1. Introducción
El estudio de los Smart Villages (SV) o Pueblos o Aldeas Inteligentes ha suscitado un creciente interés en la Unión Europea.
La noción de SV corresponde a una extensión del concepto Smart City (SC) a territorios menos densamente poblados El concepto de SC surge en la década de 1990, coincidiendo con el auge global de Internet, y se sustenta en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Aunque inicialmente centrado en soluciones tecnológicas, el concepto ha evolucionado para abordar también los desafíos sociales y ambientales mediante la innovación y la sostenibilidad. El crecimiento de las SC está vinculado al análisis de aspectos sociotécnicos y socioeconómicos innovadores, que permiten maximizar el conocimiento, la conectividad y los recursos locales (European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development 2019).
Para expandir el modelo de SC más allá de los límites urbanos se han introducido diversas nociones, como SV, Smart Region, Smart Territory o Smart Island (Gerli y otros 2022).
Mientras que el concepto de SC ha sido objeto de estudio y análisis durante más de dos décadas, el estudio de los SV es relativamente reciente. Además, a pesar del origen de los SV en una ampliación del concepto de SC, los problemas que enfrentan las áreas urbanas y rurales presentan diferencias fundamentales, lo que implica que las soluciones propuestas durante la implementación de estos dos enfoques también difieren (Komorowski y Stanny 2020).
El objetivo general de este trabajo es analizar las experiencias europeas de SV con el fin de valorar su aplicabilidad en el contexto de Castilla y León.
A partir de este propósito se derivan tres objetivos específicos. En primer lugar, se pretende identificar las formas de organización comunitaria presentes en los SV europeos y examinar su correspondencia con las estructuras históricas de autogobierno en Castilla y León, como las juntas vecinales y los concejos abiertos, herederas de una arraigada tradición participativa.
En segundo lugar, se busca explorar los imaginarios de futuro que proyectan estas iniciativas y analizar su potencial para inspirar nuevos relatos y horizontes de desarrollo rural en la región.
Por último, se propone examinar el papel que desempeña la intergeneracionalidad en los proyectos europeos y extraer de su estudio aprendizajes que resulten útiles para abordar los desafíos de una comunidad envejecida y en transformación.
1.1. Los SV en el contexto europeo
El concepto de SV sigue estando definido principalmente por su práctica. A pesar de que en la actualidad diferentes iniciativas orientadas a la implementación de SV se llevan a cabo tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, no existe una definición universal o conceptualizaciones compartidas de los SV. En el entorno europeo, los SV se presentan como proyectos liderados por la comunidad que utilizan las tecnologías inteligentes y el emprendimiento social para desarrollar servicios innovadores destinados a luchar contra el declive de las comunidades rurales. Se espera que los SV regeneren la economía rural mediante la introducción de nuevas soluciones que podrían eventualmente reemplazar los servicios existentes. Los SV se entienden como nuevos modelos de desarrollo rural, en los cuales las TIC son utilizadas por las comunidades rurales para superar su dependencia tradicional de las actividades agrícolas y los servicios públicos subsidiados.
En la literatura relativa a las economías emergentes, el papel de las TIC tiene menor importancia, y los SV son acciones que aprovechan una gama más amplia de tecnologías y recursos para mejorar la provisión de servicios esenciales e innovar en las actividades económicas tradicionales (Gerli y otros 2022).
A pesar de la inexistencia de una definición universal, la Comisión Europea (2017) define los SV como:
“Áreas rurales o comunidades que se basan en sus fortalezas y activos existentes, así como en el desarrollo de nuevas oportunidades. En los Smart Villages, las redes y servicios tradicionales y los nuevos se optimizan mediante tecnologías digitales y de telecomunicaciones, innovaciones y un mejor aprovechamiento del conocimiento, en beneficio de los habitantes y las empresas. Estas tecnologías digitales e innovaciones pueden contribuir a mejorar la calidad y el nivel de vida, proporcionar mejores servicios públicos a los ciudadanos, utilizar los recursos de manera más eficiente, reducir el impacto ambiental y generar nuevas oportunidades para las cadenas de valor rurales en términos de productos y procesos mejorados El concepto de Smart Villages no propone una solución única. Es sensible al contexto territorial, basado en las necesidades y potenciales del territorio específico, y guiado por estrategias nuevas o existentes a nivel territorial”.
Para la Comisión Europea (2017), el concepto de SV abarca tanto los asentamientos humanos en áreas rurales como el entorno circundante. La tecnología es fundamental, al igual que las inversiones en infraestructura, desarrollo empresarial, capital humano, y fortalecimiento comunitario. La buena gobernanza y la participación ciudadana son igualmente esenciales. Las Aldeas Inteligentes se centran en mejorar la alfabetización digital, facilitar el acceso a e-salud y otros servicios básicos, ofrecer soluciones innovadoras para problemas ambientales, aplicar la economía circular a los residuos agrícolas, y promover productos locales mediante tecnología y TIC. También buscan implementar y maximizar proyectos de especialización en áreas como agroalimentación, turismo y cultura.
El concepto de SV emerge como una solución a los desafíos contemporáneos del desarrollo rural, derivados de transformaciones demográficas. Estos problemas incluyen el envejecimiento poblacional, la emigración de jóvenes de las zonas rurales, la baja densidad de población, la reducción de oportunidades laborales, la disminución y escasez de servicios disponibles en dichas áreas, y la carencia de recursos financieros para inversiones (Kalinowski y otros 2022).
La inversión en el desarrollo de SV ofrece beneficios duales. Por un lado, mejora la comodidad de la vida de los residentes, disminuyendo las dificultades. Por otro, refuerza la capacidad de la comunidad para ser más resiliente, autónoma y conectada. Además, facilitan una utilización más eficiente de los recursos disponibles. Este enfoque también promueve el sentido de cohesión y pertenencia, lo cual puede fortalecer la independencia y la autonomía de estas áreas (Stojanova y otros 2021).
En septiembre de 2016 se lleva a cabo en Irlanda la segunda Conferencia Europea sobre desarrollo rural 2.0. Bajo el título “Una vida mejor en las áreas rurales”, la Declaración de Cork 2.0 expone las expectativas y aspiraciones de las zonas rurales, estableciendo que la política rural de la Unión Europea debe guiarse por las siguientes orientaciones políticas: promover la prosperidad rural, fortalecer las cadenas de valor rural, invertir en la viabilidad y vitalidad rural, preservar el entorno rural, gestionar los recursos naturales, fomentar la acción climática, impulsar el conocimiento y la innovación, mejorar la gobernanza rural, avanzar en la implementación y simplificación de políticas y optimizar el rendimiento y la rendición de cuentas (European Union 2016).
Tras la Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural Cork 2.0, la Comisión Europea publica en abril de 2017 la iniciativa “Acciones de la UE para losSmart Villages”. Una de estas acciones es el Proyecto Piloto sobre Smart Eco-Social Villages. Los objetivos principales de este proyecto son identificar las oportunidades y desafíos en las áreas rurales, proporcionar una definición de SV, describir en detalle las mejores prácticas existentes: se identificarán y analizarán diez mejores prácticas e investigar cómo convertirse en un SV (European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development 2019).
Las conclusiones del Proyecto Piloto ofrecen perspectivas valiosas para la futura aplicación del concepto de SV, proporcionando una base de conocimiento sólida y actualizada sobre las oportunidades y desafíos en áreas rurales, destacando la variabilidad en los niveles de desarrollo entre regiones. Las iniciativas persiguen mejorar la calidad de vida, formulando soluciones innovadoras en áreas como agricultura, medio ambiente, energía, movilidad, salud, educación, cultura y turismo. A pesar de la diversidad en las situaciones a lo largo de la UE, muchos SV comparten características comunes. Estas incluyen la participación ciudadana, la presencia de una gobernanza adecuada y el uso de proyectos “ancla” para guiar la estrategia hacia objetivos específicos.
En diciembre de 2019 comienza el proyecto: “Acción preparatoria sobre zonas rurales inteligentes en el siglo XXI” también llamado Smart Rural 21. Este proyecto, que finaliza en noviembre de 2022, tiene como objetivo promover la adopción del concepto de Pueblos Inteligentes en toda la Unión Europea, tanto a nivel local como en el ámbito de la formulación de políticas. A través de esta iniciativa se presta apoyo a 21 pueblos en Europa, para hacer frente a los desafíos del siglo XXI y aprovechar oportunidades mediante el desarrollo e implementación de estrategias de SV (Ocsko y otros 2023).
El proyecto culmina con diversas lecciones: no existe una única forma inteligente de avanzar hacia el concepto de SV, ya que no hay una correlación directa entre el tipo de área y su camino hacia la transformación. Cada país tiene su propia definición de pueblo, y es importante facilitar el intercambio de experiencias mediante el aprendizaje práctico y entre pares. A pesar de la diversidad de contextos, surgen temas comunes de interés, como la necesidad de enfoques innovadores para involucrar a los jóvenes y el reconocimiento del poder de la autogobernanza local. Las aldeas deben liderar el proceso para identificar las experticias que necesitan, y la planificación estratégica a largo plazo sigue siendo un reto, al igual que el apoyo continuo a la participación local. Un marco claro de políticas, el fomento de financiamiento alternativo y soluciones innovadoras “que abran los ojos” son clave para evitar la dependencia de enfoques tradicionales y asegurar el éxito de los Pueblos Inteligentes.
La gran acogida del proyecto (se recibieron 736 solicitudes de pueblos de toda Europa), lleva a la Comisión Europea a iniciar el proceso Come Along!, que permitió a los pueblos no seleccionados a participar el algunas de las actividades de Smart Rural 21, así como a implementar y desarrollar estrategias y soluciones. Aproximadamente 200 comunidades de 23 países de la UE y 2 países fuera de la UE se han inscrito para convertirse en aldeas Come Along!
A partir de estos primeros proyectos, la Comisión Europea consolidó un marco de acción que buscaba no solo identificar buenas prácticas, sino también extenderlas a otros territorios. Esta evolución culminó en la puesta en marcha de una iniciativa más amplia, el proyecto Smart Rural 27, concebido para integrar estas experiencias en la planificación estratégica de la Política Agraria Común y otros marcos europeos.
Tanto el Proyecto Piloto de Aldeas Ecosociales Inteligentes como el proyecto Smart Rural 21 sirven de base para La “Segunda Acción Preparatoria sobre Áreas Rurales Inteligentes en el Siglo XXI” (abreviada como proyecto Smart Rural 27) que inicia la Comisión Europea en diciembre de 2020. Su propósito es preparar a los Estados Miembros y a las comunidades rurales para la implementación de la Política Agrícola Común (PAC) tras la crisis del COVID-19, además de otras políticas e iniciativas de la UE que podrían fomentar la creación de más Aldeas Inteligentes en la Unión Europea.
El proyecto Smart Rural 27, iniciado en 2020, contó con la participación de 94 municipios de 25 países europeos, seleccionados como espacios piloto para desarrollar estrategias de SV adaptadas a contextos muy diversos. Entre ellos, nueve comunidades fueron reconocidas como ejemplos faro (Lighthouse Villages) por su trayectoria especialmente innovadora en ámbitos como la transición energética, la revitalización de servicios básicos, la digitalización o la valorización cultural.
La evolución del concepto de SV en la Unión Europea muestra que se trata de un enfoque orientado a la adaptación territorial y a la diversidad de soluciones. Más que un modelo cerrado, funciona como un marco metodológico que combina gobernanza comunitaria, innovación tecnológica y estrategias de sostenibilidad en función del contexto local. Este carácter flexible convierte a los SV en una referencia útil para analizar su posible traslación a Castilla y León, donde la estructura territorial y las dinámicas sociales plantean un escenario particularmente relevante para este tipo de iniciativas.
1.2. Castilla y León frente al reto demográfico
Si bien la Comisión Europea ha identificado el envejecimiento, la emigración juvenil, la baja densidad demográfica, la falta de oportunidades laborales, la reducción de servicios y la escasez de recursos financieros como desafíos comunes para las áreas rurales, en Castilla y León estas dinámicas adquieren una intensidad especialmente acusada. La comunidad constituye un exponente canónico del despoblamiento rural en Europa, no solo por la magnitud de la pérdida poblacional acumulada en las últimas décadas, sino también por la combinación de desequilibrios demográficos que la acompañan. La convergencia de una población envejecida, la salida continuada de jóvenes, la dificultad de sostener servicios básicos en territorios dispersos y la ausencia de inversiones estratégicas hacen de Castilla y León un laboratorio extremo de los problemas señalados a nivel europeo. De este modo, la región no solo refleja los desafíos que afrontan otros territorios rurales, sino que los amplifica, convirtiéndose en un caso de estudio imprescindible para comprender los límites y posibilidades de las políticas frente a la despoblación.
En Castilla y León, el envejecimiento demográfico alcanza niveles especialmente elevados en el medio rural, donde numerosos municipios cuentan con una proporción mayoritaria de personas de edad avanzada. Esta situación repercute directamente en la sostenibilidad social y económica de las comarcas, ya que la ausencia de relevo generacional limita tanto la continuidad de actividades productivas como la vida comunitaria. El predominio de población envejecida incrementa la demanda de cuidados y atención sociosanitaria, al tiempo que reduce la capacidad de dinamización del territorio. Además, la concentración de mayores en pueblos pequeños y aislados genera un riesgo añadido de vulnerabilidad y dependencia. El envejecimiento en Castilla y León no solo se interpreta como un síntoma del declive demográfico, sino también como un factor que agrava la despoblación al dificultar el mantenimiento de servicios básicos y debilitar el atractivo de estas áreas para nuevas generaciones (Martín Gómez y otros 2024).
A esta dinámica se suma un fenómeno de especial relevancia: el sobreenvejecimiento, es decir, el incremento de la proporción de personas que superan los 80 años, que en esta comunidad alcanza niveles muy superiores a la media nacional. La expansión de este grupo de edad plantea retos añadidos en términos de dependencia, necesidades asistenciales y soledad no deseada. De hecho, el número de mayores que viven solos en Castilla y León no ha dejado de crecer en los últimos años, lo que aumenta su exposición a situaciones de aislamiento y vulnerabilidad. Esta realidad se intensifica en un territorio caracterizado por la dispersión municipal y por la abundancia de núcleos de población con menos de 500 habitantes, donde la prestación de servicios básicos resulta costosa y difícil de sostener, según el criterio de la administración autonómica. En este contexto, el envejecimiento se convierte en un rasgo estructural del medio rural castellano y leonés que condiciona la organización social y dificulta la cohesión comunitaria, al tiempo que genera una presión creciente sobre el sistema de salud y de cuidados. Lejos de ser un fenómeno coyuntural, constituye un desafío central para el futuro de la región, tanto por su impacto en la viabilidad de los pueblos como por las desigualdades territoriales que acentúa frente a los espacios urbanos (Díez y Pardo 2020).
La estructura etaria plantea importantes retos de movilidad y accesibilidad: la escasez de transporte público y la dispersión territorial incrementan la dependencia de terceros y favorecen situaciones de aislamiento. Además, la demanda creciente de servicios sociosanitarios y de cuidados contrasta con una oferta reducida y desigual respecto a los entornos urbanos, lo que refuerza la percepción de abandono. El envejecimiento se asocia así a un círculo de pérdida de habitantes, reducción de servicios y escasa capacidad de atracción de nuevos pobladores. No obstante, también abre un ámbito de oportunidad en la generación de empleo ligado a la atención a mayores, siempre condicionado por la necesidad de profesionales cualificados (Martín y otros 2024).
En paralelo al progresivo envejecimiento, otro rasgo definitorio del medio rural de Castilla y León es la baja densidad de población, que coloca a buena parte de sus municipios en una situación de vulnerabilidad extrema. El éxodo masivo del siglo XX redujo drásticamente los efectivos demográficos en las pequeñas localidades, generando un vaciamiento que aún hoy condiciona su viabilidad. En muchos municipios con menos de mil habitantes —la mayoría dentro de la comunidad— las generaciones actuales son apenas una fracción de las nacidas en los años sesenta, lo que refleja una contracción demográfica sostenida y difícilmente reversible (Camarero y Rivera 2024). Este descenso no se explica únicamente por la emigración, sino también por la caída de la natalidad y por la dificultad de retener a los jóvenes que alcanzan la edad adulta: a los 20 años solo permanece la mitad de quienes nacieron en esos pueblos, y a los 35 apenas un tercio. La consecuencia es una densidad cada vez más reducida que limita la cohesión social, complica la prestación de servicios básicos y erosiona la vida comunitaria.
A esta tendencia estructural se suma el hecho de que más del 70% de los municipios de Castilla y León se sitúan ya por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, el umbral que la Unión Europea identifica con el desierto demográfico. En algunas comarcas, como Sanabria, Tierra de Campos o Aliste, la combinación de envejecimiento, masculinización y pérdida de efectivos ha llegado a provocar el abandono de núcleos y la ruina del patrimonio edificado. La densidad media regional, muy inferior a la española, ha caído de forma constante en las últimas décadas, situando a la mayor parte del territorio en riesgo severo de despoblación (Vidal y Fernández 2022). Aunque la llegada de nuevos residentes —procedentes de áreas urbanas o del extranjero— ha permitido en ciertos casos ralentizar la pérdida de habitantes, estos flujos no han sido suficientes para transformar la dinámica de fondo. El resultado es una región marcada por el desequilibrio territorial: mientras las capitales y áreas urbanas concentran población y servicios, el medio rural se enfrenta a una densidad tan reducida que amenaza la sostenibilidad de sus comunidades y el principio de equidad territorial.
Esta pérdida de densidad poblacional se conecta de forma directa con la reducción de oportunidades laborales, que actúa como uno de los motores más potentes de expulsión, especialmente entre la población joven. La transformación del sector agrario en las últimas décadas, marcada por el modelo productivista de la Política Agraria Común, ha provocado que las ayudas se concentren en grandes explotaciones y empresas agroalimentarias, muchas de ellas con sede en núcleos urbanos, mientras que las pequeñas explotaciones familiares —que históricamente sostenían la economía de los pueblos— han retrocedido hasta volverse marginales. Este proceso ha ido acompañado de una drástica disminución del empleo agrario: lo que en los años ochenta suponía más de una cuarta parte de la población activa se ha reducido a apenas un seis por ciento, con más de cien mil puestos de trabajo perdidos en Castilla y León (Baraja y otros 2021). Además, la creciente “desfamiliarización” de la agricultura (Oliva y Camarero 2002), con un peso cada vez mayor del trabajo asalariado frente al autónomo, refleja una desvinculación progresiva entre la actividad productiva y el arraigo territorial. En paralelo, la proliferación de perceptores de ayudas desvinculados de la práctica profesional contribuye a la fragmentación del tejido rural y al debilitamiento de su potencial generador de empleo.
La consecuencia más visible de este escenario es el vaciamiento generacional. La falta de salidas laborales y de proyectos vitales viables impulsa a la mayoría de los jóvenes a abandonar sus municipios de origen. Los datos son claros: en las localidades de menos de mil habitantes, solo la mitad de los nacidos permanece a los veinte años y apenas un tercio continúa residiendo allí al llegar a los treinta y cinco, lo que ilustra un éxodo persistente y estructural (Camarero y Rivera 2024). Aunque en determinados periodos se han registrado llegadas de población joven procedente de entornos urbanos o del extranjero, estos flujos no logran revertir la tendencia. Su capacidad de permanencia es limitada, ya que se enfrentan a la precariedad laboral, a la falta de servicios y a un entorno económico poco diversificado que apenas ofrece perspectivas de futuro. Así, la emigración juvenil no solo reduce la base demográfica activa, sino que priva a las comunidades rurales de capital humano imprescindible para la innovación y la regeneración social. En definitiva, la carencia de oportunidades laborales alimenta un círculo vicioso: los jóvenes se marchan en busca de horizontes más amplios y, con su partida, se debilitan aún más las posibilidades de dinamizar la economía local, perpetuando la fragilidad del medio rural en Castilla y León.
La debilidad estructural del empleo y la emigración juvenil en Castilla y León se ven reforzadas por la reducción de servicios y la falta de recursos para invertir en el territorio. La debilidad de los servicios en el medio rural de Castilla y León se traduce en un acceso desigual a derechos básicos, especialmente en sanidad y transportes, y en una notoria carencia de inversiones en infraestructuras modernas. La organización territorial de la asistencia sanitaria deja en clara desventaja a quienes residen en zonas de menor densidad: un quinto de la población de la comunidad vive en áreas básicas de salud situadas a más de media hora de su hospital de referencia, porcentaje que asciende al 26% en el caso de los mayores de 65 años, precisamente el grupo que más demanda cuidados (Vegas y otros 2022). Estas dificultades no solo se explican por la distancia física, sino también por la reducción del transporte público, la precariedad de las carreteras secundarias y la concentración de hospitales en las capitales provinciales. El resultado es una doble vulnerabilidad: una población envejecida que necesita con más frecuencia atención sanitaria, pero que se encuentra en territorios donde los recursos son más inaccesibles.
A la fragilidad de los servicios sanitarios se suma la limitación de otros recursos esenciales, como el transporte colectivo, cuyo declive ha obligado a muchos municipios a depender del vehículo privado o de sistemas alternativos insuficientes. Esta falta de conectividad refuerza el aislamiento y reduce la capacidad de atraer o retener población, pues sin una red adecuada de servicios difícilmente pueden sostenerse proyectos vitales en el medio rural.
Por otra parte, la carencia de recursos financieros para inversiones se manifiesta con especial crudeza en el ámbito digital. El despliegue de redes de banda ancha de fibra óptica ha sido mínimo en las áreas rurales debido al elevado coste por conexión, mucho mayor en municipios pequeños y dispersos que en zonas urbanas. Los operadores solo encuentran rentabilidad en entornos densos, por lo que las localidades rurales dependen de incentivos públicos o de modelos de cooperación público-privada que reduzcan costes y hagan viable extender la infraestructura (Durán y otros 2021). Sin estas inversiones, el medio rural queda excluido de servicios clave para el desarrollo económico y social, lo que perpetúa la brecha con las ciudades y limita las oportunidades de revitalización de Castilla y León.
1.3. La dimensión social y cultural del desarrollo del medio rural
Mientras que muchas investigaciones sobre SV han subrayado los componentes técnicos —como la digitalización, la mejora de infraestructuras o la eficiencia energética— (ENRD 2018), en los últimos años ha emergido un corpus de estudios que ponen el foco en lo social y lo cultural. Estos trabajos insisten en que la sostenibilidad del medio rural no puede entenderse solo desde la provisión de servicios, sino también a partir de las formas en que las comunidades rurales imaginan su futuro, gestionan sus relaciones y construyen cohesión interna.
El análisis etnográfico del neorruralismo en Castilla y León, por ejemplo, muestra cómo los nuevos pobladores reinterpretan tradiciones locales, revalorizan el patrimonio y generan prácticas colectivas que contribuyen a la revitalización simbólica y comunitaria de los pueblos (Fernández y otros 2025). En esta misma línea, la investigación sobre innovación social rural identifica cómo los habitantes pueden autogestionar soluciones creativas frente al aislamiento, el declive de servicios y la erosión del tejido comunitario, reforzando así el papel del capital social como recurso estratégico (Kusumastuti y otros 2022). Por su parte, los estudios de Zerrer y Sept (2020) destacan cómo las iniciativas de innovación digital lideradas desde la propia comunidad, por ejemplo, plataformas de movilidad compartida o aplicaciones para la gestión vecinal, no solo aportan soluciones prácticas, sino que reconstruyen la interacción social y fortalecen las redes locales.
En conjunto, estas perspectivas sugieren que los SV no deben reducirse a un marco tecnológico, sino que han de concebirse como espacios donde se entrelazan infraestructura, cultura y prácticas colectivas, de modo que la resiliencia y el arraigo rural dependen tanto de la fibra óptica como de la capacidad comunitaria para generar narrativas y proyectos compartidos.
Sobre esta base, puede plantearse que las experiencias europeas de SV constituyen un marco de referencia para reflexionar sobre el futuro rural de Castilla y León. Estas iniciativas no solo se orientan a la mejora de servicios o infraestructuras, sino que también implican dinámicas sociales y culturales que resultan relevantes para comprender y afrontar los desafíos de las áreas rurales.
Este artículo se estructura alrededor de tres ejes de análisis que permiten vincular las experiencias europeas de SV con la realidad de Castilla y León. El primero es el comunalismo o inteligencia común, referido a las formas colectivas de autogobierno y cooperación en comunidades rurales. El segundo, la antropología del futuro o imaginarios rurales, enfocado en las visiones que construyen los SV europeos sobre la “vida buena” y cómo estas pueden dialogar con los relatos rurales de Castilla y León. El tercero, la intergeneracionalidad, relativo a la convicción de que la convivencia y la transmisión de saberes entre jóvenes y mayores son fundamentales para afrontar el envejecimiento demográfico.
2. Metodología
Este trabajo adopta un enfoque cualitativo-comparativo, basado en el análisis de fuentes secundarias, con el objetivo de examinar las experiencias europeas de SV y valorar su aplicabilidad en el contexto específico de Castilla y León. La comparación no se plantea en términos de medición de impactos ni de replicabilidad directa de modelos, sino como un ejercicio analítico orientado a identificar patrones, prácticas y aprendizajes transferibles entre contextos rurales diversos, atendiendo a sus diferencias históricas, demográficas e institucionales.
El corpus de estudio se compone, en primer lugar, de nueve Lighthouse Villages seleccionados por la iniciativa europea Smart Rural 27: Stanz (Austria), Tomaszyn (Polonia), Samsø (Dinamarca), Raudanmaa (Finlandia), Ovenhausen (Alemania), Häradsbäck (Suecia), Lormes (Francia), Athienou (Chipre) y Ostana (Italia). Estos casos fueron analizados a partir de sus fichas oficiales y de la documentación complementaria publicada por la Comisión Europea, lo que permitió identificar las principales estrategias de innovación rural, los ámbitos de actuación prioritarios (energía, servicios, gobernanza, cultura, movilidad) y los proyectos “ancla” que estructuran las iniciativas. El análisis se centró especialmente en las formas de participación comunitaria y en la articulación entre recursos locales, innovación tecnológica y acción colectiva.
En segundo lugar, se incorporó como caso de contraste el de Castilla y León, una región que presenta un escenario especialmente intenso de despoblación y envejecimiento, pero que cuenta también con una larga tradición de autogobierno local y gestión comunal de recursos. Para contextualizar este caso se emplearon fuentes estadísticas oficiales (Instituto Nacional de Estadística y Junta de Castilla y León) y documentación administrativa relativa a municipios, entidades locales menores y montes comunales. Este material permitió caracterizar tanto la estructura territorial y demográfica de la comunidad como las bases institucionales sobre las que podrían apoyarse eventuales estrategias de Smart Village.
El estudio incorpora asimismo un análisis de narrativas en prensa regional, a partir de un corpus de 60 artículos publicados en 2025 en tres diarios de Castilla y León (El Norte de Castilla, Diario de León y Diario de Castilla y León). Los textos fueron recopilados mediante búsquedas específicas en torno a la expresión “medio rural” en los motores internos de los periódicos. La prensa se utiliza como un espacio privilegiado de producción de discurso público, que permite examinar los marcos dominantes y las contra-narrativas emergentes sobre el futuro del medio rural, más que como una fuente informativa en sentido estrictamente factual.
El análisis del conjunto de materiales se organizó en torno a tres ejes conceptuales que funcionan como herramientas analíticas transversales. El primero es el comunalismo o inteligencia común, referido a las formas de autogobierno, cooperación y gestión colectiva de recursos, presentes tanto en los SV europeos como en las estructuras históricas de Castilla y León. El segundo eje es la antropología rural del futuro o imaginarios rurales, centrado en las visiones de futuro que las comunidades proyectan sobre la vida rural y en cómo estas narrativas condicionan la acción colectiva. El tercero es la intergeneracionalidad, entendida como la convivencia, cooperación y transmisión de saberes entre jóvenes y mayores, un aspecto clave tanto en las iniciativas europeas como en una región marcada por el envejecimiento demográfico.
Estos ejes guiaron la comparación entre las experiencias europeas y el contexto de Castilla y León, permitiendo ordenar los resultados y articular la discusión posterior. La lógica comparativa adoptada busca, así, comprender cómo determinadas prácticas comunitarias y narrativas de futuro, desarrolladas en contextos europeos diversos, pueden ofrecer claves de reflexión para un territorio que concentra de forma extrema muchos de los desafíos demográficos y sociales del medio rural contemporáneo.
3. Resultados
3.1. Panorama general de las Lighthouse y del proyecto SV en la UE
El estudio de las nueve iniciativas SV recogidas en este conjunto de casos permite observar una notable diversidad geográfica: Austria, Polonia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Francia, Chipre e Italia. Esta amplitud confirma que la innovación rural no se limita a un solo contexto europeo, sino que se despliega en escenarios institucionales y culturales muy distintos.
El perfil territorial muestra un predominio de los asentamientos en áreas rurales dispersas, seguidos por los pueblos de montaña, mientras que los ejemplos en islas o zonas de bosques y lagos son minoritarios. La distribución demográfica refuerza esta imagen: cuatro iniciativas corresponden a pueblos de entre 500 y 1.999 habitantes y tres a localidades de menos de 500, con tan solo dos casos que superan los 2.000 residentes. Este patrón confirma que el programa SV se orienta principalmente hacia comunidades de reducida escala y en riesgo de despoblación, donde la cercanía entre actores facilita la gobernanza, pero la sostenibilidad de servicios básicos se ve comprometida.
Las iniciativas emprendidas son variadas y pueden agruparse en relación con las prioridades estratégicas definidas en el marco de Smart Rural 27 (Economía, Medioambiente, Gobernanza, Calidad de vida, Movilidad y Conectividad, Personas y Servicios). Una parte significativa corresponde al ámbito del Medioambiente, donde destacan proyectos de transición energética y búsqueda de autosuficiencia mediante parques eólicos, sistemas de biomasa o comunidades de energía renovable con monedas locales. Otro bloque se relaciona con la Movilidad y Conectividad, a través de hubs tecnológicos, redes de fibra óptica y aplicaciones comunitarias que amplían las posibilidades de comunicación y acceso digital. Igualmente, se observan iniciativas ligadas a los servicios, orientadas a recuperar equipamientos básicos, escuelas, tiendas, centros comunitarios, cuya desaparición había debilitado la vida local. En el campo de la Calidad de vida, sobresalen las intervenciones culturales y turísticas, como la rehabilitación patrimonial, las actividades artísticas o las estrategias de atracción de visitantes. Finalmente, aparecen experiencias que combinan Economía y Medioambiente, vinculadas a la agricultura regenerativa y a nuevas economías rurales basadas en cooperativas agroecológicas e innovaciones sostenibles. En muchos de los pueblos analizados se solapan varios de estos ámbitos en un mismo proyecto, lo que evidencia la interdependencia entre dimensiones. En todos los casos, el impacto declarado incluye tanto mejoras tangibles, infraestructuras, acceso a servicios, como efectos sociales intangibles, entre ellos cohesión comunitaria, orgullo identitario y mayor confianza mutua.
La participación ciudadana se erige como rasgo común. Los pueblos han desplegado diversos mecanismos de decisión colectiva, asambleas, grupos de trabajo, talleres de cocreación, que legitiman las decisiones y fortalecen el compromiso. Vinculado a ello, se observa un patrón de autogestión fuerte: muchas iniciativas se financian y sostienen con recursos locales y dependen en gran medida del voluntariado. El apoyo mutuo es un factor recurrente, lo que subraya que la innovación rural descansa tanto en dinámicas comunitarias como en apoyos externos.
Las comunidades han sabido integrar sus tradiciones y oficios con tecnologías contemporáneas. La biomasa forestal, la arquitectura vernácula o los saberes agrícolas se combinan con blockchain, fibra óptica o aplicaciones móviles. Esta hibridación entre lo local y lo digital constituye uno de los rasgos más distintivos del modelo. La identidad cultural y el patrimonio se utilizan, además, como motores de revitalización: la recuperación de cascos históricos, la puesta en valor del paisaje o la creación de centros culturales refuerzan tanto la economía como el sentido de pertenencia.
Otro elemento transversal es la búsqueda de autosuficiencia y resiliencia. Las iniciativas apuntan a reducir dependencias externas en energía, alimentos o servicios, configurando un imaginario de futuro basado en la autonomía local. La dimensión generacional también ocupa un lugar relevante: algunos proyectos han apostado explícitamente por la convivencia intergeneracional, con viviendas compartidas para jóvenes y mayores o centros comunitarios diseñados para diversas edades. De este modo, se busca contrarrestar la tendencia al envejecimiento y atraer nuevas cohortes.
Finalmente, los imaginarios de futuro proyectados son híbridos. Ninguna comunidad se presenta exclusivamente como guardiana de tradiciones o como enclave tecnológico: en todos los casos, la narrativa combina la modernización digital o energética con el apego a la vida comunitaria. Los problemas a los que se dirigen son comunes: despoblación, pérdida de servicios básicos, crisis energética y necesidad de empleo digno en territorios periféricos.
En conjunto, los datos de las iniciativas analizadas permiten afirmar que, pese a la diversidad de contextos y estrategias, las iniciativas Lighthouse comparten una misma lógica: parten de pueblos pequeños, experimentan con soluciones innovadoras adaptadas al entorno, dependen de la participación comunitaria y proyectan futuros donde la tradición y la innovación no se oponen, sino que se entrelazan como base de resiliencia rural.
3.2 Comunalismo / inteligencia común
El análisis de las experiencias de Stanz (Austria), Häradsbäck (Suecia) y Ovenhausen (Alemania) muestra que la dimensión comunal constituye un pilar central en el desarrollo de sus estrategias de “aldeas inteligentes”. En Stanz, la implicación ciudadana se ha articulado de manera estructurada desde 2016 a través de la Agenda Local 21, lo que ha permitido consolidar una comunidad energética local y experimentar con una moneda digital. Sin embargo, la fuerza de este modelo no reside solo en la innovación tecnológica, sino también en la continuidad de saberes tradicionales: el 80% del territorio es bosque y el aprovechamiento de la biomasa forestal, práctica comunal de larga data, se ha convertido en la base de la actual transición energética (European Union 2023h).
Häradsbäck ofrece un ejemplo de cómo la memoria colectiva de autogestión se reactualiza. La tradición asociativa se remonta a los años ochenta, cuando los vecinos se organizaron para salvar el cuerpo local de bomberos. Décadas después, esa cultura de cooperación cristalizó en la empresa social Härlundabygden AB, formada por diez asociaciones, que gestiona de forma compartida la tienda, la biblioteca, el restaurante y los servicios a mayores. A esta trayectoria se suma el aprendizaje comunitario derivado de la tormenta Gudrun en 2005, que dejó al pueblo semanas sin electricidad y consolidó el valor de la resiliencia comunal (European Union 2023b).
En Ovenhausen, la parroquia y el tejido asociativo local han canalizado una tradición de ayuda mutua con raíces antiguas. La fundación del grupo de Cáritas en 1982 y la larga historia de sociabilidad parroquial sustentan la actual “comunidad cuidadora”, que integra espacios como el café social y la plataforma digital, y demuestra cómo la cooperación vecinal puede adaptarse a los retos de la digitalización (European Union 2023e).
En Stanz, Häradsbäck y Ovenhausen se observa cómo asociaciones vecinales, parroquias y cooperativas sostienen proyectos de energía, digitalización o servicios básicos a partir de un fuerte capital social.
En Castilla y León esta lógica comunal se refleja en la organización territorial y en la gestión de recursos compartidos. La Comunidad cuenta con 2.248 municipios, lo que la convierte en la más fragmentada de España. Burgos, con 371, y Salamanca, con 362, son las provincias con mayor número de municipios. Esta atomización municipal favorece la persistencia de formas locales de gobernanza comunitaria.
Gráfico 1. Número de municipios en cada provincia de Castilla y León en el año 2025. Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Castilla y León (2025a), “Registro de municipios de Castilla y León”, Portal de Datos Abiertos de Castilla y León.
Las Entidades Locales Menores (ELM) refuerzan este patrón. En total son 2.227, lo que equivale a cerca del 60% de todas las existentes en España. El gráfico 2 muestra con claridad la concentración en León, que reúne 1.226 ELM, más de la mitad del total autonómico. Burgos alcanza 642 y Palencia 223, lo que confirma la relevancia de estas figuras en el cuadrante norte de la Comunidad. Estas entidades, con personalidad jurídica propia, son herederas de los concejos abiertos y mantienen la tradición de gestión comunal de recursos, como se establece en el Real Decreto Legislativo 781/1986 (España 1998).
Gráfico 2. Número de entidades locales menores en cada provincia de Castilla y León en el año 2025. Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de Cuentas de Castilla y León (2025), “Entidades Locales Menores”.
En cuanto a los montes comunales, regulados por la Ley 3/2009 y recogidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, el gráfico 3 refleja que Castilla y León dispone de 3.549 montes que superan en conjunto 1,8 millones de hectáreas. León concentra 994 montes, seguida de Burgos con 668 y Palencia con 495. Estos espacios no solo aportan recursos económicos, madera, pastos, biomasa, sino que también actúan como ámbitos de cohesión social y continuidad histórica de la vida comunal.
Gráfico 3. Número de montes comunales en cada provincia de Castilla y León en el año 2025. Fuente: Elaboración propia según los datos del catálogo de montes de utilidad pública de la Junta de Castilla y León (Junta de Castilla y León 2025b).
3.3. Antropología rural del futuro / imaginarios rurales
En los lighthouses europeos analizados, los imaginarios rurales se articulan como futuros vivibles que combinan sostenibilidad, cultura e innovación. Samsø se narra a sí misma como isla pionera de la transición energética: a partir de 1997 asume un reto nacional para alcanzar la neutralidad climática en una década, convierte a la población en copropietaria e inversora de las infraestructuras (calefacciones distritales con biomasa local y aerogeneradores on/off-shore) y fija un horizonte que hoy se actualiza con metas como la descarbonización del transporte marítimo y nuevas redes inteligentes; esa trayectoria se institucionaliza en la Energy Academy, que codifica y difunde el conocimiento adquirido, atrae visitantes especializados y refuerza una identidad local basada en la capacidad de aprender-haciendo (European Union 2023g).
En Tomaszyn, el imaginario se proyecta como “ecosistema agrícola del mañana”: la cooperativa Ostoja Natury reanima un asentamiento casi extinguido mediante agricultura regenerativa (rotaciones, riego pasivo con dispositivos cerámicos, invernadero pasivo, almacén de cáñamo-concreto), comercialización farm-to-fork, experimentos de robótica y un plan de ecoaldea autosuficiente; el futuro se concibe aquí como circularidad y autosuficiencia que conectan lo local con redes urbanas de consumo y conocimiento (European Union 2023i).
Por su parte, Ostana formula un laboratorio alpino de nuevas formas de vida: la regeneración arquitectónica y paisajística, un centro cultural y cívico (Lou Pourtoun) con residencia artística y científica, alianzas con universidades e institutos, y proyectos de movilidad, energía y gestión forestal construyen una imagen de “pueblo-escuela” que busca atraer residentes cualificados y emprendedores; el porvenir se imagina como habitar contemporáneo en los Alpes, donde la cultura es infraestructura y la cooperación público-comunitaria estabiliza el proyecto (European Union 2023d).
En conjunto, estos casos despliegan imaginarios híbridos, tecnológicos y comunitarios a la vez, que no se limitan a “vender” el territorio como destino turístico, sino a ensayar prácticas (energía, vivienda, cultura, agroecología) capaces de hacer creíbles sus futuros.
El análisis de sesenta artículos de prensa regional muestra un panorama narrativo dominado por marcos de pérdida, abandono y despoblación, aunque también emergen, de forma menos frecuente, relatos vinculados a resiliencia, innovación, juventud y patrimonio como recurso. Estas narrativas contribuyen a configurar la manera en que el futuro del medio rural de Castilla y León se imagina en la esfera pública:
1. Despoblación y abandono. La temática más recurrente es la de la despoblación, representada como un proceso irreversible y asociado a la desaparición de pueblos enteros. Un artículo sobre Foncebadón, en León, titula directamente “El pueblo fantasma de León que murió por la despoblación rural” (El Diario de León 2025a), y en el cuerpo del texto se describe cómo “las casas se hundieron y la escuela cerró hasta dejar el lugar desierto” (El Diario de León 2025). Esta representación extrema refuerza la idea de que la despoblación conlleva la muerte definitiva del espacio rural.
2. Juventud y arraigo. En contraste, aunque de forma menos frecuente, se encuentran noticias que introducen la juventud como clave de futuro. Un ejemplo es la noticia del pueblo de Paredes, donde “Diez nuevas viviendas en Paredes [se entregan] para fomentar el arraigo juvenil” (El Norte de Castilla 2025a). El texto subraya que la iniciativa busca que los jóvenes “puedan desarrollar su proyecto de vida sin abandonar el pueblo” (El Norte de Castilla 2025a). Estas narrativas presentan a la juventud como vector de revitalización, aunque siempre en un marco de iniciativas puntuales y ligadas a políticas concretas de vivienda o empleo.
3. Servicios básicos y calidad de vida. La falta de servicios aparece como otra dimensión central del imaginario rural. Un artículo informa que “Sacyl oferta 72 puestos de medicina familiar en el ámbito rural de Castilla y León” (El Norte de Castilla 2025b), lo que refleja tanto la escasez de profesionales como los esfuerzos institucionales por cubrir un déficit estructural. En otro artículo se señala la labor de proyectos locales de atención social, como cuando se destaca que “cocina casera que nutre vidas y combate la despoblación” (Diario de Castilla y León 2025a), en referencia a una iniciativa comunitaria en la Vega-Valdavia. Estos relatos sitúan los servicios básicos (sanidad, alimentación, cuidado) como ejes esenciales de la viabilidad de la vida rural.
4. Patrimonio y cultura como recurso. En numerosos artículos aparece el patrimonio cultural como posible motor de futuro, aunque con un matiz que lo vincula más a la conservación que a la innovación. El consejero de Cultura afirmaba que “El patrimonio tiene que ser un recurso para combatir la despoblación” (Diario de Castilla y León 2025b). También se mencionan proyectos locales como el de Gordoncillo, donde “el proyecto Tinta de Toro activa arte y participación” (El Diario de León 2025b), subrayando cómo la cultura puede convertirse en herramienta de cohesión social. Sin embargo, estos imaginarios tienden a reforzar la visión de la cultura como atractivo externo (turístico) más que como infraestructura vital para las comunidades.
5. Innovación y digitalización. De forma marginal, la prensa recoge también narrativas ligadas a la innovación tecnológica en el medio rural. Un ejemplo llamativo es el artículo titulado “Una IA contra la despoblación: combate la soledad y ayuda a ligar en los pueblos” (55), donde se describe el uso de inteligencia artificial como respuesta a la soledad y a la falta de oportunidades de socialización. En otro caso se presenta la incorporación de robótica al sector vitivinícola: “Un perro metálico entre cepas: así es el nuevo robot agrícola” (Diario de Castilla y León 2025c). Estas noticias, aunque minoritarias, abren la puerta a imaginar el futuro rural como espacio de experimentación tecnológica.
6. Turismo como proyección externa. El turismo rural aparece reiteradamente como sector dinámico y vinculado a expectativas de futuro. En un artículo se indica que “la Semana Santa dispara un 30% el turismo rural en Castilla y León” (Diario de Castilla y León 2025d), mientras otro destaca que “el turismo rural sigue al alza y ahora se lanza a por los visitantes extranjeros” (Diario de Castilla y León 2025e). Estas narrativas configuran el futuro rural en términos de consumo externo y atracción de visitantes, más que como mejora de la vida cotidiana de los residentes permanentes.
En conjunto, la prensa regional reproduce un imaginario donde predomina el relato de la despoblación y la pérdida, acompañado de narrativas subsidiarias centradas en la falta de servicios, la nostalgia patrimonial o el turismo. Solo de forma minoritaria aparecen discursos que proyectan un futuro innovador (digitalización, agroecología, juventud).
Mientras que en las comunidades faro europeas los imaginarios de futuro se articulan en torno a visiones híbridas que combinan sostenibilidad, tecnología y cohesión comunitaria, en Castilla y León los relatos recogidos en la prensa tienden a enfatizar la irreversibilidad del declive. La diferencia no reside únicamente en la disponibilidad de recursos, sino en la capacidad de generar narrativas colectivas de posibilidad: allí donde Samsø, Tomaszyn u Ostana imaginan el porvenir como proyecto compartido, en Castilla y León se refuerza aún el marco de pérdida y nostalgia, lo que limita el potencial de construir futuros rurales alternativos.
3.4. Intergeneracionalidad
En las experiencias europeas analizadas, la intergeneracionalidad aparece como un elemento clave en la construcción de comunidades rurales innovadoras. En Stanz (Austria), la política de vivienda se diseñó explícitamente para favorecer la convivencia entre generaciones. Un proyecto de construcción en madera dio lugar a catorce apartamentos donde residen conjuntamente jóvenes y mayores, con el objetivo de frenar la emigración juvenil, reducir desplazamientos cotidianos y reforzar la cohesión social. Este tipo de iniciativas materializa la idea de que el futuro del pueblo se asegura en la medida en que distintas cohortes comparten espacios de vida y cuidados (European Union 2023h).
En Raudanmaa (Finlandia), el cierre de la escuela local en 2019 llevó a la comunidad a transformarla en un centro multiservicios, convertido en nuevo eje de interacción social. Este espacio ofrece servicios digitales y comerciales, pero también alberga actividades culturales, educativas y de ocio dirigidas a distintas edades. La apertura de la “granja infantil” vinculada al centro, con fines pedagógicos y terapéuticos, refuerza aún más el papel de la intergeneracionalidad como motor de innovación comunitaria: niños, adultos y personas mayores se encuentran en un mismo lugar de referencia para la vida colectiva (European Union 2023f).
En Athienou (Chipre), la tradición de voluntariado sostenida durante más de cinco décadas ha cristalizado en una red de infraestructuras intergeneracionales. El Consejo Municipal de Voluntarios coordina centros como el Elder House, el Constantineleneion Centre for Adults y un polideportivo juvenil, articulando servicios que atienden a mayores, adultos vulnerables y jóvenes en un mismo marco organizativo. Esta gobernanza basada en el voluntariado refuerza la participación de todas las generaciones, creando un modelo en el que la solidaridad intergeneracional se traduce en instituciones estables y reconocidas (European Union 2023a).
Castilla y León presenta un cuadro demográfico muy tensionado por el envejecimiento y la salida de población. Como indica el gráfico 4, la tasa de dependencia alcanza el 62,56% en 2022 (Instituto Nacional de Estadística, 2024a) y el índice de envejecimiento ronda 224, más de dos personas de más de 65 años por cada menor de 15 años (Instituto Nacional de Estadística, 2024b), lo que anticipa mayor demanda de cuidados y servicios de proximidad. En movilidad residencial, la emigración interautonómica supera con holgura a la exterior: en 2023, 14,08 por 1.000 habitantes frente a 7,09 por 1.000; entre nacionales españoles, el diferencial se mantiene (10,95 frente a 1,92 por 1.000), indicando que la pérdida de jóvenes y adultos se dirige sobre todo a otras comunidades autónomas, más que al extranjero (Instituto Nacional de Estadística, 2024c).
Gráfico 4. Tasa de dependencia (%) de Castilla y León, 2010-2022. Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (2024b).
El gráfico 5, “Número de Centros Rurales Agrupados”, evidencia una implantación amplia, aunque muy desigual por provincias: Valladolid 93, León 49, Zamora 47, Salamanca 40, Ávila 26, Segovia 17, Burgos 13, Soria 10 y Palencia 2 (Junta de Castilla y León, 2025c). Los CRA actúan como anclajes territoriales de la vida familiar y escolar en áreas dispersas: concentran organización docente, sostienen rutinas y movilidad local y, en la práctica, son espacios cotidianos donde interactúan generaciones (infancia, familias, abuelos y asociaciones del entorno).
Gráfico 5. Número de Centros Rurales Agrupados en Castilla y León, 2025. Fuente: elaboración propia con datos de la Junta de Castilla y León (2025c).
4. Discusión
4.1. Lecciones comunes de las Lighthouse para Castilla y León
Los resultados del análisis de las iniciativas Lighthouse evidencian que los SV no son únicamente proyectos tecnológicos, sino procesos culturales y sociales en los que la comunidad se erige como actor principal. La participación ciudadana aparece como elemento transversal: tanto en Stanz como en Häradsbäck u Ovenhausen, las decisiones se canalizan a través de asambleas locales, asociaciones o parroquias, lo que refuerza la legitimidad y la cohesión comunitaria.
Esta constatación coincide con la literatura que define a los SV como procesos en los que la tecnología adquiere sentido en la medida en que se integra con la acción colectiva (Zavratnik y otros 2018, Zerrer y Sept 2020).
La hibridación entre tradición y modernidad constituye otro patrón compartido. Los pueblos europeos han logrado vincular recursos locales —biomasa forestal, agricultura regenerativa, arquitectura vernácula— con herramientas tecnológicas como blockchain o plataformas digitales. Scott, Gallent y Gkartzios (2019) subrayan que la resiliencia rural se construye sobre la capacidad de rearticular herencias culturales con nuevas capacidades colectivas. Este hallazgo resulta particularmente relevante para Castilla y León, donde las juntas vecinales y los montes comunales representan formas históricas de autogobierno que podrían ser potenciadas mediante instrumentos digitales.
La intergeneracionalidad emerge igualmente como un componente central. Experiencias como las viviendas intergeneracionales de Stanz o la transformación de la escuela de Raudanmaa en un centro multiservicios muestran cómo los proyectos Smart Village pueden generar espacios compartidos que facilitan el aprendizaje mutuo entre generaciones. La literatura europea también enfatiza este aspecto: Dax y Copus (2022) sostienen que los jóvenes que permanecen en las zonas rurales constituyen un recurso estratégico, aunque con frecuencia su papel no se reconoce. Para Castilla y León, con un índice de envejecimiento que supera el 220%, el aprendizaje de estas prácticas resulta crucial.
Finalmente, las iniciativas analizadas proyectan imaginarios rurales de futuro híbridos, en los que la modernización tecnológica y la tradición comunitaria no se conciben como opuestos. Samsø, Tomaszyn y Ostana ilustran cómo es posible construir relatos de futuro basados en sostenibilidad, innovación cultural y autosuficiencia. Stoustrup (2022) describe cómo la UE ha promovido estos imaginarios mediante programas como LEADER, que recodifican lo rural como espacio diverso y emprendedor. Estos relatos contrastan con los predominantes en Castilla y León, donde la prensa sigue asociando el futuro rural con despoblación y pérdida (Christmann 2017).
En síntesis, las lecciones de las Lighthouse para Castilla y León pueden resumirse en tres dimensiones: a) la comunidad como agente central de la innovación, b) la hibridación de tradición y modernidad como estrategia de resiliencia, y c) la intergeneracionalidad como garantía de continuidad social.
4.2. Retos específicos para Castilla y León
El traslado de estas lecciones al contexto de Castilla y León exige reconocer limitaciones estructurales. En primer lugar, existe un obstáculo institucional: las juntas vecinales, herederas del concejo abierto, representan más de 2.200 entidades en la comunidad, pero carecen de reconocimiento legal y financiero suficiente. La literatura sobre innovación social muestra que las comunidades rurales son capaces de movilizar recursos endógenos para responder a déficits estructurales (Steiner y otros 2023), pero este potencial requiere marcos de apoyo que actualmente son insuficientes en Castilla y León.
En segundo lugar, se observa un reto narrativo. El análisis de 60 artículos de prensa regional revela un predominio de marcos discursivos basados en la despoblación, la falta de servicios y la nostalgia patrimonial. Este imaginario victimista refuerza la percepción de irreversibilidad del declive, dificultando la construcción de futuros alternativos. Estudios como el de Christmann (2017) han mostrado cómo estas representaciones no son neutrales, sino que influyen en las decisiones individuales y colectivas, fomentando la emigración juvenil y debilitando la confianza local. Sin embargo, también existen contrarrelatos: en Treptitz (Alemania), la comunidad construyó un relato alternativo que enfatizaba la cooperación y la innovación, reconfigurando su identidad. Este hallazgo sugiere que Castilla y León necesita generar narrativas propositivas que valoren sus recursos culturales, sociales y ambientales como base para imaginar futuros distintos.
El tercer desafío es financiero y de sostenibilidad. Muchas iniciativas Lighthouse dependen de fondos europeos, y Castilla y León presenta una vulnerabilidad aún mayor en este sentido. La literatura subraya que la innovación rural requiere combinar iniciativas bottom-up con medidas top-down que garanticen continuidad (Ferreiro y otros 2021, Stein y otros 2022). Sin una estrategia autonómica clara que dé soporte a largo plazo, el riesgo es que los SV en Castilla y León se conviertan en experiencias puntuales sin continuidad.
Finalmente, existe el riesgo de elitización. Como advierte Shucksmith (2018), los discursos de innovación pueden orientarse hacia atraer neorrurales con alto capital cultural, dejando de lado a los habitantes más envejecidos o vulnerables. En Castilla y León, donde la tasa de dependencia supera el 60%, resulta fundamental que los proyectos Smart Village no se limiten a atraer a nuevos pobladores, sino que fortalezcan la vida de quienes ya residen en los pueblos.
En suma, Castilla y León enfrenta un triple reto: institucional, narrativo y financiero. Superarlos implica reconocer a las juntas vecinales como agentes legítimos de innovación, generar imaginarios rurales positivos y asegurar financiación estable para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
4.3. Propuesta de modelo de SV para Castilla y León
A partir de los aprendizajes europeos y los resultados obtenidos, se puede esbozar un modelo adaptado de SV para Castilla y León, basado en cuatro dimensiones: gobernanza, economía, cultura y sociedad.
En términos de gobernanza, el modelo debe apoyarse en las juntas vecinales y otras estructuras comunales como base de la inteligencia común. Estas entidades, en combinación con herramientas digitales (plataformas de participación, aplicaciones comunitarias), pueden configurar un sistema de smart governance comunitaria. Sept (2020) destaca que los procesos más sostenibles son aquellos en los que los propios habitantes asumen funciones de liderazgo en la organización y apropiación de la tecnología.
En el plano económico, el modelo debería fomentar cooperativas agroecológicas y comunidades energéticas locales. Las experiencias de Tomaszyn o Samsø demuestran que la autosuficiencia en energía y alimentos no solo mejora la resiliencia, sino que genera orgullo colectivo y atractivo externo. La literatura sobre innovación rural (Ferreiro y otros 2023) sugiere que estas iniciativas requieren combinar gobernanza bottom-up con apoyo top-down, lo que en Castilla y León podría traducirse en programas autonómicos que financien proyectos de energías renovables comunitarias y agricultura sostenible.
En cuanto a la cultura, los resultados muestran que el patrimonio y la identidad local pueden convertirse en motores de revitalización, siempre que se conciban no como recursos turísticos externos, sino como infraestructuras de cohesión interna. Experiencias como Ostana, con su laboratorio cultural alpino, ilustran cómo la cultura puede ser eje de atracción y de construcción comunitaria. Para Castilla y León, digitalizar el patrimonio inmaterial, revitalizar centros culturales y promover el turismo sostenible pueden ser estrategias clave.
En la dimensión social, la intergeneracionalidad debe situarse en el centro del modelo. Los ejemplos de Stanz, Raudanmaa y Athienou evidencian que la convivencia y la solidaridad entre edades fortalecen la cohesión y aseguran continuidad. Dax y Copus (2022) destacan que el reconocimiento de los jóvenes que permanecen en las comunidades rurales es esencial para la sostenibilidad. En Castilla y León, esto podría traducirse en programas que vinculen los Centros Rurales Agrupados con proyectos intergeneracionales, así como en iniciativas de mentoría entre mayores y jóvenes en torno al patrimonio, la agroecología o la digitalización.
Este modelo no debe concebirse como un plan rígido, sino como un marco flexible capaz de adaptarse a la diversidad territorial de Castilla y León, los futuros rurales deben ser entendidos como campos de posibilidad abiertos, donde los recursos locales y las aspiraciones comunitarias interactúan con políticas más amplias.
La comparación entre las experiencias Lighthouse y el contexto de Castilla y León revela tanto aprendizajes transferibles como limitaciones estructurales. Mientras que en Europa las comunidades han logrado construir relatos de futuro híbridos basados en tradición e innovación, en Castilla y León persisten narrativas de pérdida que condicionan la acción. Frente a ello, el modelo propuesto apunta a la necesidad de fortalecer las estructuras comunales, diversificar la economía, revalorizar la cultura y situar la intergeneracionalidad en el centro. Solo así será posible convertir a los SV en una herramienta útil para afrontar los desafíos demográficos y sociales de la región.
5. Conclusiones
El análisis muestra que los SV europeos comparten un núcleo común: la centralidad de la comunidad en la innovación. Aunque la tecnología desempeña un papel relevante, adquiere sentido únicamente cuando se integra con la gobernanza colectiva, la identidad cultural y la cooperación intergeneracional. Más que proyectos tecnológicos, los SV se configuran como procesos sociales en los que la acción comunitaria articula la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia territorial.
Desde esta perspectiva, el primer eje de análisis —el comunalismo o inteligencia común— revela que las experiencias europeas se apoyan en estructuras colectivas sólidas capaces de gestionar recursos, tomar decisiones compartidas y sostener proyectos a largo plazo. Asociaciones vecinales, cooperativas, parroquias o empresas sociales funcionan como verdaderas infraestructuras sociales que permiten desplegar iniciativas energéticas, culturales o de servicios básicos con un alto grado de legitimidad local. En el caso de Castilla y León, la persistencia de juntas vecinales, concejos abiertos y montes comunales muestra que existen bases históricas comparables para un modelo de smart governance comunitaria. No obstante, su potencial innovador permanece limitado por la falta de reconocimiento institucional y de financiación estable, lo que señala la necesidad de reactivar estas estructuras como actores centrales de las políticas rurales.
El segundo eje, relativo a la antropología rural del futuro o imaginarios rurales, pone de relieve un contraste significativo entre los casos europeos y el contexto castellanoleonés. Mientras que comunidades como Samsø, Tomaszyn u Ostana proyectan futuros rurales híbridos, en los que sostenibilidad, innovación tecnológica, cultura y vida comunitaria se entrelazan en narrativas de posibilidad, en Castilla y León predominan discursos públicos centrados en la despoblación, el abandono y la pérdida. El análisis de la prensa regional muestra que estos marcos narrativos condicionan la percepción del futuro rural y limitan la capacidad de acción colectiva. En este sentido, las experiencias europeas sugieren que la construcción de relatos compartidos y propositivos constituye un recurso estratégico tan relevante como las infraestructuras o la financiación.
El tercer eje de análisis, la intergeneracionalidad, aparece como un componente clave de la sostenibilidad social en los SV europeos. Las iniciativas analizadas muestran que la convivencia entre jóvenes y mayores, materializada en viviendas compartidas, centros multiservicios o redes de voluntariado, no solo refuerza la cohesión comunitaria, sino que asegura la continuidad social de los proyectos. En Castilla y León, donde el envejecimiento demográfico se percibe mayoritariamente como un obstáculo, estas experiencias invitan a reinterpretar la estructura etaria como un potencial recurso. La transmisión de saberes, el cuidado mutuo y la participación activa de las personas mayores pueden convertirse en elementos centrales de un modelo de desarrollo rural más inclusivo y resiliente.
En conjunto, el trabajo sugiere que Castilla y León tiene el potencial de convertirse en un laboratorio de SV adaptado a su singularidad histórica y territorial. Para ello se requieren tres condiciones: reconocimiento legal y financiación estable para las estructuras comunales; políticas que apoyen narrativas rurales propositivas y combatan el discurso victimista; programas que fortalezcan la intergeneracionalidad y la innovación social como pilares de sostenibilidad.
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