1. Introducción

El medio rural en España representa más del 85% del territorio estatal, pero solo alberga aproximadamente al 20% de la población. Esta característica, unida a una clara tendencia al envejecimiento, la despoblación y a la masculinización de la población rural, genera importantes desafíos para la vitalidad y el desarrollo de los territorios rurales (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2021).

En esta situación, tal y como señala Furió Blasco (1994), la activación del tejido socioempresarial en el medio rural representa una oportunidad clave para la revitalización y la dinamización de estos entornos, porque contribuye a la diversidad social, cultural y medioambiental que ha conformado y dado sentido a estos territorios. Así, los proyectos que aprovechan recursos endógenos, especialmente los capitales sociales y culturales del territorio, y combinan saber local con apoyo externo, logran diferenciarse y actuar como motores de cambio e innovación social en los entornos rurales (Castellano y otros 2024). 

La incorporación de jóvenes y mujeres como protagonistas del emprendimiento resulta especialmente significativa, no solo por su capacidad para impulsar el crecimiento económico, sino también por su contribución a la transformación social y al fortalecimiento de la sostenibilidad territorial (Alzate 2024, Hernando 2024, Vujko y otros 2024).

Tal como se expone en este trabajo, resulta indispensable que tanto los nuevos modelos de negocio como los más tradicionales se enfoquen desde una “Mirada Rural”; esto es, en concordancia con parámetros sociales y medioambientales del territorio, pues en estas unidades empresariales aplican otros elementos distintos a los que caracterizan la lógica mercantil de la industria. Es por ello que se hace necesario ampliar la clásica visión economicista hacia una visión guiada por la idea de sostenibilidad que incorpore la dimensión sociocultural (Esparcia 2012). Desde esta perspectiva, es importante conocer las particularidades del territorio en el que se pretenda comenzar un negocio, ya que, a pesar del uso indiscriminado de la idea de ruralidad, existen radicales diferencias entre unas sociedades rurales y otras.

Estas características diferenciadoras afectan también a las dinámicas comunitarias que se generan en los territorios y condicionan la manera en que se interpretan procesos como la llegada de nuevos habitantes o la implantación de nuevas actividades productivas. En las comunidades rurales territorializadas, entendidas como aquellas que han desarrollado un fuerte sentido de identidad y pertenencia, la reducida masa social supone además un reto para la rentabilidad de muchos negocios rurales (González Fernández y otros 2020), especialmente en comparación con los entornos urbanos. Esto obliga a quienes emprenden en el medio rural a buscar fórmulas más innovadoras y sostenibles, capaces de integrarse en las dinámicas locales y generar impactos positivos más allá de la actividad económica estricta.

Por estos motivos, el concepto de “sostenibilidad” está presente desde el inicio en aquellos modelos de negocio que transforman el medio rural. Este término se entiende desde la perspectiva de la aplicación de estrategias acordes y respetuosas con los aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos del territorio y de sus habitantes (Vuković y otros 2023). Del mismo modo, el concepto de “innovación” también forma parte de estos modelos. En este caso, se aplica tanto al desarrollo de productos, como de procesos o a la forma en que las empresas se relacionan con las comunidades locales (Neumeier 2016). En este sentido, dichos modelos trascienden la propia actividad económica sobre la que se desarrollan y generan impactos más amplios en el territorio y en sus dinámicas comunitarias.

El presente trabajo analiza los procesos de emprendimiento rural en el territorio del Grupo de Acción Local ASIR, que agrupa a once municipios del sur de la provincia de Alicante, a partir de una metodología que combina la revisión bibliográfica con el estudio de casos. La investigación presta especial atención a la evolución de las características socioantropológicas de dos grupos poblacionales clave, mujeres y jóvenes, y examina su grado de participación en el marco del programa LEADER durante el periodo 2014-2020.

2. Estado de la cuestión

2.1. Perfil sociocultural del tejido económico rural

Existen diferentes criterios sobre los elementos que componen el concepto “ruralidad”, como son los aspectos económicos, naturales, culturales, etc. (Pérez y otros 2017) aunque, en términos generales, la conexión central es la dependencia del paisaje agrario (Vallejo 2011). No obstante, esta dependencia resulta etnográficamente demasiado generalista y debemos hablar de la existencia de múltiples realidades rurales, cada una de ellas con unas características muy concretas con raíces en el territorio y la sociedad que la estructuran, las cuales afectan de forma inexorable a las actividades productivas que en ellas se desarrollan.

Los estudios realizados desde la geografía humana y económica muestran que la demografía y la ubicación geográfica influyen, en algunos casos de forma decisiva, en las posibilidades de éxito de los nuevos negocios rurales y, entre estas, su ubicación con respecto a grandes núcleos urbanos cercanos, ya que las zonas rurales periurbanas disponen de una mayor masa crítica social a su alrededor, que aquellas que se encuentren en enclaves muy alejados de otras poblaciones (Arranz y otros 2020). Por otro lado, las relaciones sociales entre las localidades cercanas, marcan el grado de adaptación de los habitantes a los procesos de su entorno. Algunos autores han puesto de manifiesto la ausencia de separaciones rígidas entre lo urbano y lo rural en todo el territorio de la Unión Europea, estando estos espacios profundamente intercalados e interconectados, siendo la continuidad y la complementariedad la nota distintiva de la ruralidad europea (Gómez Pellón 2012).

Cuando se habla de desarrollo en el medio rural, hay una palabra que adquiere especial protagonismo. Se utiliza el significante “emprendedor” para referir a aquellos agentes económicos que, al identificar oportunidades y factores clave del mercado, logran superar el estancamiento generado por la actuación rutinaria del resto de actores. Con ello, inician el proceso de revitalización económica y alteran el equilibrio preexistente a través de la innovación (Pérez y otros 2017).

Esta descripción se corresponde con la que recoge Schumpeter en la versión original de la Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (1912) (Teoría del desarrollo económico), donde se define como emprendedor a aquel agente de la sociedad activo y dinámico frente a aquellos que no lo son tanto (Pfeilstetter 2011).

A pesar de las dificultades que existen para la vida en los entornos rurales, son muchas las personas que deciden planificar su desarrollo vital y laboral en estos lugares, y más aun atendiendo al encarecimiento de la vida en las ciudades, los tiempos gastados en desplazamientos al lugar de trabajo, el aumento de la criminalidad en ciertas zonas urbanas y el estrés crónico y perpetuado en la sociedad por el ritmo de vida de las urbes (Martínez-Carrasco y otros 2019).

En muchos casos, el valor de los productos y servicios generados por los negocios rurales va más allá de lo estrictamente económico, incorporando dimensiones sociales, culturales y medioambientales que son fundamentales para el desarrollo sostenible (Reig 2002). De hecho, el desarrollo de actividades económicas en el mundo rural tiene una implicación mucho más amplia que la meramente mercantil, ya que su implantación influye en gran medida en el devenir de la comunidad y en el propio entorno en el que se desarrollan (Candelario y otros 2024). En este sentido, algunas autoras (Martínez-Carrasco y otros 2019) distinguen diferentes perfiles como agentes estructurantes de las comunidades rurales: 

- Habitantes autóctonos: son los nacidos y criados en ellas, que conocen el territorio a la perfección y son autoidentificados y heteroidentificados como miembros de la comunidad.

- Habitantes retornados: son aquellos que eligen volver a sus lugares de origen tras un tiempo fuera, en el que generalmente han perfeccionado sus estudios y han adquirido diferentes experiencias en el mundo socioempresarial.

- Allegados: esta categoría comprende a las personas que, a pesar de no ser autóctonas de zonas rurales, han tenido algún tipo de relación con ellas, ya sea a través de familiares o conocidos, y sienten una suerte de arraigo sentimental y simbólico con el territorio.

- Neorrurales: personas procedentes de determinados grupos sociales urbanos que, sin haber tenido necesariamente un vínculo previo con el medio rural, deciden trasladarse al campo e integrarse en su dinámica social, cultural y económica, adaptando su estilo de vida a las particularidades del territorio.

Atendiendo a las características de cada uno de estos perfiles, existen importantes diferencias en cuanto al grado de arraigo territorial y a las necesidades de planificación previas para el asentamiento y el desarrollo como agentes dinamizadores de la economía rural. En este sentido, los denominados neorrurales suelen realizar un esfuerzo mayor de preparación para integrarse de forma efectiva en la vida rural. Aspectos como la vivienda, la disponibilidad de servicios sanitarios y educativos, el transporte o las instalaciones municipales son analizados cuidadosamente antes de tomar la decisión de ruralizarse (Arranz y otros 2020, Martínez-Carrasco y otros 2019).

Este cambio afecta además a múltiples dinámicas intrafamiliares, haciendo necesario alcanzar consensos entre los diferentes miembros de la unidad familiar. Del mismo modo, el éxito del proceso de integración depende en gran medida de las relaciones que se establezcan con la comunidad local, por lo que resulta fundamental identificar contactos clave y comprender los códigos de conducta y sociabilidad propios de cada territorio.

2.2. Comunidades rurales como motor del cambio

Las comunidades rurales, entendidas como una entidad integral compuesta por gentes que viven en una misma unidad territorial, tienen mucha relevancia en el futuro de las actividades empresariales que se desarrollen en ellas, ya sean clientes potenciales de las mismas o no según el tipo de negocio, en tanto en cuanto son una parte importante del ecosistema rural (Pisani y otros 2018).

Por esta razón es muy importante identificar liderazgos locales y generar redes de valor dentro de la comunidad antes de la integración en ella. Esto también es aplicable como paso previo a emprender cualquier actividad económica en el medio rural. Quienes deciden establecerse en un pueblo deben reconocer que formarán parte de una comunidad integrada, en contraste con el individualismo predominante en las ciudades. Esta conexión previa es fundamental para que sus proyectos puedan arraigar y prosperar (Vercher y otros 2020).

Esto implica que, en términos de Bourdieu, los nuevos emprendedores rurales pasan a ser parte de un espacio social, en el que las relaciones de capital entre individuos, empresas y con la administración pública son muy cercanas, y con un gran poder transformador (Esparcia y otros 2016). En este contexto, las relaciones y alianzas entre el tejido socioempresarial de la zona, y de estas con la propia administración, son clave para generar una activación económica acorde a los valores y expectativas de la comunidad, y respetuosa con el entorno que les rodea. 

Esta tendencia a conservar lo tradicional y a mostrar ciertas suspicacias hacia lo nuevo contribuye, en gran medida, a mantener vivo el patrimonio cultural de estos lugares, preservando formas de hacer que de otro modo habrían desaparecido. Sin embargo, también puede convertirse en una barrera para la incorporación de propuestas innovadoras que resulten necesarias para garantizar la continuidad de la propia comunidad y del territorio que la sostiene.

En este sentido, puede afirmarse que la comunidad, junto con su entorno ecológico y sus características socioculturales, actúa como una unidad productiva en sí misma, cuya influencia sobre las actividades económicas supera incluso la de las empresas consideradas de forma aislada. Desde la perspectiva ecológico-cultural del desarrollo, un proceso de avance solo se puede sentir como propio si dicho proceso mantiene la continuidad de la memoria histórica y cultural que dan sentido a lo cotidiano y que cualifican a los territorios haciéndolos propiedad de sus habitantes (Nogués 2020b). Numerosos estudios han demostrado además que estos elementos no mercantiles funcionan como catalizadores del emprendimiento, la innovación social y la sostenibilidad territorial (Abeledo y otros 2016, Mozas y otros 2006).

Desde otro punto de vista, cabe destacar también la influencia que las relaciones comunitarias y el sentido identitario de unidad como territorio ejercen en algunos negocios concretos, como es el caso del turismo rural. En este ámbito cada vez más personas huyen de los meros factores materiales y eligen destinos que les hagan vivir experiencias y les sumerjan en un estilo de vida que, desde su universo simbólico, entienden como más “auténtico” (Nogués 2020a).

La importancia de las relaciones sociales en el mundo rural también se manifiesta en que muchas de las actividades empresariales se llevan a cabo en formato de cooperativas de trabajo (Mozas y otros 2006). Esto conlleva la necesidad de realizar un ejercicio importante con los miembros participantes para la creación de un sistema de buena gobernanza comunitario que asegure una gestión del negocio eficiente y efectiva. Las cooperativas, como organizaciones democráticas cuya propiedad y control pertenece a sus miembros, requieren una fuerte estructura de gobernanza para respetar su identidad única y alcanzar el éxito.

Uno de los mayores retos en este tipo de estructuras asociativas es que todos sus miembros tengan representación y puedan participar de los procesos de toma de decisiones. Además, también se debe mantener el enfoque en los objetivos y valores de la cooperativa, sin que este se desvíe por la posible intervención de otros intereses o socios con más poder (Mozas 2002). 

Todo lo anterior permite deducir que cobra sentido la perspectiva de una realidad que se enriquece a través de las relaciones sociales. Así, la creación de nuevas dinámicas en el mundo rural pasa por el establecimiento de relaciones más equilibradas entre los miembros de la comunidad, sin replicar antiguos roles discriminatorios, y manteniendo en todo momento el respeto por el territorio y la cultura que los define (Pisani y otros 2018).

2.3. Juventud y ruralidad

Es un hecho ampliamente reconocido por quienes estudian el medio rural, así como por la propia población que lo habita, que en los pueblos se produce una descapitalización de la juventud cuando esta alcanza las etapas avanzadas de su formación académica (González Fernández y otros 2020).

Desde luego no hay una relación causa-efecto directa, sino que tiene un origen multifactorial que precisa ser abordado desde diferentes ámbitos. Entre estos factores queremos destacar cinco:

- Estigma social: El éxodo de habitantes rurales a las urbes tenía su raíz en busca de mejores oportunidades laborales. En ellas, muchas personas pudieron prosperar, y a lo largo de los años, se ha seguido manteniendo cierto estigma social hacia los habitantes rurales (González Fernández y otros 2024), hasta el punto de que, ya en los años 80-90, estos evitaban que otros compañeros de estudios conocieran su origen, incluso llegando a omitir el uso de su propia lengua o dialecto para no diferenciarse de los estudiantes que procedían de la ciudad.

- Percepción del éxito: En la iconografía popular se mantiene de forma general la figura de persona exitosa como aquella que ha llegado a puestos de relevancia, en muchos casos dejando atrás su lugar de origen, especialmente si este origen es rural (Pedersen y otros 2018).

- Oferta de estudios superiores: La oferta de estudios superiores se concentra en las ciudades. Esto hace que todos aquellos jóvenes rurales que quieran acceder a estudios universitarios tengan que romper durante un tiempo con los vínculos que le unen a su territorio. Este proceso ha sido analizado por estudios etnográficos que muestran cómo dicha ruptura puede generar sentimientos de desarraigo, ambivalencia identitaria y reconfiguración de pertenencias (Pedersen y otros 2018). En muchas ocasiones los jóvenes urbanos también pasan por este proceso de ruptura con el entorno en pro de la elección de los estudios que quieran cursar, pero en este caso, la reincorporación a su núcleo primario es mucho más sencilla dada la similitud entre los núcleos sociales en los que se mueve. Sin embargo, en el contexto de los jóvenes rurales, sí que se encuentra una gran discrepancia entre los nuevos núcleos sociales a los que tiene acceso durante su etapa de estudios universitarios, y su comunidad de partida, lo que puede generar una tensión identitaria entre el entorno de origen y las nuevas matrices culturales adquiridas, tal como han observado diversos estudios etnográficos sobre juventud y migración educativa (González Ferrández y otros 2024).

- Falta de oferta laboral: El mundo rural tradicionalmente ha estado vinculada a los trabajos en la agricultura y la ganadería y, aunque en los últimos años se está dando un claro retroceso de las actividades agrarias que lleva unido un avance importante en el sector servicios, estos entornos no generan una bolsa laboral atractiva para la juventud, y más específicamente para las jóvenes (Osuna y otros 2015).

- Falta de oferta cultural: Este es otro de los aspectos que muchas investigaciones destacan como una de las causas de la huida de los jóvenes rurales quienes, en sus espacios de origen, no pueden ver satisfechas sus expectativas sociales y culturales dada la escasa oferta ofrecida por estos municipios en comparación con la ingente actividad cultural de las ciudades (González Fernández y otros 2024). Hay estudios que muestran que la juventud que manifiesta satisfacción con las actividades, el ocio y los servicios que haya en su comunidad, tiene más posibilidad de permanecer en ella (McLaughlin y otros 2014).

Todos estos aspectos conforman una importante fuerza centrífuga que, además de provocar la descapitalización de la juventud, conlleva un elemento aún más preocupante si cabe, relacionado con un fenómeno que denominamos “huida del talento”. 

De acuerdo con las más recientes investigaciones, uno de los factores clave para el resurgimiento de las zonas rurales y la disminución de las desigualdades entre lo rural y lo urbano es la incorporación de la innovación y las nuevas tecnologías a estos entornos. En esta ventana de oportunidad son los jóvenes rurales con alta formación académica quienes mejor pueden satisfacer las necesidades rurales con las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías para la solución de problemas comunes (Comisión Europea 2025, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 2022, Tejeiro y otros 2021).

Por esta razón, las instituciones académicas en todos los niveles educativos tienen una labor muy importante que hacer como divulgadoras del valor que contienen los espacios rurales en cuanto a cultura, paisajes y biodiversidad; recursos que generan la valía de estos territorios, los posiciona como punto de nucleación para el desarrollo de nuevas aplicaciones de las tecnologías que ayuden a solventar muchos de los problemas actuales del mundo rural, y los conserva como reserva futura de recursos genéticos que aseguren el progreso en la investigación médica y farmacéutica entre otras (Reig 2002).

Según la definición de Planque, citada por Furió en su estudio sobre los entornos innovadores (1996), la innovación es una actividad social con una orientación económica y caracterizada por un elevado grado de complejidad. Se trata, afirma Furió, de un proceso de coproducción fundamentalmente colectivo, multifuncional, multisectorial, multilocal e inscrito en el tiempo. Así pues, la tecnología no es un proceso que se genera in vitro, sino que necesita de un contexto específico sobre el que desarrollarse, y es ahí donde lo rural tiene la oportunidad de situarse como un marco de desarrollo tecnológico contextualizado en un entorno que presenta grandes retos a resolver, atendiendo al componente endógeno de la innovación.

Para facilitar esta transición tecnológica hacia lo rural, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico creó la Red de Centros de Innovación Tecnológica (Red CIT), como parte del plan estratégico de la Secretaría General de Reto Demográfico para la lucha contra la despoblación, con el objetivo de conseguir un mayor equilibrio territorial a través del desarrollo económico, la retención y captación de talento y la innovación socioeconómica en áreas rurales (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 2022).

Aunque la falta de experiencia puede ser, en ciertos contextos, un obstáculopara el desarrollo empresarial de la juventud, por otro lado, esa nueva mirada hacia el mundo rural, desde una posición menos influenciada por aspectos meramente economicistas, tiene la capacidad de generar otras realidades rurales. 

Otro de los problemas derivados de esta migración juvenil es la falta de relevo generacional. Muchos negocios tradicionales de los pueblos se ven abocados al cierre por no disponer de un relevo que se haga cargo del negocio. El cierre de la carnicería, la panadería o del bar del pueblo, puede suponer un gran retroceso en la dinamización y revitalización de los entornos rurales (González Fernández y otros 2020).

Respecto a la falta de actividades culturales en las zonas rurales, se precisa una mayor implicación de la administración para avivar el dinamismo cultural, y se hace indispensable el fomento del asociacionismo a este respecto. Las asociaciones juveniles y/o culturales, son una palanca de acción muy importante, pues por un lado mantienen una escucha activa hacia las necesidades y expectativas de la población rural, y por otro pueden comunicarse de forma más directa con las administraciones para planificar y poner en marcha una oferta cultural atractiva y adaptada a los gustos de la comunidad (Abeledo y otros 2016, Vercher y otros 2020). 

2.4. El rol de la mujer en el desarrollo rural

Históricamente el papel de la mujer en el mundo rural, más aún que en los contextos urbanos, ha estado relegado a los cuidados en el seno de la unidad familiar o de la comunidad, y a trabajos temporales y de menor calidad dentro de las explotaciones agrarias, correspondiendo al hombre la titularidad de éstas. Esto ha conllevado a que las mujeres rurales sufran una doble discriminación: por ser mujer y por vivir en el medio rural (Osuna y otros 2015).

Además de la carga de los cuidados, otros desafíos a los que están expuestas las mujeres en general, y las mujeres rurales en particular, son la brecha de género, la brecha salarial, la falta de representatividad política y la falta de visibilidad en el espacio público (Millán y otros 2017). 

A pesar de partir de una posición menos ventajosa respecto al hombre rural, derivada de una mayor carga de responsabilidades familiares, una inserción laboral más precaria y una menor disponibilidad de recursos económicos y patrimoniales que faciliten el acceso a financiación para el desarrollo de proyectos, las mujeres rurales han reconfigurado su rol tradicional. En este proceso, han generado nuevos espacios para su desarrollo profesional y han fortalecido su capacidad de agencia colectiva (Ortiz 2017).

Ya sea por necesidad, dada la escasez de ofertas laborales en el medio rural que se adapten a las necesidades horarias de su perfil de cuidadoras, o por la oportunidad de explorar soluciones a necesidades detectadas en el entorno, la mujer rural ha dado el salto al mundo del emprendimiento, de forma paulatina pero contundente.

La puesta en marcha de actividades empresariales en sus municipios, ya sea a través del autoempleo o mediante la creación de empresas, permite a las mujeres rurales una mayor conciliación y flexibilidad horaria, lo que facilita la atención al ámbito familiar (Esparcia y otros 1998). Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para que estos proyectos empresariales cubran las expectativas de las mujeres respecto a su desarrollo personal. 

En muchas ocasiones, como apuntan Talón Ballestero y otros (2014), este nuevo rol emprendedor de la mujer ha representado una fuente de ingresos complementaria para las bases económicas del hogar, pero poco a poco va cobrando más relevancia y se convierte en el ingreso principal de la familia. Actualmente, el papel de la mujer dentro de la distribución e intercambio del capital económico de las comunidades rurales, se considera indispensable para el éxito de los procesos de diversificación productiva, la fijación de población, el aumento de las tasas de actividad, la generación de empleo, y en general, para la efectividad de las estrategias de desarrollo en el ámbito rural.

Esta incorporación de la mujer al tejido socioempresarial rural se ha producido, en muchos casos, mediante el traslado progresivo de funciones tradicionalmente no remuneradas hacia actividades económicas vinculadas al sector servicios. En este contexto, el turismo rural se ha consolidado como uno de los ámbitos donde con mayor intensidad se ha desarrollado el emprendimiento femenino. Algunos autores explican esta situación como una transferencia simbólica del papel de los cuidados familiares hacia la atención al huésped en los alojamientos rurales (García Ramón y otros 1995).

No obstante, más allá de esta reproducción parcial de roles tradicionales, las mujeres rurales están construyendo nuevas formas de participación económica y social desde una voz propia, reivindicando espacios más igualitarios para su desarrollo profesional y personal (Vallejo 2011). En esta línea, avances como la titularidad compartida de las explotaciones agrarias han permitido visibilizar y reconocer jurídicamente el trabajo femenino dentro de las economías familiares rurales.

Esta reivindicación del reconocimiento a la aportación propia y genuina que realizan las mujeres rurales al tejido socioeconómico de sus comunidades, no implica que haya una ruptura con la visión que por su propia naturaleza tienen del mundo (Pfeilstetter 2011).  En la literatura especializada se constata que los proyectos de emprendimiento femenino en el mundo rural tienen un claro factor social y medioambiental, mucho más marcado que en las actividades empresariales masculinas (Tejeiro y otros 2021). En estas el factor económico es, en gran medida, la fuerza impulsora. Evidentemente se habla desde la generalidad y teniendo presente que tanto los hombres como las mujeres rurales, muestran una especial sensibilidad por el cuidado del entorno, pues lo consideran como propio y, por tanto, como un bien del que son custodios.

Según datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2022, las mujeres rurales consideran que tienen las habilidades y los conocimientos necesarios para emprender y, adicionalmente, 4 de cada 5 emprendedoras jóvenes rurales mantiene contacto con otros emprendedores. Estos datos muestran la buena disposición para que el emprendimiento femenino se convierta en una fuerza tractora para la creación de una nueva ruralidad desde una realidad más amable e igualitaria respecto al papel de la mujer en la sociedad.

3. Estudio de casos: el emprendimiento en la zona de actuación de GAL ASIR

3.1. Iniciativas a nivel nacional

Son muchos los proyectos que encontramos a lo largo del territorio rural estatal que ponen de manifiesto cómo la cooperación y el trabajo participativo multinivel son clave para la reactivación del tejido socioeconómico de los pueblos. Por ejemplo, en la iniciativa Hola Pueblo se trabaja, a nivel estatal, tanto con representantes de los municipios con necesidades poblacionales y comprometidos con la atracción de nuevos pobladores a su territorio, como con personas emprendedoras interesadas en desarrollar su negocio y proyecto de vida en el medio rural. Esta iniciativa ha conseguido generar las alianzas necesarias para promover un proceso de cambio y activar 42 nuevos negocios en las cinco ediciones que se han llevado a cabo entre 2019 y 2024 (Redeia y otros 2024).

En lo que respecta al emprendimiento juvenil asociado a la innovación, un buen ejemplo que combina la mirada de la juventud hacia las necesidades del mundo rural y las nuevas tecnologías para resolver problemas comunes de estos entornos es el desarrollo tecnológico creado por Jorge (26 años), de Zaragoza, que resolvió la necesidad de comunicarse con su abuela durante la pandemia del Covid-19. Maximiliana, que es el nombre de su abuela y de la tecnología que ha creado, es una aplicación móvil desarrollada específicamente para personas mayores con funcionalidades y accesibilidades que facilitan su uso a este perfil de consumidores. A través de acuerdos con actores locales, esta tecnología está llegando al mundo rural y solventando muchos de los problemas de aislamiento y soledad que tiene la tercera edad en estos entornos (Jiménez 2023).

En esta línea, pero cambiando la tecnología por la capacidad de observación y la puesta en valor del entorno, destaca el caso de Iris y Bruno (30 y 33 años respectivamente), gerentes del restaurante Ansils, situado en el Valle de Benasque (Huesca), quienes han conseguido su primera estrella Michelín en tiempo récord gracias a la experiencia creada en torno a un menú de alta montaña en el que combinan innovación y tradición. Según palabras de Iris Jordán, su pasión por el alpinismo le hizo fijarse en la vegetación autóctona y en sus procesos de evolución a lo largo del año, y así creó un mapa de la vegetación del lugar que terminó dando como resultado el desarrollo de una experiencia gastronómica de altura (De las Heras 2024). 

En cuanto a los problemas relacionados con el relevo generacional, entidades como Alma Natura llevan años trabajando en un proyecto para facilitar el relevo generacional en el sector primario en toda la geografía española. Este proyecto tiene como objetivo asegurar la continuidad de las granjas familiares en el sector primario manteniendo viva la actividad económica rural. Para ello se realiza un servicio de acompañamiento a familias en el que se analizan los diferentes roles familiares junto a otros aspectos como la viabilidad del negocio, el estilo de vida de los miembros de la unidad familiar, la calidad de vida que aporta el negocio y, como elemento clave, los cambios que se podrían hacer en la explotación para adaptarla a las expectativas vitales del posible relevo. Según su experiencia, las expectativas se ven satisfechas gracias a la robotización de procesos y la introducción de nuevas tecnologías que faciliten la conciliación de la vida laboral con la vida y el desarrollo personal (González de Canales 2021). 

Uno de los principales desafíos para la fijación de población en los entornos rurales es la limitada oferta de actividades culturales y de ocio, especialmente dirigidas a jóvenes. Esta carencia afecta negativamente a la calidad de vida y al arraigo territorial, y limita las oportunidades de desarrollo personal y colectivo. Ante esta situación, en muchas ocasiones son las propias entidades sociales del territorio las que asumen un papel activo en la dinamización comunitaria, promoviendo iniciativas que contribuyen a reforzar el tejido social y cultural local.

Este es el caso de Baia Jovens y ADC La Foia, dos asociaciones juveniles que operan en las pedanías ilicitanas de Las Baias y La Foia. Estas organizaciones no solo gestionan el programa Erasmus+ en sus respectivas áreas de actuación, sino que también desarrollan una amplia gama de actividades culturales, deportivas y medioambientales. Muchas de estas acciones se llevan a cabo en colaboración con otras entidades sociales del territorio, lo que refuerza su papel como agentes dinamizadores del desarrollo local y la participación comunitaria.

Durante el periodo de programación LEADER 2014-2020, la asociación Baia Jovens fue una de las pocas entidades sin ánimo de lucro que accedieron a la convocatoria de ayudas. Más concretamente puso en marcha el proyecto RuralTec+, con un presupuesto total de 4.296,03 € y una intensidad de ayuda del 56%. El proyecto consistió en la adquisición de cinco equipos informáticos y un proyector, con el objetivo de responder a una necesidad detectada en el territorio: la falta de competencias digitales tanto entre la juventud como entre las personas mayores, especialmente en lo relativo a la realización de trámites administrativos en entornos digitales (GAL ASIR 2023).

Además de facilitar cursos de alfabetización digital, el equipamiento adquirido ha permitido mejorar el acceso a herramientas tecnológicas entre jóvenes del entorno rural que no disponen de dispositivos propios, contribuyendo así a reducir la brecha digital y a favorecer una mayor inclusión social y tecnológica.

La promoción del emprendimiento femenino en el medio rural se ha consolidado en los últimos años como una línea prioritaria dentro de las políticas de desarrollo territorial, en respuesta a las persistentes desigualdades de género y al potencial transformador que representa la participación activa de las mujeres en el tejido económico local. En este contexto, diversas entidades están desempeñando un papel clave en el diseño e implementación de estrategias de apoyo.

Una de las organizaciones más destacadas a nivel estatal en este ámbito es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), que lleva años trabajando por la visibilización del papel de la mujer rural y su incorporación activa al mercado laboral y al emprendimiento. A través de programas específicos, como Ruraltivity, lanzado en 2018, FADEMUR ofrece formación, asesoramiento técnico, acompañamiento personalizado y espacios de visibilización para iniciativas lideradas por mujeres rurales. Esta plataforma de apoyo integral facilita no solo la creación de proyectos económicos viables, sino también el fortalecimiento del liderazgo femenino en entornos rurales, fomentando la autonomía económica, la innovación social y la diversificación productiva.

En paralelo, los Grupos de Acción Local (GAL), mediante sus Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP), también incorporan líneas de actuación específicas para fomentar la igualdad de género y el emprendimiento femenino. En coherencia con el enfoque transversal de las políticas europeas de desarrollo rural, los GAL diseñan convocatorias y medidas adaptadas a las realidades del territorio, promoviendo proyectos que contribuyen a visibilizar a las mujeres como agentes clave del desarrollo económico y social de sus comunidades. Estas estrategias integran apoyos a la formación, la creación de redes de emprendedoras rurales, el impulso de actividades económicas no agrarias y el acceso a financiación para iniciativas lideradas por mujeres.

Como ejemplo del marcado carácter social de los emprendimientos rurales femeninos, se encuentra el proyecto Tararaina (que significa telaraña en aragonés) que es una cooperativa de trabajo asociado fundada en 2021 por Bárbara Marqués y Ángela Millán en Aragón y que se dedica a impulsar el emprendimiento en el mundo rural. A través de sus trabajos de consultoría social y de formación y mentorización, han logrado poner en marcha proyectos propios con los que han generado varios puestos de trabajo, como la gestión de un albergue municipal en Yebra de Basa, en el Alto Gállego y la iniciativa Ecoradiz, en la comarca de la Ribera Baja del Ebro, con la que cultivan en ecológico el regaliz de palo, lo transforman en un obrador propio y finalmente lo comercializan. En palabras de Marqués: “Colocamos a las personas en el centro de la organización, humanizando el entorno de trabajo y comprometiendo la actividad empresarial con el impacto social que genera” (Tararaina 2025). 

Aunque a nivel del estado se han impulsado numerosas acciones orientadas a la dinamización del tejido socioeconómico rural, muchas de ellas con un enfoque específico hacia colectivos estratégicos como la juventud o las mujeres rurales, resulta necesario cuestionar hasta qué punto estas iniciativas están teniendo un impacto transformador real en los territorios. Más allá del volumen de actuaciones o de su alineación con las prioridades políticas, es fundamental evaluar su eficacia en términos de cambio estructural, cohesión territorial y empoderamiento de los actores locales.

Con esta idea de evaluar la eficacia, planteamos una investigación cuya hipótesis de trabajo sugiere que, a pesar del diseño estratégico de las políticas rurales orientadas a la inclusión y la activación del capital social, su aplicación en el territorio presenta limitaciones en cuanto a intensidad, alcance y continuidad, lo que dificulta su capacidad real de transformación.

3.2. Metodología del análisis

Para dar respuesta a esta cuestión, llevamos a cabo una investigación desde 2024 de la que, en este artículo, exponemos un estudio de caso centrado en la implementación del programa LEADER durante el periodo 2014-2020 en el ámbito de actuación del Grupo de Acción Local ASIR (Asociación para la Sostenibilidad e Innovación Rural) que se extiende por las comarcas de l’Alacantí, Alto, Medio y Bajo Vinalopó, y parte de la Vega Baja del Segura en la provincia de Alicante. El análisis combina herramientas cuantitativas, a partir del examen de los proyectos financiados y sus características. Asimismo, utilizamos un enfoque cualitativo, que integra el conocimiento contextual del territorio, la revisión documental y la experiencia directa de actores locales implicados, recogidas a través de entrevistas, conversaciones y el estudio de sus publicaciones en medios digitales. Esta aproximación permite valorar no solo los resultados obtenidos, sino también los procesos que los han hecho posibles o que han limitado su impacto.

Mapa 1. Mapa del territorio de GAL ASIR (EDLP 2023-2027). 

3.3. Contexto

El territorio del Grupo de Acción Local ASIR se extiende por el sur de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana e incluye once municipios. De ellos, ocho presentan un carácter marcadamente rural, mientras que los tres restantes tienen un perfil periurbano, en los cuales la intervención del GAL se restringe a las pedanías no costeras. A pesar de compartir ciertos elementos comunes desde una perspectiva socioeconómica, cultural y territorial, estos municipios también muestran una considerable diversidad interna, derivada de diferencias en el paisaje, las dinámicas funcionales y los procesos demográficos.

Esta heterogeneidad territorial se refleja claramente en diversos indicadores. Por ejemplo, en cuanto a la densidad de población se observan contrastes significativos: Torremanzanas, con menos de 19 habitantes por km², convive en el mismo marco LEADER con municipios como Busot, que alcanza una densidad aproximada de 95 hab./km², manteniendo ambos la clasificación de “rurales” según los criterios establecidos en el programa. De forma similar, los índices de envejecimiento evidencian una amplia disparidad: Agost presenta un valor del 130,78%, relativamente próximo a la media autonómica (129,11%), mientras que Daya Vieja alcanza un índice del 540,03%, lo que revela importantes oscilaciones demográficas dentro del territorio (GAL ASIR 2023).

El ámbito de actuación de ASIR incorpora municipios con una sólida tradición agrícola, una destacada presencia del tejido industrial y una creciente dinamización del sector servicios. El territorio afronta retos estructurales vinculados a la despoblación, la diversificación de la base económica y la cohesión territorial, especialmente en las zonas de interior. No obstante, dispone de un importante potencial endógeno, asociado a una fuerte identidad local, la riqueza del patrimonio natural y cultural, así como a la capacidad de emprendimiento social y la apuesta por la innovación como motor de desarrollo sostenible (Nogués 2006).

4. Análisis de resultados 

El análisis de la implementación del programa LEADER 2014-2020 en el territorio del Grupo de Acción Local ASIR constituye una oportunidad para evaluar el grado de participación de jóvenes y mujeres en los procesos de dinamización económica del medio rural (2014-2020). Estos dos colectivos, prioritarios en las políticas europeas y nacionales de desarrollo rural, han sido objeto de medidas específicas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del grupo, si bien su grado de implicación efectiva presenta matices relevantes.

4.1. Análisis cuantitativo: volumen de proyectos, perfiles de promotores y distribución de la inversión

Durante el periodo estudiado (convocatorias de 2018 a 2022), el GAL ASIR recibió la presentación de 139 proyectos, de los cuales 86 fueron aprobados, y de estos, finalmente 50 llegaron a ejecutarse. Este dato permite observar una cierta desigualdad entre la demanda inicial de ayudas y su ejecución efectiva, asociada a la complejidad técnica, administrativa o financiera del procedimiento.

De estos 50 proyectos ejecutados, solo dos fueron presentados por personas menores de 35 años, ambas mujeres, lo que revela una escasa implicación de la juventud como promotora directa de iniciativas económicas en el marco del programa. Esta baja participación no solo refleja una barrera estructural en el acceso a los fondos, sino también una posible falta de adaptación del programa a las realidades y necesidades específicas de este colectivo.

En cuanto al emprendimiento femenino, los datos permiten matizar las conclusiones de forma más precisa. Aunque las mujeres representan una minoría en el conjunto del emprendimiento formal, su impacto económico no es desdeñable. En concreto, los proyectos presentados por mujeres movilizaron el 41% de la inversión justificada elegible procedente de iniciativas privadas, frente al 6% movilizado por proyectos promovidos por hombres. Este dato pone de manifiesto una alta capacidad de impacto económico de los proyectos liderados por mujeres, particularmente en el ámbito del autoempleo.

Gráfico 1. Distribución de la inversión justificada elegible para el periodo LEADER 2014-2020 ejecutada por promotores privados.

No obstante, esta aportación significativa se concentra en gran medida en iniciativas impulsadas por trabajadoras autónomas, mientras que la mayoría de las solicitudes presentadas por empresas corresponden a titulares masculinos. Así, si se analiza el conjunto del emprendimiento en términos de empresas y autónomos, el emprendimiento femenino se sitúa casi 10 puntos por debajo del masculino en valores de inversión final ejecutada en el territorio, lo que refleja una estructura desigual en el acceso y consolidación del emprendimiento en función del género.

Tabla 1. Análisis de la ejecución según el perfil del promotor (elaboración propia).

4.2. Participación juvenil: baja presencia formal, pero una implicación creciente desde lo social

La baja participación juvenil como promotora formal de proyectos no debe interpretarse como desinterés. De hecho, el GAL ASIR ha impulsado y colaborado en iniciativas externas al marco LEADER que han permitido una mayor implicación de la juventud local, especialmente desde enfoques formativos, comunitarios y de innovación social.

Entre las iniciativas más relevantes dirigidas a fomentar la implicación juvenil en el desarrollo rural, destacan tres proyectos impulsados por terceros en los que el GAL ASIR ha colaborado activamente: Bikreando, GENNERA y Emprende Weekend. La participación de GAL ASIR en estas iniciativas tiene como objetivo principal acercar a los emprendedores más jóvenes los retos y oportunidades que ofrece el medio rural, favoreciendo una mirada renovada y creativa sobre los territorios rurales como espacios viables para el emprendimiento.

Ilustración 1. Participación de GAL ASIR en el Programa Bikreando,
y Emprende Weekend (UMH).

El programa Bikreando, orientado a estudiantes de secundaria, trabaja a través de metodologías de innovación educativa, promoviendo el pensamiento creativo y el trabajo participativo entre los jóvenes para crear modelos de negocio que den solución a los retos planteados por los diferentes agentes colaboradores. Por su parte, los programas GENNERA y Emprende Weekend,dirigidos a estudiantes universitarios, promueven la ideación y el desarrollo de iniciativas emprendedoras con enfoque innovador, facilitando el contacto directo con agentes locales y con la realidad socioeconómica del entorno. 

La participación del GAL ASIR en estas propuestas ha permitido tender puentes entre el mundo académico y el ecosistema rural, fomentando un aprendizaje situado y estimulando el interés de los jóvenes por implicarse activamente en los procesos de desarrollo local.

Ilustración 2. Participación de GAL ASIR en el Programa GENNERA (UMH).

Un ejemplo paradigmático de participación juvenil es el proyecto RuralTec+, que se ha mencionado anteriormente, desarrollado por la asociación juvenil Baia Jovens, con impacto positivo tanto en jóvenes como en personas mayores. Esta experiencia demuestra que, cuando existen canales de apoyo técnico y legitimación institucional, la juventud rural puede generar proyectos con clara orientación social y territorial.

4.3. Mujeres rurales: autoempleo y emprendimientocon fuerte impacto local

El papel de las mujeres en el desarrollo rural, especialmente en el ámbito del autoempleo, se ha reforzado en el territorio ASIR durante este periodo, como reflejan los datos de inversión movilizada. Las mujeres emprendedoras han centrado sus iniciativas en sectores con alta densidad social y territorial como son: los servicios personales, la educación, la cultura, los cuidados y el turismo rural, entre otros.

A pesar de la menor presencia femenina en términos absolutos, su eficiencia relativa en términos de inversión y ejecución ha sido superior, lo que indica un alto nivel de implicación, solvencia y viabilidad de los proyectos liderados por mujeres. Esta realidad se ha visto acompañada por el trabajo de redes como FADEMUR, y por el propio GAL ASIR, que ha apostado por el fortalecimiento del emprendimiento femenino a través del acompañamiento, de la visibilización y de la inclusión de beneficios para estos colectivos en los criterios de baremación de los proyectos apoyados con el programa LEADER.

Sin embargo, persisten obstáculos estructurales como la falta de conciliación, la escasez de redes de apoyo profesional, la menor capacidad de inversión inicial y la falta de referentes empresariales rurales femeninos, limitando el potencial expansivo de este colectivo que requiere estrategias más profundas de empoderamiento y apoyo sostenido.

5. Conclusión

A lo largo del artículo se observa que el desarrollo económico de los territorios rurales no puede ser comprendido ni abordado desde una perspectiva exclusivamente mercantil, ya que está profundamente condicionado por factores no económicos, como el capital social, la participación comunitaria y la calidad institucional. En este sentido, el análisis del papel de los Grupos de Acción Local, con atención particular al GAL ASIR, revela que estas entidades no son únicamente herramientas de gestión de fondos públicos, sino también plataformas culturales y políticas que median entre las estructuras institucionales, los actores locales y las nuevas subjetividades emergentes en el medio rural (Esparcia y otros 2016). Desde esta perspectiva, las estrategias participativas del programa LEADER han actuado como catalizadoras de dinámicas locales de transformación, aunque todavía persisten limitaciones estructurales que merecen atención crítica (Comisión Europea 2024).

Si bien el número total de proyectos gestionados por el GAL ASIR en el periodo 2014-2020 refleja una actividad significativa, los datos relativos a la participación de jóvenes y mujeres en la promoción directa de iniciativas económicas invitan a una lectura más cualitativa y estructural del fenómeno. La escasa presencia de personas menores de 35 años, limitada a solo dos proyectos ejecutados, ambos promovidos por mujeres, no puede entenderse únicamente como una falta de motivación individual, sino como el reflejo de una desconexión entre los formatos tradicionales de emprendimiento rural y las nuevas subjetividades juveniles. 

Estas generaciones, marcadas por prácticas de participación más horizontales, digitales y flexibles, requieren de políticas y estructuras institucionales más permeables a su modo de habitar, crear y transformar el territorio, como sugiere la literatura sobre nuevas ruralidades y el giro generacional en el mundo rural, donde se destacan formas emergentes de organización comunitaria no siempre visibles en los modelos tradicionales de desarrollo (González Fernández y otros 2024, Pfeilstetter 2011). Desde esta perspectiva, diversos autores proponen que los programas de desarrollo rural evolucionen no solo en su dimensión técnica, sino también en sus marcos culturales de referencia, incorporando formas emergentes de agencia emprendedora que, aunque no siempre se canalicen por las vías convencionales, pueden generar impactos relevantes en términos de sostenibilidad, innovación social y cohesión comunitaria (Pfeilstetter 2011).

En este contexto, los jóvenes pertenecientes a la Generación Z (1997-2012) y a la generación Millennial (1981-1996) presentan un perfil sociocultural clave para entender los posibles futuros del mundo rural. Ambas generaciones comparten rasgos como una elevada autoconfianza en su capacidad emprendedora, una percepción positiva del entorno social como apoyo y una clara orientación hacia el equilibrio entre la vida personal y profesional, configurando así una visión del emprendimiento entendida no solo como una salida económica, sino también como una elección vital significativa (Aledo 2024). Además, su condición de nativos digitales les otorga una ventaja comparativa en términos de competitividad territorial. Para ellos, la digitalización no constituye una barrera, sino una condición de posibilidad, lo que les posiciona como actores estratégicos para facilitar la transición de los sistemas productivos rurales hacia modelos más sostenibles, resilientes y adaptados al contexto global (Calderón 2019).

Las iniciativas en las que participa el GAL ASIR, como Bikreando, dirigida a estudiantes de secundaria, o los programas universitarios GENNERA y Emprende Weekend, reflejan una apuesta incipiente por generar vínculos entre la juventud y los territorios rurales mediante fórmulas de innovación social, aprendizaje situado y metodologías experienciales. En contraste, la brecha generacional se hace especialmente visible al analizar la escasa incorporación de personas mayores a dinámicas emprendedoras basadas en TIC, ya que los procesos de digitalización rural tienden a excluir a quienes no dominan estos lenguajes tecnológicos. En este sentido, la juventud no solo aporta innovación, sino también nuevas formas de participación política, cultural y simbólica alineadas con valores de sostenibilidad, igualdad y justicia social (Merck y otros 2022, Atherton 2020).

En cuanto al emprendimiento femenino, los datos recabados en el territorio del GAL ASIR apuntan hacia una presencia significativa de mujeres como impulsoras de iniciativas de autoempleo, con una notable capacidad de movilización de recursos. Si bien su participación sigue siendo reducida en lo que respecta al emprendimiento colectivo o empresarial en sentido estricto, las mujeres fueron responsables del 41% de la inversión justificada elegible en proyectos privados, frente al 6% correspondiente a los hombres, lo que evidencia no solo su capacidad ejecutiva, sino también su compromiso con modelos de negocio alineados con las necesidades del territorio.

Estos resultados, leídos desde una clave antropológica, permiten interpretar el emprendimiento femenino no como una réplica del modelo empresarial convencional, sino como una forma específica de agencia territorial que articula lo productivo con lo comunitario y genera valor mediante prácticas profundamente vinculadas al contexto local. Desde esta perspectiva, el papel de las mujeres en el desarrollo rural no puede valorarse únicamente desde parámetros cuantitativos, sino también por su capacidad para regenerar vínculos sociales, culturales y económicos que sostienen la vida en los territorios rurales (Feito 2005). En este sentido, la lógica del emprendimiento femenino en el medio rural no responde a una concepción meramente instrumental de la actividad económica. Como apuntan Morcillo (2022) y Talón Ballestero y otros (2014), muchas mujeres rurales emprenden desde una perspectiva holística, en la que el negocio forma parte de un proyecto vital más amplio que integra sostenibilidad, cuidados e identidad territorial, contribuyendo así a generar economías más inclusivas y adaptadas a las especificidades culturales del entorno.

Tanto en el caso de las mujeres como de los jóvenes, se constata un carácter marcadamente social y ambiental en su motivación emprendedora. Esta orientación es fundamental para el desarrollo de un ecosistema territorial sostenible, y se alinea con los principios de las nuevas políticas europeas que promueven modelos circulares, agroecológicos, digitales y comunitarios. Instrumentos como el Ticket Rural, los Espacios Test Agrarios, los coworkings rurales o los obradores compartidos representan avances concretos hacia la reducción de barreras de entrada al emprendimiento, especialmente cuando se articulan con procesos de tutoría, redes de apoyo y visibilización del talento local.

En este marco, los Grupos de Acción Local no solo tienen un papel técnico o administrativo. Desde una perspectiva social, su función puede entenderse como la de mediadores culturales, capaces de traducir las políticas públicas en formas de acción socialmente inteligibles para las comunidades rurales. Su capacidad para activar procesos de participación, escucha y cocreación territorial resulta clave para superar los límites de una planificación centrada en indicadores cuantitativos, e incorporar dimensiones cualitativas que reconozcan la diversidad de aspiraciones, trayectorias y formas de vida en el medio rural.

Sin embargo, la sostenibilidad de estas iniciativas requiere no solo de una voluntad política firme, tanto a nivel europeo como nacional y autonómico, sino también de una financiación específica que garantice la continuidad de los programas de apoyo en el tiempo. Mantener y amplificar los resultados obtenidos exige compromisos duraderos que trasciendan los ciclos administrativos y presupuestarios, sosteniendo procesos como la valorización de los saberes locales, la consolidación de redes de innovación rural y la adecuación normativa a las realidades del territorio, entendidos como condiciones necesarias para avanzar hacia un desarrollo más justo, transformador y territorialmente equilibrado (Comisión Europea 2024). En esta línea, políticas como la activación de los Pueblos Inteligentes (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 2017), el refuerzo del enfoque LEADER o la simplificación del acceso a la financiación —incluidos modelos híbridos como el crowdfunding o el matchfunding— deben enmarcarse dentro de una visión de justicia territorial que supere la mirada meramente funcionalista del medio rural.

El dinamismo de las zonas rurales, cuando se articula a través de modelos de negocio con arraigo social y territorial, no solo preserva estos entornos como reservas de biodiversidad y archivos vivos del saber hacer y las tradiciones, sino que además refuerza la autonomía del Estado frente a los cambios geopolíticos presentes y futuros, especialmente en lo relativo a la soberanía alimentaria (Reig 2002). De ahí la relevancia de frenar la capitalización de recursos locales por proyectos que no se integren en el desarrollo holístico del territorio, priorizando el crecimiento endógeno y la cohesión local antes que estrategias de desarrollo global sustentadas en agentes exógenos.

Desde una perspectiva crítica, los pueblos han de considerarse como territorios vivos, dinámicos y en transformación, donde se configuran nuevas relaciones entre personas, actividades, memorias y proyecciones de futuro. Si se desea revertir los procesos de despoblación, abandono y desigualdad territorial, será necesario no solo fomentar la actividad económica, sino también reconstruir los vínculos entre comunidad, cultura y paisaje, entendiendo que la vida en el medio rural puede y debe ser una opción vital legítima, sostenible y deseable para las generaciones presentes y futuras. 

Desde una lectura socioantropológica, los procesos descritos revelan no solo la transformación económica del medio rural, sino una disputa por el significado del territorio, en la que las subjetividades emergentes resignifican prácticas tradicionales a través de lenguajes de innovación, sostenibilidad y justicia social.

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