestar infantil a otros niveles: inestabilidad de algunas estructuras familiares, aumento de la inseguridad y de la probabilidad de violencia doméstica y abuso sexual, o riesgo de acoso cibernético (UNICEF España 2020: 3). A la espera de conocer los datos concretos sobre el año 2020, a finales de 2019 había en España 50.272 niños, niñas y adolescentes atendidos por el sistema público de protección, lo que suponía un incremento del 0.57% respecto al año anterior (Observatorio de la Infancia 2020: 19).
Otras fuentes señalan el efecto negativo de la pandemia sobre el funcionamiento de algunos mecanismos de protección, como el acogimiento familiar o el cuidado residencial, debido a las restricciones financieras o a la dificultad de gestionar los espacios supervisados, sobre todo en estas franjas de edad o en menores con necesidades especiales (Better Care Network y otros 2020).
Respecto a la violencia doméstica, que UNICEF apuntaba como un ámbito propiciatorio de erosión en el bienestar infantil, Retamozo (2020: 4) señala la condición migrante como un factor de vulnerabilidad añadida, especialmente en el caso de las mujeres:
“Los feminicidios de mujeres migradas supusieron el 33% sobre el total de feminicidios ocurridos entre 2003 y 2019 (338 en números absolutos), lo que significa que estos asesinatos ocurrieron en 29 mujeres por cada millón de mujeres migrantes residentes en España, mientras que los asesinatos de mujeres españolas durante ese mismo periodo ocurrieron en 5 mujeres por cada millón de españoles” .
Muchas de estas mujeres están criando a niños, niñas y adolescentes sin contar con redes familiares y sociales de apoyo consolidadas (Retamozo 2020: 12) y deben enfrentarse a las situaciones de maltrato con una considerable sensación de soledad. Durante la pandemia, la situación de confinamiento ha empeorado la situación de todas las mujeres víctimas de violencia de género, y especialmente la de quienes se encuentran en un contexto de especial vulnerabilidad (Instituto de la Mujer 2020).
Por otra parte, antes y durante el contexto pandémico, el rol de los medios de comunicación está siendo fundamental en diversos sentidos: 1) seleccionando y transmitiendo información cuantitativa y valorativa al respecto, 2) definiendo ámbitos de interés mediático (por ejemplo: vías de contagio, mecanismos de prevención, ritmo de vacunación, etc.), o 3) adoptando actitudes más o menos proactivas en el manejo de los datos y la construcción del mensaje a transmitir. En este último sentido, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (2021: 15) actualizó recientemente un informe sobre estrategias comunicativas frente a la fatiga pandémica en el que hace constar explícitamente la siguiente necesidad: “Adoptar un enfoque más local y de acción comunitaria, no solo empleando los medios de comunicación de proximidad, sino también asignando a las personas del lugar un papel de dinamización comunitaria desde fases tempranas y alentándoles a realizar su propio análisis de la crisis sanitaria para tenerlo en cuenta en las soluciones propuestas”.
Esta tarea dinamizadora contemplaría la adopción de mensajes inclusivos con el fin de desestigmatizar y evitar los comportamientos no deseados (Sistema Nacional de Salud 2021: 25) combinando, entre otras estrategias, el refuerzo positivo con un enfoque de redacción de daños para promover formas de comunicar más participativas y creativas (Sistema Nacional de Salud 2021: 24-25).
Estructura del monográfico
Cada uno de estos ámbitos de vulnerabilidad tiene efectos negativos sobre la crianza que deben examinarse teniendo en cuenta el carácter multidimensional de la vulnerabilidad y de los múltiples actores implicados en la crianza de niños, niñas y adolescentes. Y todo ello atendiendo a las características específicas de cada contexto etnográfico. Por esta razón consideramos prioritario acometer abordajes académicos más integrales respecto a las afectaciones de diferentes formas (a menudo, convergentes) de vulnerabilidad sobre la crianza de menores, combinando un encuadre teórico ajustado y diversas aproximaciones empíricas a entornos etnográficos de crianza vulnerable, así como a la visibilización o invisibilidad del problema a través del ámbito comunicativo. Para ello, en este monográfico, contamos con aportaciones interdisciplinares (antropología social y cultural, psicología, periodismo y trabajo social), que permiten una comprensión académicamente más transversal y metodológicamente multidimensional del problema.
El monográfico se abre con una reflexión teórica acerca del concepto “vulnerabilidad social”, resiguiendo su evolución como herramienta analítica en diversos ámbitos académicos, en especial en el ámbito de las Ciencias Sociales. En esta línea, María Valdés traza una genealogía del uso de este término sin omitir algunas críticas sustanciales al mismo, como por ejemplo la tendencia de los enfoques de vulnerabilidad a la individualización de las causas de la desigualdad, al encaje del concepto de vulnerabilidad social al paradigma neoliberal de interpretación de la desigualdad, o al rol de los gobiernos en el diseño e implementación de programas sociales. La conclusión apunta a la carga histórica e ideológica que le convierte en un concepto tan recurrido como rechazado en círculos académicos.
A continuación, se presenta un conjunto de investigaciones que abarcan diferentes contextos del cuidado y la crianza, enfocando las estrategias, necesidades y recursos de crianza en diversos contextos etnográficos de vulnerabilidad: las redes de apoyo mutuo, el sistema de protección a la infancia y el impacto de ciertos modelos educativos en la paliación o incremento de la vulnerabilidad. Cerramos el monográfico con una serie de propuestas orientadas al abordaje mediático de la crianza vulnerable desde una mirada inclusiva.
Así, a un nivel etnográficamente más delimitado, Miryam Navarro constata la centralidad de las redes informales de apoyo mutuo en la crianza construidas en torno a entramados vecinales ya tensionados antes del estallido pandémico, pero que han adquirido un carácter de supervivencia vital irreemplazable tras el deterioro material y emocional derivado de las restricciones para contener la crisis sanitaria. Las limitaciones de las redes formales de apoyo y su insuficiente carácter paliativo, unidas al carácter homofílico de los sectores familiares (donde frecuentemente las personas se encuentran en una situación tan similarmente precaria que es difícil poder compensar la necesidad de ayuda con la iniciativa personal y la buena disposición para prestarla), impulsan la iniciativa individual a través de la promoción colectiva del cuidado y la crianza mediante la provisión de vivienda, alimentación, información y apoyo emocional. Es por esta razón que la autora, en su artículo, sostiene lo siguiente:
“El arraigo en el barrio es un capital inmaterial imprescindible para niños y adolescentes en situación de pobreza o exclusión socioeconómica. Es fundamental para las familias garantizar que sus hijos e hijas echen raíces en el barrio, dado que permite activar diferentes estrategias y mecanismos de adaptación, afrontamiento, resistencia y subsistencia ante las pésimas condiciones de habitabilidad, la accesibilidad a un hogar digno, la privación material y el empobrecimiento exponencial de la unidad doméstica después de la crisis”.
La pobreza es, ciertamente, una característica común a muchas situaciones de vulnerabilidad y un buen ejemplo de la vinculación entre ambas nos lo proporciona la aproximación de Eva Bretones a las respuestas educativas que se han articulado para hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis de 2018. Un contexto que hace que algunos adolescentes, como Oscar (pseudónimo) se refieran a su barrio como un “territorio comanche”, que no siente como propio y cuya imaginación le proyecta a escenarios menos hostiles donde ser gitano y pobre no hipoteque la vida y los sueños. Al igual que en el artículo anterior, los saberes expertos actúan demasiadas veces en desconexión con las percepciones y los significados que dotan de sentido la vida de las personas implicadas. Esta desconexión, concluye la autora, “genera a su vez más sufrimiento”, una pesadumbre ante la cual no encuentran en ocasiones otra respuesta que la replicación de estrategias enculturativas que les son ajenas y modelos que perpetúan, involuntaria pero inexorablemente, un orden social que vulnera de forma sistemática los que, sienten, son sus derechos.
Por todo ello, una adecuada combinación de apoyo formal e informal es vital en cualquier contexto de exposición al riesgo de exclusión social, de pobreza o privación material, etc.; pero tanto más lo es cuanto que los beneficiarios directos son niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo condiciones familiares tan adversas que han requerido la implementación de medidas subsidiarias de protección. En esta línea, Lourdes García y Jorge Grau abordan dos ámbitos de especial sensibilidad: las adopciones truncadas y los acogimientos familiares fallidos desde una perspectiva muy escasamente abordada desde los discursos expertos: su interconexión. De este modo, tras examinar la totalidad de información oficial registrada para los casos de truncamiento adoptivo en Cataluña, se analiza la repercusión del acogimiento familiar fallido en el futuro de los menores implicados, exponiendo las consecuencias que puede comportar el encadenamiento de fracasos en la corrección de factores de vulnerabilidad. Esta sucesión de acogimientos fallidos y reinstitucionalizaciones tiene lugar tanto en el país de adopción del menor como en su contexto de origen, y opera tanto a través de mecanismos informales de circulación como de medidas legales de protección.
En este último ámbito (la intervención institucional) se inscribe el estudio de Beatriz García y otros a propósito de la crianza que mujeres originarias de Senegal y de Gambia, víctimas de violencia de género, deben hacer de sus hijos e hijas en entornos formales de atención a las víctimas de violencia machista en Cataluña. Para comprender adecuadamente las decisiones que toman las mujeres y los contextos en las que deben adoptarlas, conviene no únicamente encuadrar su realidad cotidiana en el entorno de protección (la institución de acogida), sino conocer las prácticas de crianza en sus propios países de origen. Esta comparación les permite examinar la importancia que, sobre la crianza, tienen factores como: la forma de matrimonio, el proceso migratorio, la reunificación familiar, la violencia de género, la organización familiar y el tener hijos/as. También evidencia la urgencia de conocer los códigos culturales propios de estas mujeres para evitar condiciones adicionales de vulnerabilidad (en este caso, desencadenadas institucionalmente) y actuar desde ese conocimiento informado, contextualizando adecuadamente prácticas como la maternidad colectiva o la distribución y uso de espacios domésticos en el hogar. Además, en la prevención de asunciones etnocéntricas sobre la situación de estas mujeres y de sus mecanismos de respuesta, debe tenerse muy en cuenta que, para muchas de ellas, no es viable renunciar a sus relaciones familiares y difícilmente podrán aplicarse estrategias de intervención que supongan una extracción completa de la mujer de ese entorno.
Por consiguiente, es imperioso que examinemos el abordaje de las distintas vulnerabilidades que confluyen en la crianza por parte de saberes expertos. Y esta tarea debe hacerse no solo en los ámbitos de intervención social más inmediatos, sino también (y en buena medida) desde la construcción misma de los modelos ideológicos y narrativos que fundamentan determinadas actuaciones. Esta es la línea que propone Nicolás Lorite en el texto que cierra el monográfico. En su repaso a las representaciones audiovisuales sobre la crianza vulnerable, propone que la cámara se convierta en un catalizador de dinamización social hacia una mirada más inclusiva y que ese ejercicio comience en la academia y en los proyectos edu-comunicadores que caracterizan a la antropología audiovisual aplicada y a determinados modelos de investigación-acción. En la línea de proacción comunicativa que han reclamado recientemente organismos oficiales como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (2021) y agrupaciones de entidades sin ánimo de lucro, como la Plataforma de la Infancia (2020), Lorite centra su atención en la formación de futuros/as profesionales del ámbito publicitario, mediante una propuesta edu-comunicadora que combina el rigor formativo con la concienciación social, crítica y solidaria.
Queremos con todo ello contribuir a conocer un poco mejor determinados entornos etnográficos de crianza en situaciones de vulnerabilidad sociocultural y proporcionar, al mismo tiempo, algunas orientaciones para investigadores/as que trabajan en estos ámbitos (u otros afines) y para profesionales que deben desempeñar su labor en condiciones difíciles, con pocos recursos y un elevado nivel de responsabilidad y compromiso. Gracias a cada uno de esos esfuerzos, muchas personas, sobre todo mujeres, pueden encontrar un asidero más para resistir y afrontar la adversidad con una esperanza real de mejora. El reto es titánico, la responsabilidad de lograrlo es colectiva y la obligación de intentarlo es inexcusable.
Notas
1. https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p453/modulo/2018/l0/&file=02007.px#!tabs-tabla.
2. https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p450/base_2011/a2020/l0/&file=09001.px.
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